Nos muestra la historia que las democracias empiezan a perderse cuando el ciudadano pierde la confianza en el sistema electoral, y empiezan a caer cuando al menos uno de los contendores con posibilidades está por encima de la ley, cuenta con recursos ilimitados, tiene respaldo armado y se vale del terror para amedrentar a la población.

Es hora de que el país entero juegue con la camiseta de ganar y vote por la libertad, rechazando los ataques de las fuerzas que nos quieren convertir en perdedores y llevarnos al decrecimiento y la autodestrucción. Esto no se soluciona firmando más acuerdos lisonjeros, con los cuales solo se legitima lo que los ilegales nunca van a cumplir.

Llegó el momento de unirnos frente a una compleja realidad; la infiltración ideológica de quienes han sido victimarios, en el sistema educativo y en muchas entidades del Estado como la justicia, el parlamento y los entes de control. Tenemos que pronunciarnos en contra de la forma como están amenazando a los trabajadores para que no puedan ir a laborar y sientan miedo de votar, generando angustias y destrucción de valor en las poblaciones más afectadas por el microtráfico y el narcotráfico.

Los colombianos somos un pueblo honrado y trabajador. No le apostemos más a las falsas promesas de asesinos, cacos, ideólogos resentidos, terroristas y seres degenerados que hablan de arreglar el país mientras amenazan con terrorismo, estatización, concesión de perdón social y creación de mecanismos jurídicos absolutorios a los actores y las acciones de la violenta delincuencia criminal.

Exijamos que quienes nos gobiernen y lideren sean personas buenas, honorables, preparadas y con voluntad de servicio, no quienes han traspasado la barrera criminal destruyendo y eliminando vidas humanas ni quienes los acolitan. Aprendamos que ni con el terrorismo, ni bajo amenazas de terror alguno se puede acordar o pactar nada. Eso es una burla y un negocio.

No permitamos en Colombia, lo que ya ocurrió en las dictaduras que destruyeron Cuba, Venezuela y Nicaragua, ni lo que sucedió en Bolivia, Chile, Perú, Argentina y México. No hay reversa democrática una vez se toma el poder alguien respaldado por el crimen organizado que le imponga al pueblo un régimen totalitario narco-comunista fundamentado en el resentimiento, el odio de clases y los discursos que favorecen a las minorías comprometidas y excluyen el interés general.

Si en Colombia elegimos a una persona cuya formación y trayectoria está por fuera del marco de la legalidad, y si optamos por un sistema contrario a la libertad de empresa; ¿Cómo hará el estado para mantenernos a todos, cuando no existan negocios e inversionistas lícitos que generen ingresos, puestos de trabajo y paguen los impuestos?

¿Cómo hará el país y los próximos gobiernos para poder financiar su gasto operativo y la inversión social, si elegimos un sistema que sea complaciente con toda suerte de actividades ilegales, como son la deforestación para la siembra de coca, la producción de cocaína, la minería ilegal y el contrabando, y que no de estabilidad jurídica ni garantías a la inversión doméstica y extranjera?

¿Cómo puede un gobierno aliado con el terrorismo, que se oponga a la económica de mercados y a la producción tecnificada y debidamente mitigada de hidrocarburos y minerales, mantener un nivel de deuda sostenible, invertir en preservar y mantener el medio ambiente y transformarnos en una economía de servicios? 

La única forma es realizando ahora una juiciosa extracción legal, moderna y tecnificada de recursos naturales, como única actividad que le genera regalías al estado y a las regiones, de modo que la curva de ingresos de la hacienda pública no sea cada día más insuficiente frente a una mayor la demanda agregada de una población joven que requiere más educación, empleos, salud, energía, infraestructura básica y de transporte, comunicaciones, etc.

La elección que se avecina no es sobre la relatividad ideológica entre izquierda y derecha. Lo que está en juego es la libertad de toda una nación. Los procesos revolucionarios sean abiertos o enmascarados, pseudo democráticos o nuevas modalidades de dictaduras, son aceleradores del empobrecimiento colectivo y una forma clara de opresión e injusticia social generalizada.

No hace sentido reemplazar la constante lucha del Estado contra la corrupción, por un sistema totalmente corrupto, totalitario, narco-comunista, financiada por la ilegalidad y la devastación social y ambiental de que se nutre la criminalidad en todas sus formas y manifestaciones, y que pretende cambiar el referente de los valores que soportan nuestra normatividad y nuestra libre movilidad económica.

Cuidado que el candidato del narcoterrorismo no es Clístenes, ni las circunstancias del mundo actual son las de Grecia antigua, ni las de Francia al derrocar la monarquía. Lo que puede ocurrir en Colombia, que ha sido por 212 años una democracia constitucionalista republicana, imperfecta pero libre y con una sólida institucionalidad, es la instauración de un totalitarismo narco-comunista.

El malvado y nefasto tartufo, fue quien en Colombia convirtió lo ilegal en legal. Fue quien le dio pasaporte social a la criminalidad con su acuerdo de paz, y por ese detalle, esto se puede calentar feo e incluso llevarnos a una guerra civil.

Ese muñeco diabólico, su perverso titiritero y toda su pandilla, fueron quienes compraron la cuestionable enmienda constitucional con que le abrieron la posibilidad a toda suerte de criminales de participar en política y de ocupar cargos públicos, disfrazando de cambio a la dialéctica demagógica del populismo que siempre se vale del engaño para abusar de desinformados, inconformes, inútiles e ignorantes.

La pregunta es, ¿Cuál cambio? ¿Cambio positivo para bien, con esfuerzo, trabajo y sacrificios? o ¿Cambio para mal de manera facilista que nos lleve a una irrecuperable destrucción de valores y valor?