Los constitucionalistas profesionales y aficionados que andan explicándole a Petro los procedimientos establecidos para convocar una asamblea constituyente, se asemejan a un transeúnte que, ante el asaltante callejero que quiere despojarlo violentamente de su propiedad, en lugar de enfrentarlo, empieza a explicarle que el robo es pecado, para la ley divina, y delito, para la humana, y que, a largo plazo, es mejor el intercambio voluntario que el despojo para hacerse a la propiedad de otros. Antes de que el desdichado transeúnte haya concluido su explicación habrá recibido una puñalada.
Petro sabe cuál es el procedimiento regular para convocar la asamblea constituyente y sabe también que siguiéndolo no logrará una hecha a su medida. Sabe que para convocar su asamblea de bolsillo precisa de un procedimiento al margen de la constitución o, incluso, violentamente anticonstitucional, como ha ocurrido ya en nuestra historia.
La asamblea constituyente de la que salió la constitución de 1991 fue convocada por decreto del ejecutivo que, supuestamente, seguía el mandato de los votos de la tal séptima papeleta que nunca se contaron. Los jueces de la Corte Suprema validaron ese decreto abiertamente violatorio de constitución de 1886, que habían jurado defender, abriendo paso a una asamblea que resultó elegida por 25% del censo electoral.
Un origen más tumultuoso tuvo la constitución de 1886 que sustituyó a la de 1863 o de Rionegro, después de que ésta, al decir de Núñez, hubiera dejado de existir en la batalla de La Humareda. A su turno, la de Rionegro se impuso al final de una guerra civil de tres años en la que el rebelde general Tomás Cipriano de Mosquera derrotó al gobierno legítimo de Mariano Ospina Rodriguez, acabando al mismo tiempo con la constitución de 1858 o de la Confederación Granadina, cuyas antecesoras surgieron todas de eventos más o menos violentos. Evidentemente, la primera constitución de nuestra historia republicana, la de Cúcuta de 1821, fue posible por el triunfo militar de la causa independentista.
Directamente o por intermedio de sus alfiles, Petro viene amenazando con procedimientos al margen de la constitución para convocar su constituyente. En sus erráticos recorridos por la periferia del País ante sus auditorios móviles anuncia la realización de asambleas populares para desarrollar lo acordado con el ELN en las conversaciones de Caracas. Por otro lado, sus serviles “juristas”, Leyva y Montealegre, ambientan procedimientos pseudo legales, supuestamente amparados por el acuerdo de La Habana; al tiempo que uno sus alfiles más propensos a la violencia, el senador Wilson Arias, llama a las FARC y al ELN a defender al presidente a quien la oligarquía no deja gobernar.
Ningún lloriqueo recordándole los procedimientos constitucionales y el estado de derecho le hará cambiar. Petro y sus partidarios solo se detendrán si los partidos democráticos, los gremios económicos, los medios de comunicación y todos los ciudadanos amantes de la libertad se movilizan masivamente en las calles y muestran su determinación de ponerle límites a sus pretensiones antes de recibir la puñalada trapera.
10 de junio de 2024.
