No se debe olvidar que días o semanas atrás arremetió contra el Congreso porque no le aprobaban sus reformas y citó una marcha en su favor que resultó fallida. Petro quiere anular el órgano legislativo lo que significa un golpe de estado, si como amenaza, llegare a cristalizar su cometido dictatorial. Llamó a organizar y movilizar en su apoyo a millones de campesinos, etnias, jóvenes y trabajadores en defensa de su “cambio”, amedrentando a sus opositores para que no obstaculicen sus iniciativas: “que no se atreven” pues según él, “se encontrarán con un gigante”.
La excongresista y exministra Nancy Patricia Gutiérrez en reciente video denuncia con toda lógica que Petro conduce el país a la “Polarización, la guerra civil y la dictadura”.
El comportamiento de Gustavo Petro incitando y amenazando de la manera citada y de forma tan reiterada constituye un peligro extremo para la democracia colombiana.
Su retórica estertórea con la que busca despertar el entusiasmo del “pueblo” no requiere de un análisis profundo para desnudar que tras ella se esconde su viejo espíritu guerrillero, solapado con habilidad hasta el presente.
Desde el punto de vista de su esfuerzo emocional por convertirse en un caudillo internacional por la salvación del planeta, Petro está dispuesto a saltarse todas las barreras institucionales que para él representen un obstáculo a su proyecto estatizante. Su ego desmesurado lo lleva a perder los estribos a hacer malos cálculos y a sobredimensionar sus capacidades de convocatoria.
En otra perspectiva, Petro puede estar siendo afectado por el miedo a ser destituido bien sea por las denuncias por exceder los gastos de campaña y el ingreso de dineros turbios a su campaña. Varias investigaciones cursan trámite en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y nada seguro es que sus alianzas sean suficientes para disipar el peligro de llevarlo a juicio al Senado.
Petro sabe que la oposición es aún muy débil, que su imagen negativa en las encuestas es manejable, que los escándalos por corrupción, violación de topes de campaña e ingreso de dineros narcos a su campaña pueden tener consecuencias en el muy largo tiempo a sabiendas de la lentitud de nuestra justicia y en particular de la inoperancia de su juez natural, la Comisión de Acusaciones del Congreso. A lo mejor cree que puede meterle miedo a la sociedad con sus amenazas.
La movilización del próximo 27 de septiembre en Bogotá hay que tomarla en serio. Petro con su habitual verborragia revolucionaria mancilla la investidura presidencia. No está dentro de sus funciones presidenciales acudir a ese tipo de llamados. Es ilegal, además, porque se traduce en el desconocimiento de una de las funciones esenciales del Congreso de la República. El presidente no se puede inventar caminos no contemplados en la constitución y de hacerlo, asumiría un rol dictatorial pues de facto anula o decapita el poder legislativo y lo reemplaza por la muchedumbre, la multitud, reunida sin ser un mecanismo reglado en el marco de la institucionalidad, lo cual significa que Petro incurre en un golpe de estado duro.
Colombia no se había visto en una situación tan dramática y azarosa pues las marchas promovidas tendrán lugar en época electoral, y, por tanto, estaríamos ante una abierta participación del presidente en política, en indebida presión contra los otros poderes del estado, en desconocimiento de su autonomía, en una provocación y amenaza a la Oposición. Y de contera en clara incitación a la violencia.
Con todos los escándalos protagonizados en Colombia y en el exterior, con las evidencias de corrupción, con los incumplimientos que deshonran la figura presidencial con diversos sectores, con su indecorosa e insultante palabrería que desdice de la altura y la donosura propia de un primer mandatario, por sus amenazas y desafíos, por sus llamados al caos y al desorden y su desconocimiento de los canales regulares, Petro debe ser enjuiciado con prontitud y antes de que produzca más daños a las instituciones y a nuestra democracia, llevado a juicio y ser destituido.
