El MinDefensa, preocupado por la profunda molestia que causaron esas declaraciones entre los uniformados, trató de marcar distancia y dijo que la acción había sido una “operación militar legítima”. Pero Patiño se mantuvo y fue aún más allá, solicitó “hacer una investigación que esclarezca la muerte de Hermes” e insinuó que el MinDefensa, con quien dijo haber hablado el día de la operación, le había dicho en privado "que era una situación muy grave”, muy distinto a lo que sostuvo en público.
Lo más importante no son, sin embargo, las viejas diferencias entre los militares y quienes en el gobierno de Petro manejan la “paz total”. Ni siquiera la impúdica melosería de Patiño con los bandidos, típica en un gobierno que con frecuencia los ensalza, sintomática de la afinidad política y ideológica entre la izquierda que gobierna y la izquierda que sigue enmontada, y reflejo de un pasado común de violencia y crimen. Lo más grave no es todo eso sino que se inicien “diálogos de paz” con los reincidentes y se pretenda que los militares dejen de operar contra ellos.
No hay la menor duda de que a los reincidentes, que negociaron y firmaron con Santos y después decidieron seguir matando, no se les aplican los mecanismos de la justicia transicional. La Constitución, por modificación hecha en el acto legislativo 01 de 2017, dice que "si con posterioridad […] a la finalización del proceso de dejación de armas alguna de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, éste será de conocimiento de la justicia ordinaria”, reafirmando lo dicho en el acto legislativo 01 de 2012, que sostiene que la aplicación de los instrumentos jurídicos de la justicia transicional "estará sujeta al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas” y que "en ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional […] a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo”. Para quien lo haya olvidado, Márquez y compañía fueron expulsados de la JEP.
A su vez, la ley de Orden Público afirma que "el indulto, la cesación de procedimiento, la preclusión o la resolución inhibitoria quedarán sin efecto alguno, si el beneficiario cometiere cualquier delito doloso dentro del término que dure su proceso de reintegración”. En la modificación del 2018 se sostiene que "para acceder a cualquier tipo de incentivos y/o beneficios políticos, legales y socioeconómicos contemplados en dichos acuerdos se deberá exigir, como mínimo, el desarme, la desmovilización, la colaboración con la justicia, y la demostración de la voluntad real de reincorporación a la vida civil”, condiciones que, por definición, los reincidentes no cumplen. Es decir, el reincidente no solo no puede acceder a la justicia transicional, sino que pierde todos los beneficios, penales y de cualquier otra naturaleza, que haya podido recibir.
Es claro que con los reincidentes no se pueden negociar ni firmar acuerdos de paz. En cualquier caso, los mecanismos típicos de las conversaciones de “paz” con un grupo armado organizado no les son aplicables. De ninguna manera puede pactarse, por ejemplo, un cese del fuego. Y no pueden suspenderse las operaciones militares y policiales contra estos reincidentes. Así que los comentarios de Patiño, en cuyo trasfondo está la idea de que no debería haberse ejecutado la operación militar contra Hermes, no solo son obscenos y están fuera de lugar sino que olvidan las reglas jurídicas aplicables a los reincidentes. Como mucho y forzando la definición que hay en la ley, cabría un diálogo para su sometimiento, en el marco de la última reforma a ley a la de Orden Público, la 2272 de 2022, como se haría con las llamadas "estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
Sin embargo, Petro y Patiño están asumiendo las conversaciones con los reincidentes como las de cualquier otro proceso de paz. En el comunicado conjunto del 24 de junio, dicen que entran en "el primer ciclo de diálogos y negociaciones con el cual pretendemos desarrollar los temas específicos de la Agenda de Diálogos de Paz” y que "las Partes reafirman su compromiso con la búsqueda de un acuerdo de paz para Colombia”. Ni una palabra sobre sometimiento a la justicia y desmantelamiento de la estructura criminal. Los de Caracas son unos diálogos que no cuentan con una reforma constitucional que permita pasar de conversar con los reincidentes para someterlos a la justicia a tener con ellos unas negociaciones de paz. En resumen, el gobierno hace unos diálogos de paz sin tener marco jurídico para ello. Prevarica. La pregunta, pertinente por los antecedentes, es si lo hace solo por simpatía ideológica con Márquez y su banda o si pretende usar esas negociaciones en el propósito de impulsar una constituyente y quedarse en el poder.
