Entre tanto los líderes que aún representan al país político y empresarial, para no dejar de ser políticamente correctos, dicen que Petro debe terminar su mandato, pasando por alto que es un mitómano que disfruta creando caos, destruyendo el país, atacando la institucionalidad, atracando el erario y contradiciendo el deber ser las cosas. 

Y entonces ¿qué hacer? Se las pongo simple a ver si nos entendeos: Supongamos que en un colegio hay un paseo de fin de año y contratan un chofer para que lleve y taiga a los niños y los maestros en el bus de la escuela. En el camino se dan cuenta los niños y los maestros que el chofer está borracho o drogado y que el bus se está saliendo de la carretera, así que los niños empiezan a gritar que paren y que cambien el chofer porque los va a matar a todos. 

Ahora, les pregunto: ¿En ese momento cuál es la obligación de los maestros? ¿decirle al chofer tranquilo, chúcele y hunda más duro el acelerador para poder llegar ligero? o será, parar el bus y bajar al chofer borracho y conseguir un chofer sobrio y que maneje bien. 

Para nadie debe ser un misterio que las anarquizadas democracias de nuestra región están enfermas y llenas de problemas, algunos solucionables si existe la voluntad política de innovar, y otros que desafortunadamente requieren soluciones mucho más drásticas.

Somos una sociedad alcahueta, merecida y medrosa, carcomida de individualismos, pero eso no abroga la comisión de delitos.

Todos en el país sabemos que antes de la elección del 2014, Petro iba a ser destituido y a pagar cárcel por los inocultables actos de corrupción cometidos durante su ejercicio como alcalde de Bogotá. Pero entonces llegó Pinocho convertido en hada protectora, le puso un corazón de fantasía, y a cambio de los votos que le faltaron en la primera vuelta, lo convirtió en su más opcionado sucesor. 

Santos revivió a Petro con la falaz teoría de que quien se elige popularmente, así sea delinquiendo, no puede ser destituido. Algo que sin duda a ambos convenía. 

Santos sí lo crio y la hecatombe llegó. Omitimos la advertencia de cuidado con el 22, y el cambio de sistema de libertades ya es un hecho. 

Hay una pérdida total de la seguridad ciudadana y la confianza inversionista y el sistema socioeconómico se destruye con cada medida prepagada que pasa por el congreso y por las cortes en contra del Estado de derecho y la institucionalidad.

Este es el momento más complejo de nuestra historia democrática. El M-19 en el poder, las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y las demás organizaciones criminales, tienen sus operadores políticos y cabilderos jurídicos dentro del gobierno, en las cortes y en el parlamento, y controlan muchas regiones con más hegemonía que en la época del Caguán.

La situación es mucho más grave que lo ocurrido a López Pumarejo en 1945, en los episodios de los años 50, en 1974 o con el caso de Samper. Pero entonces fueron los empresarios y los líderes políticos honorables, quienes, unidos, le pararon el carro de los abusos a quienes fueron indignos en el ejercicio del poder.

Por lo tanto, sin una solución drástica que invalide las corruptas fallas democráticas en que se ha incurrido al birlar la ley en procura y ejercicio del poder, deben los líderes institucionales, atender lo que pide el pueblo todos los días, y exigir la dimisión o la destitución del tirano y su banda, pues las evidencias existentes son totalmente incontrovertibles y no hay partido de fútbol o concierto donde no se repita el verdadero clamor popular: Fuera Petro. Que renuncie que la mayoría de la gente se lo está pidiendo.