Unas semanas antes lo había dicho Antonio García, el cabecilla del grupo, que afirmó que “el Eln no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El Eln solo hace prisioneros y retenidos”. Y reiteró que los elenos no se ha comprometido a “no realizar operaciones de finanzas, entre ellas privaciones de libertad con carácter económico, para obtener recursos que permitan sostener sus estructuras”. Por “privaciones de la libertad con carácter económico” entiéndase secuestros.

Más allá de los eufemismos y el cinismo, el mensaje es claro: el Eln sostiene que no se comprometió a dejar de secuestrar cuando firmó el cese del fuego y afirma que seguirá secuestrando mientras que negocia con Petro. Queda claro que la liberación de Luis Manuel Díaz solo se debió al escándalo nacional e internacional que se armó por ser el papá del fenomenal Lucho. Lo que nunca se esclareció suficientemente, por cierto, fue si la liberación estuvo mediada por el pago de un suculento rescate, a pesar de que lo negaron tanto la Iglesia como los negociadores del gobierno.

Alguien podría, con razón, sostener que el Eln sí se comprometió a respetar el derecho internacional humanitario, en particular, el Protocolo II adicional a los cuatro Convenios de Ginebra, que en su artículo 4 establece que "están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar […] d) la toma de rehenes”, una de cuyas modalidades es el secuestro.

El problema es que el Eln no lo entiende así, como lo reafirman sus cabecillas. Y que para el gobierno continuar negociaciones con unos elenos que tienen secuestrados y no los liberan, 38 según el MinDefensa, y que siguen secuestrando, es un imposible ético y un imposible constitucional. 

Es un imposible ético porque proseguir las negociaciones en esos términos supone tácitamente aceptar que el Eln seguirá delinquiendo, secuestrando y haciendo víctimas entre los civiles, mientras que el Gobierno lo tolera y mira a otro lado, y que no se les puede exigir cumplir el protocolo de cese del fuego que firmaron. En otras palabras, el protocolo sería apenas un papel muerto, sin valor alguno, excepto para asegurarle a los plenos que el estado no los perseguirá.

Es un imposible constitucional porque el cese del fuego acordado en el  segundo punto establece expresamente que no se realizarán "acciones ofensivas de ningún tipo [incluyendo] no realizar acciones de inteligencia entre las partes” y en el punto siguiente se comprometen a "evitar o evadir en toda circunstancia y no entrar bajo ninguna razón en contacto armado con unidad alguna de las partes”. De manera que la Fuerza Pública no podría ni investigar un secuestro ni realizar las operaciones necesarias para rescatarlo. Así las cosas, a militares y policías les queda prohibido por el cese del fuego cumplir con las obligaciones constitucionales de proteger vida, integridad, libertad y bienes de los habitantes en el territorio nacional.

En estas circunstancias, no quedan sino tres alternativas. La primera, que el Eln libere a los secuestrados que tiene en su poder y no vuelva a secuestrar.  Los elenos ya han dicho que seguirán secuestrando. La segunda, que el gobierno se levante de la mesa, se rompa las negociaciones y se combata con todo el poder del Estado a los criminales. Pero hay una tercera: que el gobierno negocie sin cese del fuego.

A mí no me gustan las negociaciones con los violentos, lo he dicho en otras ocasiones. Creo que el camino de la sociedad democrática y civilizada es el de someter a los bandidos y no el de premiarlos. Pero la solución de negociar mientras se combate es la que los últimos 35 años de diálogos con criminales enseñan como más efectiva. El gobierno jamás debería olvidar que así fue que se logró que las Farc negociaran en serio, después de muchos intentos frustrados en que esa guerrilla solo uso los diálogos para fortalecerse. Como hacen los elenos hoy, por cierto.