En pleno siglo XXI las naciones no soportan el costo asociado a la volatilidad de los extremos ideológicos ni los ensayos restrictivos de la libertad desde el ejercicio del poder. Eso resulta en la quiebra de cualquier hacienda pública, en la miseria del sector privado y perpetúa la ignorancia como dictadura.

Colombia votó en 2022 por un cambio a la loca, por un salto al vacío, pero sin paracaídas. Nunca se le dijo al ciudadano cuál sería el costo directo, ni el costo de oportunidad que ese cambio le representaría frente al gran potencial de nuestro país, a sus libertades democráticas y al bolsillo de todos los que no vivimos del derroche gubernamental.

Para entender las consecuencias de permitir que un gobierno imponga un nuevo modelo que auspicia el terrorismo, emulando los cambios que viene generando el socialismo del siglo XXI en naciones hermanas, miremos el costo de oportunidad, lo que perdemos al desviarnos de una tradición democrática de más de 200 años, corriendo el riesgo de caer en una tiranía neo-estalinista patrocinadora del narcoterrorismo y producto de un viaje psicodélico gubernamental sin precedentes.

¿Qué puede haber más valioso que la vida y el tiempo? Y mientras aquí lo que llaman paz se paga con vidas, si sumamos el tiempo perdido de 50 millones de personas a causa de decisiones equívocas producto de la mediocridad, la ignorancia, la soberbia, el odio, el resentimiento personal o ideológico, o los egos de las figuras que dominan la política, esos son, el mayor costo de oportunidad que puede pagar toda una nación.

¿Cuál es el costo de oportunidad para el desarrollo si los fondos públicos y los recaudos impositivos se dedican a financiar acuerdos utópicos con el crimen organizado, dejando de lado la financiación de la nutrición infantil, la seguridad ciudadana, la salud, la construcción de infraestructura, la educación y el deporte, la conectividad y la formación de empresas y actividades económicas lícitas?

Colombia, en comparación con la gran mayoría de las naciones desarrolladas, está ubicada en el ombligo del mundo, es país tropical y andino, con montañas y forestas que le dan recursos hídricos y energéticos limpios, está llena de minerales preciosos e hidrocarburos que le pueden garantizar autoabastecimiento e ingresos para su desarrollo y para pagar una transición energética gradual y sostenible. Nuestro país es, comparativamente a su tamaño, la gran potencia en biodiversidad, selvas tropicales húmedas y páramos, con regímenes lluviosos trimestrales, y unas planicies sujetas a sequías e inundaciones semestrales.

Nuestra diversidad cultural y complejidad geográfica, están llenas de un capital humano y una cultura laboriosa y de superación de la que emana un ingenioso espíritu emprendedor. Aquí nunca ha sido fácil formar capitales, la necesidad esencial ha sido progresar como nación y hoy podríamos estar avanzando en desarrollo con el propósito de migrar a una sociedad del conocimiento de la forma en que lo hicieron Corea del Sur, los Tigres Asiáticos o Emiratos Árabes Unidos.

Por tanto, nuestro país, manejado de manera confiable y consistente en lo que queda de este siglo, puede ser uno de los principales centros de atracción de inversión extranjera global para la preservación y la transformación del planeta, donde las grandes naciones deben ser los principales actores de la descarbonización y nosotros los grandes proveedores de energías limpias, biodiversidad, conocimiento, recursos y servicios.

Colombia puede ser, en medio de la complejidad geopolítica actual, un centro global y regional físico y digital a la vez, que articule inversión productiva, turismo, maquila, distribución y comercio internacional. Tiene costas en los dos océanos, puede desarrollar redes de trasporte y ductos que superen la complejidad de nuestra accidentada geografía

Colombia puede ser un lugar seguro en toda la extensión de la palabra si el Estado garantiza la legalidad y la justicia como los rieles sobre los cuales rueda una democracia, si cuajamos la determinación de contar con políticas de Estado a mediano y largo plazo que sean sólidas y sostenibles, que propendan por una educación intelectual, científica y deportiva sustentada en la formación de una cultura sana de desnarcotización de la juventud, de la economía y de la política, ayudada con nuevas tecnologías que protejan todo ese acervo de recursos anteriormente enumerado.

Ello requiere que los gobiernos venideros dejen el populismo ideológico y administren bien el Estado, en lugar de dedicarse a la politiquería y el clientelismo con cargo a la miseria del pueblo que dicen representar.

Pagamos un gran costo de oportunidad por no tener legalidad para garantizar la vida, la seguridad a la inversión y la propiedad de los nacionales y los extranjeros. Pagamos por no poder fortalecer la macroeconomía explotando de manera tecnificada nuestro activo minero-energético y haciendo un uso juicioso de su producido en la construcción de una gran infraestructura física y digital que nos permita avanzar en esta era del conocimiento, y desarrollar nuevas industrias y servicios integrados a la globalización, a la regionalización y a ser un centro de turismo cualificado y calificado.

Pagamos caro el costo de no tener un sistema integrado de manejo del recurso hídrico, coordinado con reglas claras de protección y mitigación ambiental balanceadas, compatibles con las necesidades y demandas del desarrollo socioeconómico, y la construcción de presas y generadoras en los afluentes de los grandes ríos, y así poder construir reservas hídricas, sistemas de riego y manejar canales para habilitar tierras productivas en las planicies, evitando sequías e inundaciones.

Pagamos un alto costo por no hacer la reconstrucción de las ferrovías, interconectar física y digitalmente las urbes y el campo, no ampliar los sistemas de vías primarias de nueva generación, ni mejorar de las vías terciarias, por no hacer una construcción masiva de túneles, puentes, por no mejorar la navegabilidad de algunos ríos y ampliar la red de poliductos para hidrocarburos y aguas, por no construir más puertos, por no mejorar en lugar de destruir los sistemas integrados de salud y transporte, los centros educativos, deportivos y cárceles, de modo que el Estado le garantice a cada ciudadano las oportunidades propias del debido cumplimiento de sus obligaciones.

Pero como dice un viejo adagio: “por la cagada se conoce el pato”. Y cuando lo que Colombia necesita es seguridad, un manejo serio, competente, consistente y sostenible de la cosa pública, educación, cultura y salubridad física y mental, lo que este gobierno intencionalmente deja en cada decisión que toma es: destrucción de valor económico e institucionalidad, miseria humana y empobrecimiento colectivo, mediante la legitimización del crimen organizado, asociado a la violencia criminal, el narcoterrorismo y el subsidio a la milicianización y el microtráfico.