Otra tiene una triple cara. Por un lado, acentuar el control por parte de exguerrilleros sobre los organismos del Estado que cumplen funciones de inteligencia o controlan información sensible de los ciudadanos. En manos del M19 están la Unidad Nacional de Protección, Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia y Función Pública, la entidad que supervisa el funcionamiento interno del Estado. Por el otro, profundizar el debilitamiento de la Fuerza Pública, el muro frente a los violentos y frente a cualquier amenaza de autogolpe. Con ese propósito borró de un plumazo el liderazgo de militares y policías y nombró un MinDefensa enemigo de ambas fuerzas, les recortó el presupuesto y les ató las manos con las negociaciones y los ceses del fuego con los violentos. Ahora los dejará sin capacidad de operación por su decisión de no comprar más armamento a Israel. Esa no es una sanción para los israelíes, el mercado colombiano es minúsculo para ellos, sino un castigo para nuestras Fuerzas Armadas, el grueso de cuyo equipo y armamento, desde los fusiles Galil hasta los aviones Kafir, tiene ese origen. Finalmente, el gobierno avanza en lo que parece un proceso de constitución de grupos milicianos. Además de promover y proteger las guardias indígenas y las seudocampesinas, que está probado tienen vínculos cercanos con las Farc, ya puso en marcha el programa de financiación de jóvenes que "están o tienen riesgo de estar vinculados a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado”. En otras palabras, pagará a un centenar de miles de muchachos con experiencia en el uso de armas y el crimen, fáciles de organizar si a Petro le parece necesario.

Por último, Petro está decidido a buscar mecanismos que le permitan controlar el gasto presupuestal por fuera de las reglas institucionales, a las que ve como una camisa de fuerza que le impide hacer lo que quiere. Con ese propósito quiso saltarse la ley de presupuesto y disponer a su antojo de trece billones de pesos. En la misma dirección van los proyectos de facultades extraordinarias para que sea él quien decida en última instancia sobre el pago y el destino de las vigencias futuras y quien regule los servicios públicos.

Por una vía y por la otra, hay un proceso de debilitamiento de la Fuerza Pública y de fortalecimiento de los criminales, de desinstitucionalización, de desmonte de la capacidad técnica del Estado, de posicionamiento de leales, aunque sean ignorantes e incapaces, y de concentración del poder en manos presidenciales.

En ese escenario, se hace prioritario cuidar en extremo la elección del Fiscal. Es claro que Petro quiere uno de bolsillo y que ninguna de las candidatas da certeza de ecuanimidad e independencia. Todas son de extrema izquierda y no dan garantía de que no serán instrumento para perseguir a los opositores y de que continuarán las investigaciones contra los familiares y allegados de Petro.

Finalmente, es urgente construir una plataforma común de oposición. La fragmentación excesiva aumenta la vulnerabilidad y hace muy difícil construir narrativas y acciones comunes para la defensa de la democracia, la libertad y el estado de derecho frente a la arremetida petrista.