La referencia petrista no da lugar para proponer la libertad de los jóvenes revoltosos de la Primera Línea, vinculada con el eln, para que se conviertan en gestores de paz, especialmente aquellos condenados por delitos como tortura, homicidio, incendio y vandalismo.
A las declaraciones del Presidente, los ministros de Gobierno, de Justicia y de Defensa, como buenos cuadrilleros, salieron al quite de un torero comprometido: que no serán todos, que solo quienes no tengan condenas, que únicamente los sanos, etc…. “Quiero dejar muy en claro que esto no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de la protesta continuarán en manos de los jueces hasta su terminación”, puntualizó Alfonso Prada, ministro de gobierno.
El propio ministro de Defensa a través de la prensa corrigió a su presidente: “No van a tener esa calidad (de gestores de paz) personas que hayan cometido hechos graves o que, por lo menos, estén imputados por hechos graves”, detalló el funcionario.
Por su parte, el magistrado Hugo Alexander Ríos, presidente del Tribunal Superior de Bogotá aclaró: “Todas las decisiones de los jueces se han tomado sobre la base de un ordenamiento jurídico, son decisiones legítimas. Quienes han sido privados de la libertad, están allí por una orden de autoridad competente emitida de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, luego no hay ninguna detención ilegal”, dijo el jurisconsulto.
A escasos 100 días de su mandato, el gobierno Petro ha certificado 35 líderes asesinados, 29 masacres y una condenada, alias Violeta, como negociadora ante el eln en Caracas, no sabemos aún si ganando 800 mil pesos mensuales por su explosivo aporte.
En medio de esta confusión, el desconcierto crece mientras el orden público se escapa entre las manos del gobierno de un extremista de la izquierda que por primera vez llega a la presidencia en Colombia: seis soldados del batallón Pichincha asesinados, siete heridos y otros tantos desaparecidos en la vereda Muchiques, municipio de Buenos Aires, Cauca por cuenta de la cuadrilla Jaime Martínez de las farc y dos policías asesinados en Bogotá, en las recientes horas.
Con la inflación anual más alta de en lo que va corrido del siglo, 12.53%, un equipo ministerial radical y primario, el mandatario ha declarado a una cadena radial que “me he empezado a sentir débil” por cuenta de una tos que no lo abandona, aunque algunos maliciosos hablan de rumba y whisky y advierten de videos comprometedores en manos de un alto ex funcionario del Estado.
El escenario, pues, no pinta nada fácil para los colombianos que guiados por un fanático anclado en su pasado revolucionario llegó a la presidencia tras el desencanto de unos electores que buscaban otro tipo de “cambio” que no sea la continuación de 60 años de violencia interna y de ser señalados como los primeros productores de cocaína del mundo, factores que en nada ayudan al buen nombre de la colombianidad. Los vínculos con Maduro, Lula, Boric y por supuesto con AMLO, dejan una amplia inquietud sobre el giro del continente hacia la izquierda radical y maluca de esta parte del mundo. Las estadísticas nos previenen: la opinión pública prefiere un gobierno fuerte, bien de derecha (Bukele) o de izquierda (¿Petro?) que la malfuncionante democracia actual. ¿Hacia allá nos encaminamos?