Ante todo, recordemos la cruda realidad que teníamos en materia de salud antes de los 90´s. Por un lado, el 70% de la población no estaba asegurada, lo que implicaba que las personas cuando se enfermaban, si no contaban con los recursos para pagar una consulta particular, quedaban a la intemperie de la caridad de los hospitales públicos, los cuales no solamente tenían serios problemas financieros, sino que parecían hospitales de guerra debido a las nefastas condiciones de salubridad en que permanecían.

Por otro lado, el 30% restante se repartía entre unos planes de salud privados, que escasamente cobijaban el 5%, y el Instituto de Seguro Social, un asegurador público que a lo largo de sus más de 40 años de existencia se convirtió en una mole burocrática con innumerables escándalos de corrupción.

En otras palabras, la salud era un privilegio reservado para los más adinerados. Algo muy parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, donde una familia puede quedar en bancarrota para pagar las millonarias cuentas de las clínicas cuando no tienen seguro médico.

Por eso, es bastante importante el punto medio que se logró con la Ley 100 entre un sistema de cobertura privada y el aseguramiento estatal al crear los regímenes contributivo y subsidiado. En el primero, se afilian las personas con capacidad de pago, es decir, un modelo liberal clásico, mientras que en el segundo el Estado se hace responsable de la atención a la población vulnerable.

Con esto, el modelo se vuelve viable financieramente y todo colombiano tiene acceso a los servicios de salud, a tal punto que hoy en día la cobertura del sistema ya supera el 95%. Algo que, sin dudas, ha sido el principal éxito de la Ley 100.

Ahora bien, para la puesta en marcha del sistema hay dos actores que son fundamentales: las EPS e IPS. Las primeras, se encargan de administrar los recursos que el Estado entrega para la atención de los pacientes, mientras que las segundas son quienes prestan los servicios médicos.

En este contexto, Petro ha propuesto restringir a las EPS y que la labor de gestión del dinero lo realicen las Secretarías de Salud de las entidades territoriales. Una idea que puede sonar atractiva, pero que acarrea demasiados problemas.

Por ejemplo, nunca se podrá comparar la eficiencia administrativa del sector privado con el público. Mientras que las empresas logran el mayor rendimiento utilizando la menor cantidad de recursos posibles, en el Estado sucede todo lo contrario. Las entidades públicas terminan financiando nóminas inmensas para cubrir cuotas políticas. Los gastos de funcionamiento nunca disminuyen y el exceso de trámites impiden el cumplimiento rápido de los objetivos.

Además, no todas las entidades territoriales cuentan con la misma capacidad de ejecución. Una cosa es la fortaleza institucional de Bogotá o Medellín y otra muy distinta la de las ciudades pequeñas. Sencillamente otorgarles a las Secretarías de Salud las funciones que hoy desempeñan las EPS nos llevaría a revivir el caos del Seguro Social por todo el País. Burocracia y corrupción por doquier, a lo cual debemos sumar la mala experiencia financiera que sufrió Bogotá durante la Alcaldía Petro y que se replicaría en el Gobierno Nacional.

En efecto, durante ese periodo la cartera de los hospitales de la capital, o sea lo que se les debía, pasó de $622.000 millones a $1.2 billones, es decir, se duplicó en cuatro años. Asimismo, las pérdidas de Capital Salud, la EPS del Distrito, pasaron de $29.000 millones a $367.000 millones. Por su parte, el déficit de la red hospitalaria llegó a $270.000 millones al final de la Bogotá Humana, cifra que después pasaría a $4.000 millones de superávit con Peñalosa, y no se nos pueden olvidar las interminables filas que debían hacer los pacientes a la madrugada para poder agendar una cita.

Claramente este no es el camino. El País sí requiere modificaciones en el sistema de salud, tales como cerrar las EPS de garaje y hacer que a estas administradoras no solamente se les pague por el número de afiliados que tengan, sino también por la calidad del servicio que prestan. No obstante, pretender acabar con un modelo que hizo posible que la medicina les llegara a todos los colombianos es absurdo y peligroso.