in embargo, la elección de un mal gobernante puede malograr todas esas esperanzas y buenas intenciones y llevarnos a tener que pensar en que ni lo bueno ni lo malo cae del cielo, y que tenemos la responsabilidad colectiva e individual, si nuestra nación perdió el rumbo, de trabajar unidos para recomponerlo, así eso nos cueste “grandes sacrificios”, muchas tristezas e incluso, tener que ofrecer nuestras vidas para que los que vienen detrás tengan un mejor futuro.

Por ello hoy me atrevo a hacer dos símiles fuertes que nos ayuden a entender la gravedad de la macabra realidad que hay detrás de dos de las recientes acciones del gobierno actual.

Primero hablemos de por qué como sociedad no podemos admitir que se implante la reforma legislativa al sistema de salud.

La reforma a la salud fue presentada por unos seres enfermos de resentimiento y odio por la institucionalidad que juraron defender, y copados de desprecio por el pueblo al cual deben gobernar en función del bien de toda la ciudadanía y no de sus creencias ideológicas.

Para el futuro de nuestra nación la destrucción, que no la mejora, del sistema de salud actual, es como si en medio de un bombardeo a alguien se le ocurriera llevar al Conde Drácula y a todos sus insaciables vampiros a que se den un festín en el “banco de sangre” de la nación. No creo que el asunto demande ahondar en más explicaciones.

El segundo símil al que quiero referirme es lo que implica para el futuro de la nación y para las nuevas generaciones, la derogatoria por decreto de las facultades para que las Fuerzas Armadas y en particular la policía, puedan obrar contra el microtráfico.

Esta medida es peor que lo de Drácula. Es como ir al manicomio y sacar a “Garavito y a todos los violadores seriales de niños y a los jíbaros capturados por microtráfico a la salida de los colegios” y contratarlos para que, en reemplazo de los maestros, les desarrollen la personalidad a nuestros hijos en las guarderías, en la primaria, en el bachillerato y en las universidades.

La medida no sólo incentiva el peligro en las calles, permite que en todas las instituciones educativas en lugar de lectura, cultura, civismo, ética, ciencia, deporte y desarrollo de valores que fortalezcan el carácter de la juventud, les alcahueteen a los infantes y adolescentes de la patria consumir marihuana, fumar bazuco, meter perico y tomar tusi, bajo la insensata excusa de que así desarrollarán mejor su personalidad.

Para la muestra un botón. Sólo hay que mirar hasta dónde ha llevado la adicción al alcohol y a las drogas, la mente retorcida de varios dirigentes nacionales que deberían estar respondiendo ante la justicia por sus actos ilegales y por llevar el país, en plena era del conocimiento, a un retroceso que nos devolvió a un estado peor al del año 2000 en materia de seguridad ciudadana, matanzas, homicidios, narcoterrorismo, subversión, proliferación del narcotráfico y de la devastación de la biodiversidad y de la selva tropical, húmeda para sembrar coca y hacer minería ilegal, y claro a restaurar el apogeo del microtráfico como multiplicador delictivo.

Se pregunta uno entonces, ¿en qué consisten realmente los acuerdos detrás del tal pacto histórico y de la picota?, y ¿cuál es su relación en función de la implementación de los espurios acuerdos de paz que en su momento embutieron en la constitución en 2017 el perverso Chucky y sus tripulantes, de forma totalmente arbitraria e ilegítima?

Se pegunta uno también, si todas estas nuevas reformas y medidas, no son el pago por el apoyo de las organizaciones narcoterroristas a la toma del poder “por la vía democrática”, de modo que ahora tanto sus brazos armados urbanos como todas las bandas y pandillas de jíbaros, tengan, además de subsidios dizque “para evitar que delincan”, licencia estatal para abusar de la juventud, intoxicándola y matando lentamente sus neuronas, de manera que en medio de sus alucinaciones puedan comprar fácilmente sus dogmas ideológicos y la falsedad envuelta en su propaganda populista.

Resulta inverosímil que, quienes hacen las leyes, quienes las deben hacer cumplir y quienes administran justicia, se traguen entero el pescado podrido de que drogas como la cocaína, el bazuco o el tusi, no son tan malas para la sociedad como el petróleo y el carbón, y de que no matan las neuronas de las personas al igual que ocurre con la adicción al alcohol y la marihuana.

Recordemos por favor dos cosas: que más del 80% de los crímenes, siempre se cometen bajo la influencia de alguna sustancia psicoestimulante que altera el comportamiento. Y que, por definición de todo contrato social, la principal función del Estado es velar por la seguridad, la salud y el bienestar de todos los ciudadanos, no facilitar ni legalizar la comisión de todo tipo de delitos.

El Estado tiene ante todo la obligación de proteger la niñez y la juventud, empezando por la nutrición infantil que se roban los políticos en toda nuestra geografía, y de promover la formación de jóvenes sanos, educados, cultos, cívicos, éticos, honorables y capaces de aportar al desarrollo de la nación, y no de incentivar la creación de una partida de “zombies” y viciosos, cuya personalidad se destaque por la ignorancia y el fracaso en todos los aspectos de su vida.