La elección popular de esas autoridades parceló el poder ejecutivo y, con honrosas excepciones, extendió la corrupción por todo el país y arraigó perversas clientelas locales.

La revocatorio, en cambio, es un proceso dispendioso e inocuo, porque enfrenta al funcionario ladrón, venal o inepto, contra unos ciudadanos que tienen que recaudar y responder por fondos dentro de estrechos topes legales, para costear abogados, medios y publicistas, mientras el funcionario tiene su maquinaria y dispone sin cortapisas de la tesorería, puede coaccionar la amplia burocracia, y con amenazas o halagos movilizar el voto a través de incontables juntas de acción comunal.

En esas condiciones no es de extrañar que en los 31 años de vigencia de la Constitución de 1991, ciento treinta y pico de procesos de revocatoria hayan fracasado, y apenas dos lograsen éxito, mientras los gobiernos locales se anegaban en corrupción, ineficiencia y despilfarro.

Desde hace poco más de dos años, las tres ciudades más grandes del país padecen el calvario de alcaldes petristas, que también, desde luego, son personajes arbitrarios, irresponsables, erráticos, impreparados, rodeados de colaboradores escogidos en función de nepotismo o afinidades electivas, seguidores de agendas protervas y comprometidos con la subversión, que puede eliminar nuestra tambaleante democracia.

Entre esos tres individuos es difícil escoger el peor. Sin embargo, no exagero si considero que Quintero, el de Medellín, es más malo que sus homólogos de Bogotá y Cali.

Pinturita no solo ha combatido su revocatoria con todos los recursos de la rabulería, el sofisma y las afirmaciones calumniosas, sino que también ha dispuesto del apoyo torcido de la Registraduría y de magistrados del Consejo Nacional Electoral. ¡Y como si fuera poco, ha anunciado que repartirá tablets entre los escolares y lavadoras en los estratos menos favorecidos!

Apoyado por clientelas logreras, nacionales y locales, atornillado y tolerado, Quintero sigue aferrado a su idea de cambiar los constructores de Hidroituango, probablemente por un consorcio chino, lo que ciertamente no sería caja menor.

Ahora bien, ha aparecido en la política antioqueña una aspirante al Senado, Claudia Carrasquilla, quien como fiscal luchó contra la mafia narcotraficante hasta merecer el calificativo de “la dama de hierro”. Acabo de ver un video en el que se le pregunta qué piensa hacer de ser elegida, y, sin titubear, responde: “Llevar a Quintero a la cárcel, porque viola diariamente el Código Penal”. Muchos pensábamos lo mismo, pero por fin ha habido una persona que, con autorizado conocimiento del derecho penal, ha expresado un hecho lamentable y omitido por tantos medios enmermelados.

El país se debate entre la corrupción y la violencia. El sistema judicial, o se hace el de la vista gorda, o acostumbrado desde la Colonia a aplazar durante incontables años las decisiones urgentes nada hace, cuando la Policía cohibida y el Ejército acuartelado tampoco pueden cumplir con sus deberes. El Cauca arde, el Catatumbo y el Putumayo rebosan de coca, y en todos los centros urbanos se sale a la calle esperando el raponazo…

Darle vigencia inmediata y plena al Código Penal, en realidad sería el mejor programa de gobierno. Sin la represión del delito son imposibles la civilización, la convivencia y el progreso, pero hay tantos políticos de la cuerda de Quintero, tan cerca del poder en marzo, mayo o junio…