Cabe preguntar, ante todo, si los gobiernos del Frente Nacional y los que los sucedieron constituían en realidad regímenes tiránicos. Todos ellos surgieron de procesos electorales y procuraron actuar dentro de los cánones constitucionales. Les tocó enfrentar a los subversivos comunistas que aleccionados por la tiranía cubana intentaban derrocarlos por la fuerza de las armas e instaurar un régimen totalitario y liberticida. Hubo, de hecho, excesos en la represión, pero en muchos casos la justicia obró para sancionarlos.

Si hampones fueron quienes se entendieron con los paramilitares, hampón es entonces el que ahora busca acordarse con lo que de ellos resta, so pretexto de una brumosa "paz total", sea esto dicho de paso.

Ahora bien, al tenor de quien hoy nos desgobierna la rebelión del M-19 estaba plenamente justificada. Ello quiere decir que sus tenebrosas acciones estaban amparadas por un fantasmagórico derecho a la resistencia a la opresión. El rechazo a la legitimidad de los gobiernos de la segunda mitad del siglo pasado dizque les permitía moralmente a sus miembros cometer toda clase de desafueros, La rebeldía juvenil los cobijaba bajo un manto ético, los bañaba con agua lustral.

De esos desafueros da cuenta la denuncia que Sergio Alzate, integrante de la organización del finado Herbin Hoyos, presentó hace algún tiempo ante la justicia española (vid. Presentan denuncia penal internacional contra Gustavo Petro por crímenes de lesa humanidad (elpais.com.co). Hay otra denuncia, presentada por F. G. Cavard por el secuestro del español Fernando González Pacheco (vid. Gustavo Petro: en España admitieron denuncia en su contra por secuestro | Elecciones 2022 | Portafolio).

Es probable que estos casos no lleguen a mayores. Pero el recuento de los hechos que motivan las denuncias es impresionante.

La de Sergio Alzate obra en 141 páginas que enumeran múltiples atrocidades en que incurrió el M-19 fuese ya por acción directa de quien decía llamarse Comandante Aureliano o Andrés, ora por coautoría suya, dada su participación en esa ominosa colectividad.

Según la denuncia de Alzate, el que nos desgobierna:

“Fue determinador, ejecutor o cómplice de 126 tomas guerrilleras en atentados masivos contra la indefensa población civil, 557 graves privaciones de la libertad, más 5.000 crímenes de homicidio, desaparición y secuestro de colombianos y extranjeros... y el reclutamiento forzado y entrenamiento militar a miles de menores de edad para la comisión de graves crímenes contra la humanidad”.

El denunciado ha dicho que no fue amnistiado ni indultado por esos crímenes. Y si bien es cierto que al M-19 se lo favoreció con esas medidas, las mismas sólo podrían aplicarse a delitos políticos, al tenor de lo dispuesto por el artículo 150-17 de la Constitución Política, no a los comunes y muchísimo menos a delitos de lesa humanidad.

Esas infames tropelías fueron el precio que muchas personas inocentes e indefensas tuvieron que pagar por el prurito de unos sedicentes jóvenes inconformes con el estado de cosas reinante en el país. Cabe preguntarse si a la luz de la justicia había una adecuada proporción entre lo uno y lo otro.

El que nos desgobierna viene alegando que llevamos 200 años sometidos a la opresión de una oligarquía asesina y rapaz. Él se presenta como redentor de un pueblo subyugado y expoliado por esclavistas de vario cuño. Pero resulta difícil no asociarlo con "El atroz redentor Lazarus Morell", al que Borges le dedica el primero de los relatos de su "Historia Universal de la Infamia".

Nuestro redentor de marras fue condenado a pena privativa de la libertad por la Justicia Penal Militar que a la sazón regía para sancionar graves atentados contra el orden público. A la luz de los artículos 179-1 y 197 de la Constitución Política no podría haber sido elegido como congresista ni como presidente. Pero cuando se demandó una elección suya, el Consejo de Estado desestimó la acción por cuanto no se pudo demostrar la condena mediante copia auténtica de la sentencia respectiva. ¡Alguien sustrajo del expediente el documento original, incurriendo de ese modo en el delito de falsedad documental,

Dicho en plata blanca, el que nos desgobierna ocupa su alto cargo gracias a esa falsedad documental que a la justicia no se le ocurrió investigar ni sancionar.

Como en el caso de "El Nene del Abasto", su "prontuario no lo mueve ni un piquete e' la Central" (vid. El Nene del Abasto. Tango (todotango.com).