Ese volante confirma que las afirmaciones recientes de algunos periodistas y observadores políticos, en el sentido de que un autogolpe de Estado favorable a Petro está subrepticiamente en marcha, son acertadas. El volante dice que los grupos petristas, convertidos ahora en “asamblea del cambio”, bajo la dirección de un anónimo “comité de impulso”, preparará en Bogotá “las movilizaciones nacionales” de apoyo a Petro y trabajará en la “construcción colectiva de agendas populares democráticas y del poder constituyente”.

El mismo 29 de mayo de 2024, el ex ministro del Interior y periodista Fernando Londoño Hoyos, director de La Hora de la Verdad, había afirmado en su editorial: “Estamos ad-portas de un golpe de Estado”. “Es lo que quiere Petro. Dice que ‘lo que el pueblo ha producido es el acuerdo con las Farc’ y que ese acuerdo está por encima de la Constitución. Y el acuerdo con el ELN será igual al acuerdo con las FARC, que es el que va a suscribir Gustavo Petro y que es probablemente donde quede consagrado el golpe de Estado”.

En lugar de desmentir personalmente tales denuncias, Gustavo Petro ordenó a los servicios de la Casa de Nariño que dijeran, por X, que “no es verdad que el 20 de julio, ni en ninguna otra fecha, el presidente Gustavo Petro cerrará el Congreso”.

Sabemos lo que vale la palabra del actual jefe de Estado y de sus servicios: muy poco o nada. En consecuencia, sería un error tomar ese comunicado como un “desmentido”.

Es evidente que Gustavo Petro, con tal despliegue de fuerza, pretende establecer una “democracia popular” y un “poder constituyente del pueblo”. No hay que ser miopes ante el vocabulario marxista, sobre todo cuando ellos utilizan términos como “popular” y “democrático”. En enero de 1949, Pospelov, el director de Pravda, detalló: “El régimen de la democracia popular ejerce la función de una dictadura del proletariado, que suprime los elementos capitalistas y que resuelve así el problema de la transición del capitalismo al socialismo”. Aunque lo disimulen, Petro y sus comparsas están en ese cuento de la “democracia popular” y de la supresión de los capitalistas, como único modo para imponerle a Colombia la atroz involución que acabó con países como Rusia, China, Cuba, Venezuela, Bolivia, Corea del Norte, etc.

La dictadura que se perfila detrás de ese golpe de Estado monopolizaría los derechos y dejaría sin piso al Congreso colombiano, al poder judicial y a los órganos de control del Estado. Por eso es una obligación de las mayorías, de sus partidos y de sus líderes políticos, religiosos, militares, académicos y de los sindicatos prodemocracia no dejarse ofuscar por las gesticulaciones de minorías fanatizadas.

En Cali el mandatario dijo: “Convoco a las asambleas populares de barrios, veredas y corregimientos a que comiencen la discusión para lograr que el poder constituyente hable con el poder del ejecutivo y se puedan lograr los cambios que requiere Colombia”. Al mismo tiempo que dinamita el sistema de salud, el mayor avance social del país, Petro fabrica una trampa de miel para los pobres al hacerles creer que el “acuerdo nacional” es un “proceso de asambleas populares decidiendo (sic) temas fundamentales” y que la protesta violenta es la vía para obtener “viviendas, médicos y enfermeras y que el Estado no asesine la juventud popular”.

En días pasados, seis expresidentes, así como varios líderes políticos y de opinión condenaron cualquier intento de Gustavo Petro por convocar ilegalmente una asamblea constituyente. Invocando como pretexto un pretendido “proceso de paz total” con las Farc y el ELN, Petro clausuraría el Congreso ya que éste es un obstáculo para sus absurdos proyectos. Ese mismo Congreso y la prensa independiente descubrieron que altos funcionarios del gobierno compraron mediante fuertes sumas de dinero la conciencia de algunos parlamentarios para que ayuden a aprobar las inicuas “reformas”. Ello desató una justa campaña que pide que cese la discusión de esos proyectos en vista de la ola de corrupción que rodea esos debates.

¿Ante ese callejón sin salida, Petro optó por embarcarse en la aventura descabellada de crear disturbios violentos en las calles y cerrar el Congreso el 20 de julio? ¿Él quiere ver si el país lo deja perpetrar ese crimen? Al trazar esa estrategia, Petro seguiría el ejemplo desastroso de su ex homólogo Pedro Castillo quien optó por cerrar el Congreso del Perú el 7 de diciembre de 2023, episodio que terminó en la destitución, captura y reclusión inmediata del presidente golpista.

¿Petro está tan desesperado que escogió un paso idéntico? Probablemente sus asesores le han dicho que no le pasará nada pues sus adversarios están desmoralizados y divididos.

Demostremos que ese cálculo es falso y que nadie compra el cuento del “poder constituyente popular” por ser un atajo hacia la dictadura más brutal.