Semejantes declaraciones muestran que Petro no solo no ve la realidad, sino que tiene una peligrosa actitud de negación, un trastorno sicológico que consiste "en ignorar o desconocer una situación demasiado intensa para protegernos de una emoción desagradable”. La negación es un mecanismo de defensa para no enfrentar "conflictos o realidades complicadas no asumiendo directamente que existen, que son importantes o que tienen algo que ver con nosotros mismos”.
Pero que Petro se niegue a verlo no significa que el país no se esté desencuadernado, desmoronándose a pedacitos, por todos los costados. Mientras que la Fuerza Pública está paralizada por cuenta del cese del fuego unilateral del Estado, las órdenes de no actuar y la aguda desmoralización de soldados y policías, los grupos violentos siguen delinquiendo y muy distintos grupos poblacionales se sienten legitimados para acudir a paros, bloqueos, asonadas y otras vías de hecho, con la violación flagrante de los derechos de la mayorías, impotentes y asustadas.
Después del homicida asalto del campamento de Emerald Energy en el Caguán, el último de los episodios del imperio de las vías de hecho se desarrolla en estos momentos en el Bajo Cauca, donde doce municipios están bajo toque de queda. Si en Caquetá son las Farc quienes alimentan e instrumentalizan a los campesinos, en Antioquia es el Clan del Golfo el que alienta a los mineros ilegales. En todas partes la estrategia es la misma: poner a un sector minoritario de las comunidades por delante, excusarse en el derecho a la protesta, acudir a los desmanes y la violencia y arrodillar al Gobierno que, con actitud complaciente y exculpatoria (recordar la vergonzosa justificación de Prada y su “cerco humanitario”), entrega lo que se le pide en beneficio de los grupos violentos que son los que al final se nutren de las economías del narcotráfico y la minería ilegal.
Como el mensaje explícito del Gobierno es que la Policía no intervendrá, que cuando lo haga no podrá usar la fuerza y que si es atacada no tendrá apoyo, como ocurrió en el Caguán, lo previsible es que las vías de hecho sigan multiplicándose, la Policía se esconda todo lo que pueda y las mayorías ciudadanas queden a la deriva y sus derechos de trabajo y movilización, desprotegidos. El del Gobierno es un estímulo perverso para la multiplicación de los bloques, las asonadas y la violencia.
Además, como la inmensa mayoría de veces lo que hay detrás son mafias, del narcotráfico y de la minería ilegal, encarnadas en grupos guerrilleros y clanes y grupúsculos, la financiación está asegurada. Es lo que explica que cerca de cinco mil “campesinos” del Caquetá se hayan podido desplazar desde distintos municipios a San Vicente del Caguán y pudieran abandonar sus tierras de labranza varias semanas.
Para rematar, y es parte de un todo, esos grupos mafiosos, los guerrilleros y los que no lo son, son cada día más fuertes y más ricos. Hay más coca que nunca y se renunció a combatirla. Y los ingresos, tanto por las cantidades producidas y exportadas como por la devaluación, son mayores mes a mes.
La situación se agrava día a día, en un peligrosísimo camino a la anarquía, mientras Petro y su gobierno hacen agua por todos los costados. Las Cortes le advierten que no puede hacer cualquier cosa y que debe respetar la Constitución y la ley; la Fiscalía y la Procuraduría abren procesos a ministros y oficiales por la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones; los partidos en el Congreso, incluso los que hacen parte de la coalición de gobierno, se empoderan y empiezan a negociar con el Gobierno desde una posición de mucha mayor fortaleza; la izquierda ve como se hace añicos y pierde toda credibilidad su narrativa de cambio y de lucha contra la corrupción mientras el elefante se aposenta en Palacio; y Petro empieza a desplomarse en todas las encuestas.
