En fin, estos escándalos hay que sumarlos a los del primogénito, el hermano, la jefe de gabinete, el operador político y exembajador en Venezuela, al Pacto de la Picota, los pagos de actos de campaña por un narco de Casanare y por el clan Torres en el Caribe, la violación de topes y el no haber reportado los gastos de testigos y asesores internacionales, entre otras vulneraciones a las reglas de financiación de las campañas.
Por el otro, la certeza ciudadana de que Petro tiene un serio problema de adicciones, es un vago que trabaja poco, incumple y cancela sistemáticamente su agenda y es incapaz de liderar un equipo y menos un país, un gabinete sin experiencia ni conocimiento, de ineptos, improvisadores, mentirosos y charlatanes, los peores ministros en décadas (con excepciones que confirman la regla), incluyendo el de Defensa, enterrador de la Fuerza Pública, y un altísimo sectarismo y generalizada ceguera ideológica.
Las consecuencias, a la vista, las sufrimos los ciudadanos. La moral de militares y policías está por el piso, medio país en manos de los grupos violentos que incluso se dan el lujo de secuestrar y expulsar de esos territorios a la Fuerza Pública y de pactar con el Gobierno, a escondidas, su salida, estamos inundados de coca y cocaína (230.000 h y 1.738 toneladas en 2022) y será peor este año en que la erradicación ha caído un 74%, el secuestro ha aumentado 80% y la extorsión denunciada un 13% hasta octubre, y el homicidio creció 5,4%. La “paz total” es un monumento a la improvisación, desconoce las lecciones de cuarenta años de procesos de paz, y hace de la claudicación frente a los violentos la regla, paralizando a la Fuerza Pública y permitiéndole a los bandidos que sigan delinquiendo y vulnerando una y otra vez la vida, las libertades y las propiedades de los civiles.
Y al final, lo esperable: la economía se derrumba aceleradamente. Petro la recibió, aún después de una pandemia devastadora, con un crecimiento del 12,3% en el segundo trimestre del 22 y la ha hundido hasta un menos 0,3% en el último trimestre de este año. Todos los indicadores son negativos. La inflación anual va en 10,48% y no hay duda de que el año cerrará en doble dígito, la venta de viviendas ha caído un 48%, la de automóviles un 50% y la de motos, aún más sintomática porque son el vehículo de los más pobres, un 17,3%, la producción industrial para septiembre registraba un -6,9%, el 84% de los comerciantes, tras diez meses de caída, reportaron las peores ventas del año en octubre, las exportaciones habían disminuido un 15,6% hasta agosto y las importaciones un 20,2%. El gasto de los hogares lleva once meses decreciendo (-2,9% en septiembre) y la inversión se desplomó (- 7,7% en el II trimestre y -11,0% en el III). Los dos motores de nuestra economía van en reversa.
El Gobierno ha decidido echarle la culpa a las altas tasa de interés. En realidad, el asunto podría ser peor si el Banco de la República no hubiese hecho su tarea de evitar una inflación descontrolada. En verdad la culpa fundamental es gubernamental. Le arrebató billones a los ciudadanos con la más virulenta reforma tributaria de la historia y, para rematar, es incapaz de ejecutar el presupuesto. Fomenta la corrupción con la promoción de, entre otras cosas, contrataciones directas. El gasto no es productivo y se pierden billones en subsidios expansivos, mal focalizados y sin control. Ha torpedeado una y otra vez la confianza de los inversionistas y ha alimentado la incertidumbre. Y no aprende la lección. Frente a la caída del 0,3% trimestral, la reacción fue sostener, de nuevo, que hay que establecer control de cambios y desechar la regla fiscal. Es decir, ahuyenta la inversión y promueve la fuga de capitales. Y, negándose a oír la paliza del 29 de octubre, persiste en impulsar las reformas de salud, pensiones y trabajo, cual más empobrecedoras y dañinas para la economía. Como vamos, la recesión está a las puertas.
