En Colombia nunca tuvimos régimen parlamentario, pero los gobiernos completaban mayorías comprometiendo congresistas. Al representante X se le colocaba el hijo bobo; al senador Y se le nombraba la querida...
A veces el voto se compraba enviando al parlamentario a conocer Italia...
Aquellos eran “pecados veniales”, pero luego se inventaron los auxilios parlamentarios, los cupos indicativos y otros eufemismos, para disimular el soborno, hasta llegar finalmente a la mermelada.
Esta última, por su inocente nombre, empezó a repartirse cada vez con menor sigilo bajo Juan Manuel Santos, y constituye el mecanismo supremo del actual gobierno, que la reparte ahora sin tapujos, en cifras, esas sí, galácticas.
Ahora en el Congreso hay dos grupos que no reciben mermelada: los del Centro Democrático —por estar en la oposición—, y los del Pacto Histórico —por ser del gobierno—. Entre esos dos extremos hay muchos congresistas de partidos que se dicen democráticos y hasta “independientes”, cuyos votos están en el mercado, lo que quiere decir que su precio depende de la oferta y la demanda.
La oferta es “elástica”, en el sentido de que hay legisladores que no siempre venden el voto, sea por tardía conversión moral, sea por temor a ser señalados. Del mayor o menor número de votos ofertados, el demandante, es decir el gobierno, determina hasta dónde puede o quiere pagar...
Lo anterior significa, ni más ni menos, que hay leyes más costosas que otras...
A partir de agosto 2022, en Colombia solo hay bonanza en dos sectores: el narcotráfico y el legislativo. El primero vende estupefacientes, y el segundo, votos.
El precio del voto parlamentario es fluctuante, porque se cotiza en una bolsa clandestina y de pocos operadores, pero en general tiende al alza, porque a mayor desgaste y desprestigio del comprador —el gobierno—, aumenta el poder del exigente vendedor.
Por otra parte, la mermelada es adictiva y conduce a ingesta compulsiva, pero para tranquilidad de los vendedores, los proyectos de ley que la requieren son abundantes.
Las cifras de 3.000 millones para el senador Alfa y 1.000 millones para el representante Beta, están al parecer ampliamente superadas. Según indicios, los billones “direccionados” a los congresistas desde la UNGRD no son los únicos destinados a esos fines por el gobierno, porque se siguen conociendo otras fuentes. Noticias Caracol (marzo 5/25) “conoció una lista en poder de la Fiscalía —suministrada por la señora Benavides, asistente del ministro Bonilla—, que hace parte de las pruebas que demostrarían cómo se repartieron contratos de INVIAS por más de 350.000 millones de pesos entre los miembros de las Comisiones Económicas del Congreso.
Si dividimos esos 350.000 millones entre los 27 legisladores, ya señalados con nombre y apellido, da un promedio de 12.962 millones por contrato, suma que, después de compartir con el ingeniero cómplice, debe dejar una cifra apreciable de 40 o 30% del monto, en el caso improbable de que la carretera sí se construya...
La generalización anterior es, desde luego, apenas didáctica, para dar idea de lo que puede rendir la mermelada. Tocaría a la Fiscalía desmenuzar contrato por contrato y legislador por legislador, cosa que tardaría varios años antes de conclusiones, suponiendo que ese organismo fuera impoluto y no dejara precluir la investigación, etc. etc.
Por eso, estas notas buscan solamente llamar la atención sobre la aterradora dimensión de la corrupción y sobre la imposibilidad de que un Congreso embadurnado detenga los letales proyectos de ley con los que el actual desgobierno llevará al país al caos y la miseria, con la eficaz ayuda de tantos congresistas, que saldrán, cuando Colombia esté como Venezuela, a gozar vida de multimillonarios en España, mientras sus compatriotas padecen el hambre y todas la carencias médicas y asistenciales que vendrán con la reforma a la salud, que acaban de aprobar.
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¿Habrá también mermelada para magistrados, jueces y grandes medios de comunicación?
