Es parvo el que no lo comprende. Siempre habrá trampa mientras exista un incentivo para mentir. Así capitalizan ilícitamente las minorías anárquicas en detrimento del interés general, el descontento social propio avance tecnológico de la civilización.
¿Por qué el acuerdo de Cuba y la Justicia Especial para la Paz son estafas que serán siempre ilegítimas, y por qué la paz total es una gran utopía?
Pues porque ambos procesos parten de la base de la justificación retórica que usan los ideólogos de las guerrillas narcoterroristas, para justificar la ilegitimidad mediante la falsa premisa legal de “conflicto armado”, y así desvirtuar la legitimidad de la legalidad constitucional existente.
En otras palabras, sus teorías pasan al plano de convertir como por simple arte de magia, equívoca y engañosamente, mediante una dialéctica o semántica demagógica falsa, todo lo que ha sido ilegal en legal.
No hay espacio legal para esa denominación en los Estados democráticamente establecidos. Y por ello lo argumentan sin ahondar en las consecuencias sociales de esta estafa, falacia y engaño a toda la sociedad y en especial a la propia justicia constitucional como rama del poder público.
Violan la ley supuestamente en aras de lograr una paz utópica, que en la realidad depende mucho más de factores culturales que de cambiar el marco conceptual del derecho y la constitucionalidad, incorporando la impunidad de los “delitos de lesa humanidad y la financiación ilegal de los mismos en la legalidad vigente”, mediante un tratamiento legal de excepción, con el cual no se protege a la justicia ni al juez del poder de las organizaciones criminales, sino que se protege al criminal y sus organizaciones de modo que no les aplique la coercibilidad de la ley y la justicia. Ergo: otorgándoles impunidad total a psicópatas que son criminales de lesa humanidad.
La razón de ser de por qué los acuerdos con la delincuencia o crimen organizado ilegal y sus cabecillas sólo les producen necesariamente resultados más negativos y más violencia a las sociedades democráticamente organizadas es simple:
El problema se fundamenta en que lo que hoy se llaman acuerdos de paz en Colombia, son negociaciones inconducentes pues parten de la base de desconocer la ilegitimidad de dichas organizaciones e ignorar que sus actividades criminales se fundamentan en la comisión de crímenes de lesa humanidad, a la luz del derecho internacional como lo consigna el espíritu original del Estatuto de Roma.
Por tanto, como siempre a la colombiana, se rebusca la interpretación conveniente y tramposa en lugar de la pertinente, de manera que no haya sometimiento a la justicia tal y como lo consignan la constitución y las leyes. Con lo cual la operatividad de toda la justicia resulta desvirtuada al hablar de “Conflicto armado” y no de actividad criminal contra la sociedad y el Estado.
Bajo la aceptación del falso marco conceptual de “conflicto armado” en estricto DIH, los negociadores habilitan arbitrariamente la teoría engañosa de que los criminales puedan reclamar un supuesto “estatus de beligerancia”, con el cual pasan a argumentar, de nuevo birlando la filosofía ética y moral que sustenta la constitucionalidad democrática, un “derecho de rebelión”, algo inexistente e inventado, pues parte de la premisa de que el Estado para las guerrillas narcoterroristas es Ilegítimo, con lo cual se desconoce nuevamente el pacto social, la constitucionalidad.
Lo anterior explica la constante necesidad de reformar las constituciones a la conveniencia de unas minorías manifiestas por organizaciones criminales violentas, delictivas que aterrorizan y coaccionan con sus actos ilegítimos y su criminalidad de lesa humanidad, a las sociedades que se rigen por la universalidad del derecho constitucional.
Y claro una vez argumentado el falso “derecho de rebelión”mediante el cual pretenden conducir al Estado a una negociación ilegítima en la que se parte de la cancelación de la condición necesaria de “imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad” y llegar así a la justificación, inclusión y legitimación de los mismos y a la legalización conceptual del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas mediante las cuales se financian, como lo son el secuestro y la extorsión y el chantaje, como si fuesen fuentes lícitas de financiamiento dentro del marco de un falso “conflicto armado”.
Esta es pues la teoría conceptual falaz, ajena a toda noción de legalidad, ética, moral y en materia de derecho internacional público y de derecho constitucional colombiano, con la cual violaron la integridad de la carta que consigna el pacto social y las normas básicas de convivencia en Colombia y con la cual argumentan y justifican la impunidad que quiere vender hoy el gobierno español en asocio con organizaciones que por años han estado al margen de la ley.
Así se aboga y se llega al problema insoluble de “otorgar impunidad y participación política a las organizaciones narcoterroristas y al terrorismo ideológico y religioso”, perdiendo el mundo entero, toda la humanidad, una lucha milenaria entre el bien y el mal, cuando este se organiza y manifiesta de forma colectiva y hace uso del terrorismo como mecanismo coercitivo contra la organización de las naciones en Estados democráticos de derecho.
Esta es la razón por la cual crean nuevas formas de justicias transicionales a la medida de las conveniencias de dichas organizaciones criminales y de la falsa teoría del conflicto armado, en naciones regidas por instituciones democráticas como la JEP.
Con esta teoría del conflicto armado, además pretenden hacer un juicio político a todos los que ellos denominan actores en el conflicto, aunque fueran quienes en cumplimiento de las leyes legítimas y constitucionales los combatieron o que en utilización del derecho universal a la defensa tuvieron que luchar contra el terrorismo y la infamia de los crímenes de lesa humanidad, para defender su vida, su honra y sus bienes.
Dice el adagio: “Se atraganta aquel que quiere mamar y silbar a la vez”. No se puede, por tanto, bajo la denominación de conflicto armado a las actividades criminales de bandas organizadas, otorgar impunidad a unas minorías delincuentes y querer mantener un Estado constitucional de derecho fundamentado en la democracia; entendamos que son conceptos totalmente antagónicos.
