Acepté hablar ante la Comisión por el respeto del núcleo de mi familia al Padre De Roux, por mis deberes ante la opinión pública y por considerar que, en lo posible, todos los debates deben adelantarse.

Puede que para el lector el Informe de la Comisión sea un discurso y también estos renglones que escribo. La ventaja es que los hechos aquí referidos son recientes para su examen.

Luis Carlos Restrepo es un gran colombiano injustamente expatriado. Adelantó más de 43 mil casos de desmovilización de los 53 mil que se dieron durante nuestro Gobierno. La justicia está en mora de reconocer su honorabilidad.

Con el doctor Luis Carlos Restrepo empezó nuestro Gobierno a cumplir lo anunciado en campaña: nuestra seguridad democrática sería camino, no exclusión de paz. Se continuarían las conversaciones que venían de atrás, con el ELN a través de Cuba y con los paramilitares por intermedio de la Iglesia Católica, siempre que se aceptara el cese de actividades criminales y hubiera concentración.

Los paramilitares manifestaron que aceptaban. El doctor Restrepo viajó varias veces a Cuba y todo fue infructuoso con el ELN.

Procuraré ir en el orden desordenado de los comentarios de la Comisión. Pero también introduciendo temas necesarios que fueron omitidos, por ejemplo, el ataque terrorista de las FARC, el día de nuestra posesión, con artefactos que afectaron el alero de la Casa de Nariño, pusieron en peligro la vida e integridad de invitados nacionales y extranjeros al acto y asesinaron a 17 personas en el Cartucho.

La primera interferencia a la democracia que enfrentamos fue avanzar en la protección a más de 416 alcaldes de Colombia que no podían despachar en sus municipios por amenazas terroristas. A la Comisión no le interesó registrar que aquel 8 de agosto de 2002, llegamos a Florencia en la tarde y encontramos a todos los alcaldes del Caquetá allí escondidos porque los violentos no les permitían actuar en sus municipios. La nuestra era una tarea para normalizar la democracia.

Celebra la Comisión que perdimos el Referendo contra la corrupción, el derroche y la politiquería. Pero olvidan que las preguntas tuvieron una altísima votación favorable y no pasaron el umbral porque el Consejo Electoral no redujo las cédulas de personas fallecidas, de militares que no podían votar y de personas cuya cédula todavía estaba en la Registraduría.

El informe contiene menciones que no desarrollan como la referencia al Estado Comunitario que reposaba en la disminución del Estado Burocrático y el correspondiente aumento del Estado Social. Y en un diálogo sincero y sostenido durante ocho años con toda la comunidad; en la combinación de la democracia representativa y la participativa; en la sinceridad y búsqueda de opciones, no en promesas.

La Comisión presenta el Estado Comunitario como una sustitución del Estado Social de Derecho, a sabiendas que dicha participación ciudadana permitía el reclamo de fundamentos sociales de este último.

Todo lo reducen a la burla del Líder Carismático o del Embrujo Autoritario, admisible en la sátira política mas no en una Comisión de la Verdad, de la cual predicaron tanto rigor.

Los Comisionados de la Verdad dicen mentiras que no se alcanzan a entender como hablar de una coalición que consolidaba el poder del narcotráfico, cuando ocurrió todo lo contrario como fue la mayor debilitación a este fenómeno criminal. Fueron extraditados 1150 narcotraficantes.

La Comisión abusa, para no repetir siempre que miente, al afirmar que nuestro Gobierno pretendió vincular a toda la izquierda con el terrorismo. Los líderes de la oposición tuvieron toda la protección tanto como los dirigentes cercanos al Gobierno. Se protegió y se ayudó a los corporados, gobernadores y alcaldes de la oposición, especialmente a los de Bogotá. He agradecido que gobernantes de la oposición así lo reconocieron.

Fui fogoso en la discusión y en casos respondí con dureza, que hoy no repetiría, a algunos que hacían de la calumnia su discurso contra el Gobierno.

La Comisión engaña a las nuevas generaciones con el tema de la reelección. Antes de la Constitución de 1991 se permitía la reelección presidencial con período de por medio. Cuando asumí avanzaba un proyecto para revivirla y finalmente se aprobó el que permitió mi reelección. Me sometí a la más rigurosa ley de garantías, aprobada por nuestro Gobierno y el Congreso de la época. He reconocido que debí desautorizar la recolección de firmas, que un grupo de ciudadanos respetables adelantaron para permitir una segunda reelección. Confesé la encrucijada en mi alma por el contraste entre mi inclinación a no buscar perpetuarme y de otro lado el temor a que se abandonaran las políticas que apenas empezaban a dar los primeros resultados. A éstas referí como los tres huevitos de la Seguridad Democrática, la Confianza inversionista y la Cohesión Social. Acepté sin discusión la sentencia de la Corte Constitucional y no discutí la motivación política que reitera la Comisión al decir que pretendí destruir el diseño constitucional de 1991.

Por favor, si algo afectó el diseño Constitucional de 1991fue la creación de los órganos de La Habana, como la Comisión de la Verdad, que tras la cautivante palabra paz destruyó la democracia participativa, por ejemplo, el Plebiscito incluido en la Constitución.

Y desfiguran el alcance de la reelección de 2006, se les olvida que fue la Seguridad Democrática, para todos, la que creó confianza para que los partidos y movimientos, incluida la denominada izquierda, de manera tranquila pudieran hacer campaña por todo el país.

La verdad como el juez deberían dejar a un lado el sesgo político. La Corte Suprema eliminó la sedición para los paramilitares. Expresé mi desacuerdo con el delito político, atenuante de responsabilidad penal, que no debería existir en países libres como el nuestro. Lo incluimos en la ley de Justicia, Paz y Reparación para aprovechar que su presencia en el Ordenamiento Jurídico facilitara la desmovilización de miles de integrantes de los grupos criminales. La Corte Suprema, en una sentencia lo aceptó para la guerrilla y lo negó para los paramilitares. Adujo que estos últimos carecían del propósito de cambio del sistema económico. Alegué, inútilmente, que unos y otros expresaban motivaciones ideológicas, y que ambos tenían el elemento común de la gravedad de los hechos y de la capacidad de interferir al Estado de Derecho.

Y dice la Comisión que con el reconocimiento de la sedición queríamos entregar el país a los paramilitares cuando el propósito era desmovilizarlos. Esto se logró sin impunidad absoluta, con algunos años de cárcel para los responsables de delitos atroces cuya elección política tampoco se permitió.

Negaron la sedición, pero en el siguiente Gobierno aplicaron un mecanismo para no llevar a la cárcel a los cerca de 19 mil paramilitares que no estaban incursos en delitos atroces.

Nuestra ley de Justicia, Paz y Reparación exigía a guerrilleros y paramilitares entregar todos los bienes ilícitos para reparar a las víctimas. La Corte Constitucional moduló e incluyó los demás bienes. La Comisión solamente se refiere a los paramilitares…

La Comisión de la Verdad limita a los paramilitares la penetración en la política y en las instituciones que antecedieron a nuestro Gobierno y trataron de mantenerse.

La Comisión, como sectores de la justicia, señala la Parapolítica pero no vio la Farc-Política, tampoco la penetración institucional de la guerrilla. Cuando empezó nuestro Gobierno, a la guerrilla le informaban los operativos de rescate ordenados a fin de que a los secuestrados los trasladaran de sitio.

La Farc política quedó nuevamente evidenciada cuando, años más tarde, fueron incautados los computadores de Raúl Reyes. La Corte Suprema de Justicia no dio validez a los informes probatorios allí contenidos con peregrinos argumentos como aquel según el cual, el operativo debió surtirse por  los canales institucionales de Ecuador. Lo anterior habría sido imposible. Pretermitir esa instancia no afecta la validez del objetivo pues era un campamento terrorista contra los colombianos.

La Comisión menciona funcionarios, pero en un caso no se refiere a los buenos antecedentes y en otro tampoco reconoce que nuestro Gobierno lo declaró insubsistente. Y no examina la injusticia cometida contra una funcionaria, que el mismo Gobierno que consintió con el asilo pidió después que la regresaran.

La Comisión es ciega ante las cifras que de manera contundente muestran que nuestro Gobierno premió la desmovilización, aplicó la captura y por último se daban las bajas.

(Desmovilizados: 53.000

Capturas: 36.000

Bajas en combate: 13.900)

La Comisión de la Verdad se ha sumado al coro que critica que la desmovilización de guerrilleros se hizo sin negociar con los cabecillas. Fue mucho lo ganado en paz.

Nuestra objeción a calificar la violencia como conflicto no se opuso a la búsqueda del diálogo, la promoción de la desmovilización, la atención de los reinsertados y especialmente a la reparación de las víctimas.

* Publicado en su cuenta de Twitter.