Pues bien, nadie, salvo el cínico registrador nacional, Alexander Vega, puede decir que en Colombia el fraude es imposible, porque existen numerosos mecanismos para blindar la pureza del sufragio.
Cuando la propia Registraduría reconoce que hubo “inconsistencias en 22.255 formularios E-14” y “posible responsabilidad penal en 5.109 mesas”, es imposible negarle eficacia a una maquinaria que sumó, tres días después del tal “preconteo”, 390.000 votos, solamente para un político, sin que se hubiera verificado, voto por voto, el auténtico resultado electoral.
Esos extraños votos del Pacto Histórico, que nadie ha visto ni contado, aumentaron súbitamente hasta 20 sus curules en el Senado, en detrimento de otros partidos cuyos votos sí son comprobables.
No se exigió, por culpa de la mayor parte de los partidos, la repetición completa y pública del escrutinio, como era necesario en vista de la multitud de hechos extraños en el proceso comicial. En cambio, bastó por parte de la Registraduría, con reconocer algunas “inconsistencias y errores” para que fueran aceptados unos resultados evidentemente trucados en beneficio de un movimiento extremista.
Nadie sabe si los 22.225 formularios E-14 tachados por la Registraduría han sido computados. Desde luego, deberían haber sido excluidos del cómputo, pero —repito— se ignora cuál ha sido su destino.
La conclusión inevitable es que los resultados de 22.225 mesas, por lo menos, son espurios, y ese número equivale nada menos que al 17 % de las mesas (¿pero son confiables los datos del 83 % restante?).
Se equivocaron entonces en materia grave el presidente de la República y la gran mayoría de los dirigentes políticos al aceptar las cifras del registrador, dando con premura y sin pruebas como buenos unos resultados nada confiables, en vez de provocar la salida (y hasta la denuncia penal) del protervo funcionario.
Sus antecedentes personales, sus viajes, las entrevistas con ciertos candidatos, los amigos, la destitución masiva de centenares de funcionarios y su reemplazo por vaya usted a saber quiénes, y sobre todo los contratos de costo astronómico otorgados a proponentes únicos, estrechamente vinculados con Juan Manuel Santos y con el gobierno social-comunista español, hacen previsible el fraude más aterrador y sin recursos viables para su impugnación. Y el carrusel de empleados entre Indra y la Registraduría…
En las elecciones de marzo 13 operó, bajo la autoridad electoral, el binomio de FECODE (que copa las mesas con jurados bien aleccionados) y DISPROEL (que computa y declara los “resultados”).
Dizque para corregir tanta podredumbre en la elección presidencial, se prometen algunos distractores cosméticos, como inocuas modificaciones en los formatos E-14 y el anuncio de misiones extranjeras de observación (inútiles, innecesarias y sesgadas), sin olvidar alguna capacitación para unos cuantos jurados, pero mientras opere ese mismo torcido binomio, siempre bajo Vega, los resultados nunca serán confiables.
Basta con algún algoritmo torcido para que un empate técnico se convierta en triunfo por un estrecho pero plausible margen. ¡Con esta “estructura” para el escrutinio, Fico puede ganar en las urnas y perder en la Registraduría!
Por desgracia, a pesar de las valerosas denuncias de Andrés Pastrana, Fernando Londoño, Eduardo Mackenzie y el Foro Atenas, los grandes medios masivos y la mayoría de los partidos políticos pasan como sobre ascuas por este asunto trascendental y definitivo para la supervivencia del estado de derecho y la democracia.
Estamos a 31 días e la primera vuelta presidencial y el registrador Vega está atornillado por los presidentes de las cortes mamertas que lo eligieron, no habrá selección confiable de jurados y el cómputo lo harán los cuestionables contratistas.
¿Marchamos vendados hacia el abismo?
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Como una candidata viene prodigando un “abrazo ancestral de amor”, pregunto si ese era el que daban los vendedores tribales africanos a sus hermanos de raza, antes de embarcarlos en las naves de los compradores portugueses de esclavos.
