La declaración (SC/15768) dice que el Consejo de Seguridad tomó nota de la participación de Diego Tovar, “en representación del otro gran partido” (no mencionó quién es ese “otro gran partido”) que firmó el acuerdo de 2016. Agregó que el “gabinete de paz” tiene la oportunidad de “acelerar la implementación del Acuerdo definiendo y coordinando los roles, responsabilidades, recursos y acciones de todas las entidades gubernamentales”. Sin embargo, piden que el gobierno colombiano siga utilizando “las otras entidades de coordinación creadas en virtud del Acuerdo de Paz de 2016, en particular la alta autoridad de los grupos étnicos”.
Al mismo tiempo, la declaración confirmó la “profunda preocupación” del Consejo de Seguridad “por la persistencia de la violencia y la inseguridad que afectan a la población a nivel local y que se manifiesta en asesinatos contra excombatientes, líderes de movimientos indígenas y figuras de la sociedad civil, incluidas mujeres, pero también sobre cuestiones medioambientales”.
Sobre la violencia y explotación de menores, el Consejo “expresó una vez más su preocupación por el aumento de las violaciones cometidas contra los niños, en particular el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados y la perpetración de violencia sexual contra niños, señalando que los niños indígenas y afrocolombianos se veían afectados de manera desproporcionada”.
La declaración omite toda observación en el sentido de que tales crímenes contra los menores son cometidos en muchos casos por las organizaciones narcoterroristas que participan, al mismo tiempo, en las supuestas “negociaciones de paz” y en los “mecanismos de coordinación de la paz”.
El documento le pide al gobierno de Petro “y a todas las entidades estatales” que “redoblen sus esfuerzos para garantizar mejor su efectividad [en las cuestiones étnicas] y garantizar que el pacto nacional que las partes han firmado se respete y que el 60% de esas disposiciones se apliquen para 2026”. El documento hace saber que el Consejo de Seguridad observa “con preocupación” que un grupo de firmantes de la paz que viven “en el sector territorial de formación y reintegración de Miravalle (departamento de Caquetá) habrían sufrido un reasentamiento forzoso debido a rivalidades entre grupos armados”.
Si bien el documento respaldó la gestión de la Jurisdicción Especial para la Paz, pidió que ésta “imparta justicia rápidamente en apoyo de los derechos de las víctimas y con el fin de definir la situación judicial de los firmantes de la paz y de aquellos que han estado sujetos a su jurisdicción desde su establecimiento”.
El documento del señor Vassily A. Nebenzia no dio respuesta a los temas puntuales que el mandatario colombiano expuso el 11 de julio, como la ampliación del plazo de implementación del Acuerdo por siete años más, ni sobre la excarcelación eventual de los productores de hoja de coca, ni sobre las eventuales nuevas “inversiones forzosas” de cara a la sustitución de cultivos ilícitos, ni a la reforma agraria que contenga “la modificación de las normas actuales”. Sobre el cursi anglicismo “fast track”, importado por el expresidente Santos, el documento no dice una sola palabra que sea pertinente, salvo una frase o dos, en términos muy generales, sobre acelerar la “implementación del acuerdo de paz de 20216”. Lo más importante quizás es que esa declaración no respalda la tesis de que el acuerdo de 2016 es un “documento público” o “de Estado”, inmodificable y de cumplimiento universal y obligatorio. Ese tema no suscita una sola respuesta precisa en la declaración del Consejo de Seguridad del 18 de julio de 2024.
(1).- https://reliefweb.int/report/colombia/declaration-la-presse-faite-par-le-conseil-de-securite-la-suite-de-la-seance-du-conseil-consacree-la-colombie-juillet-2024
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El comunismo no presidirá el parlamento francés
Eduardo Mackenzie
¡Uf! Francia escapó anoche a la humillación de ver la presidencia de la Asamblea Nacional en manos de un comunista.
La izquierda toda, coaligada en el NFP (Nuevo Frente Popular) estaba decidida a imponer a André Chassaigne, 74 años, diputado y miembro del Partido Comunista Francés desde sus 16 años --aunque menos sulfuroso que la secta melanchonista de los “insumisos”--, como presidente de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el NFP no logró su objetivo. Después de tres vueltas de votación, los diputados eligieron a la macronista Yaël Braun-Pivet (220 votos), quien había ocupado ese mismo cargo hasta el 7 de julio pasado. Chassaigne obtuvo sólo 207 votos. La Derecha Republicana (RD, antes Les Républicains) y una parte del partido Reunión Nacional (RN) de Marine Le Pen, felicitaron a la ex y nueva presidente.
Ex profesor de literatura, Chassaigne es visto como un comunista “moderado” aunque es un defensor acérrimo de la dictadura cubana. Es autor de Cuba, une étoile dans la nuit. La lutte du peuple cubain contre un blocus criminel. Él había sido traicionado en 2010 por su propio partido cuando el PCF apoyó la candidatura de Jean-Luc Mélenchon para las presidenciales de 2012. En 2016, Chassaigne fue objeto de duras críticas cuando votó contra un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania y con Georgia argumentando que eso podría incomodar a Moscú.
La derrota de anoche obstaculizará probablemente el objetivo mayor del bloque de izquierdas: la obtención del segundo cargo en importancia de la República francesa: el de primer ministro. La consigna de “todo menos los insumisos” de Mélenchon siguió vigente y fue aplicada anoche. ¿Pero hasta cuándo?
Furiosa, la gente del NFP, por boca de la líder ecologista Marine Tondelier, anunció que “la guerra por Matignon no está perdida y se reinicia inmediatamente”.
Once días después de la segunda vuelta de las elecciones legislativas, en las que el macronismo perdió más de 80 escaños y, por ende, su mayoría relativa en el parlamento, la situación es paradójica: el primer ministro macronista Gabriel Attal sigue en el cargo y Yaël Braun-Pivet volvió a la dirección de la Asamblea Nacional, el tercer cargo más importante de la República. Desde luego, Attal renunció oficialmente a su cargo, pero seguirá al frente del gobierno durante algunas semanas hasta el fin, dicen algunos, de los Juegos Olímpicos en París.
En cuanto al bloque anti-NFP: no se hundió y hasta ganó una batalla institucional, y la mayor organización de derecha, el RN, sigue siendo diabolizado, pero emerge de esta refriega como el árbitro de las próximas batallas legislativas.