Para frenar esa intentona, ha resuelto convocar masivamente a la población con miras a respaldar su permanencia en el poder.

Ante todo, se le ocurre a uno pensar que ese pronunciamiento resulta insólito e incluso contradictorio. Lo primero, dado que es algo que carece de antecedente alguno en nuestra historia; lo segundo, porque quien está provocando la ruptura institucional es él mismo. No ha faltado quien piense que es una muestra más de una personalidad pendenciera con tintes psicopáticos. La senadora Cabal opina que es un caso de paranoia (vid. GUSTAVO PETRO PODRÍA DESENCADENAR UNA GUERRA CIVIL EN COLOMBIA.; MARÍA FERNANDA CABAL FEBRERO 5 - YouTube).

En vez de acudir a los medios de defensa institucionales, el Profeta Apocalíptico excita a sus hordas para que impidan las acciones de la Fiscalía y la Procuraduría, así como para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija rápidamente a quien deba suceder en propiedad al fiscal Barbosa. Es, ni más ni menos, una velada invitación a que en forma tumultuaria se realicen esos cometidos, es decir, mediante el delito de asonada. Vid. artículo 469 del Código Penal De la rebelión, sedición y asonada | Código Penal (biblioteca.legal).

Razón tiene la senadora Cabal cuando afirma que esta incitación podría provocar entre nosotros una guerra civil. Por lo menos, podría generar caos.

Las acusaciones contra el fiscal Barbosa tienen todos los visos de ser temerarias e incluso constitutivas de delitos de injuria y hasta de calumnia. Sin respaldo probatorio alguno, se atreve a afirmar que ha habido "una toma mafiosa de la Fiscalía" y que ésta, movida por intereses mafiosos, ha llegado al extremo de allanar sindicatos, así como de torturar y ejercer presiones sobre testigos para que se acuse al presidente.

Éste considera que la Fiscalía carece de toda competencia para investigarlo, olvidando que en el caso de Samper la denuncia penal que se presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la formuló precisamente el entonces fiscal Valdivieso, quien dejó bien sentado que no le tocaba acusar al mandatario, pero sí podía recaudar pruebas para denunciarlo.

En parte alguna la Constitución le prohíbe a la Fiscalía reunir pruebas para denunciar penalmente al titular del Poder Ejecutivo. Es más, ella tiene el deber de denunciar los delitos de que tenga conocimiento.

El Capitán Planeta alega una inmunidad porque parece creer que controla la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, asunto que está por verse.

Su alegato sobre el aporte que Fecode hizo a su campaña presidencial deberá tramitarse en las instancias previstas por la ley y no tumultuariamente en las calles, como lo pretende.

En otro aparte de su penoso escrito carga contra la Procuraduría, por la suspensión del ministro Leyva. Es verdad que no hay antecedentes de una medida tan drástica en el pasado, pero tampoco los hay de una gestión tan sospechosa como la de ese alto funcionario. Como la medida no es susceptible de recurso alguno por la vía gubernativa, quedan abiertas las posibilidades de acción judicial en su contra. Pero el exconvicto que nos desgobierna prefiere las vías de hecho para confrontar a la procuradora Cabello.

Lo que está en juego en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la financiación ilegal y el desbordamiento de los topes de dicha financiación, con miras a esclarecer las responsabilidades penales pertinentes y, sobre todo, si hay lugar a que se aplique lo dispuesto por el artículo 109 de la Constitución Política acerca de la pérdida del puesto de presidente que pudo haberse obtenido con violación del mismo. Todo esto es tema de las autoridades competentes, a las que no se debe presionar en las calles y muchísimo menos incurriendo en sedición, rebelión y, peor aún, en asonada.

El Profeta Apocalíptico ha formulado una denuncia internacional a la que debe darse repuesta contundente en todos los escenarios e idiomas posibles, mostrándole al mundo civilizado que él pretende destruir nuestra institucionalidad mediante golpes callejeros como los que ensayó Hitler en 1923 en Baviera y él mismo contra su antecesor Duque. El que nos desgobierna no es "progresista", sino comunista, como bien lo denunció Milei, quien advirtió, además, que está hundiendo a Colombia.

Los días venideros serán decisivos para nuestra institucionalidad.

El Congreso tiene una enorme responsabilidad en su preservación. A él le toca juzgar alppresidente, decidiendo sobre su permanencia en el cargo. Y como hay serias dudas acerca de su salud mental, que puede ser determinante de una incapacidad física permanente, al Senado le corresponde el deber de decidir si procede declarar la vacancia del cargo, tal como lo dispone el artículo 194 de la Constitución Política. Es probable que el lugar de su alojamiento no deba ser la Casa Nariño, sino alguno de los hospitales psiquiátricos que funcionan en Bogotá o sus alrededores.