En primer lugar, y tal como lo había desarrollado hace un par de semanas, el incremento en el costo de vida que se registró durante 2021 no fue un fenómeno exclusivo de Colombia, sino una tendencia que se dio a nivel global. Por ejemplo, en Estados Unidos el precio de los bienes y servicios sufrió el alza más fuerte desde 1982 y en América Latina tuvimos variaciones de hasta 50% en países como Argentina, siendo la nuestra, de 5.61%, la más baja de la región.

En segundo lugar, la inflación no se incrementó por caprichos personales de los mandatarios, sino como consecuencia de haber puesto a circular una mayor cantidad de dinero en el mercado durante 2020 para contrarrestar la recesión que causaron las cuarentenas. Una dinámica que, repito, sucedió en todo el mundo.

En tercer lugar, la entidad encargada de controlar la inflación no es el Gobierno Nacional, sino el Banco de la República. Una institución independiente, de carácter técnico, que no responde a criterios políticos ni adopta sus decisiones buscando agraciarse con el Presidente de turno. De hecho, no han sido pocas las ocasiones a lo largo de la historia en que las medidas del Banco han generado molestias en la Casa de Nariño.

En cuarto lugar, la principal herramienta que utiliza el Banco de la República para controlar la inflación es disminuir o incrementar las tasas de interés con que le presta recursos a los bancos comerciales, un mecanismo que le permite aumentar o reducir el dinero que circula en la economía y frente al cual el Gobierno, más allá de dar una opinión y participar en la votación por medio del Ministro de Hacienda, no tiene mayor injerencia.

En quinto lugar, si hubo un aspecto que fue determinante para que el precio de los bienes y servicios se incrementara en Colombia, adicional a las medidas de choque para luchar contra la pandemia, fueron los bloqueos y paros del año pasado.

En efecto, recordemos que los casi dos meses que duraron esas manifestaciones causaron serias afectaciones a la producción agrícola e industrial del País, al transporte de carga y a las exportaciones, a tal punto que las pérdidas diarias ascendieron a casi medio billón de pesos y, por ejemplo, el precio de los alimentos en Medellín tuvo un incremento que osciló entre el 7.8% y el 44%.

En sexto lugar, no es coincidencia que la fecha escogida para las manifestaciones sea a tan solo diez días de las elecciones a Congreso del 13 de marzo. Con un pretexto completamente injustificado y sin soporte técnico alguno, esta convocatoria deja en evidencia los mezquinos propósitos electorales de un Comité que utiliza a los manifestantes como idiotas útiles para lograr sus objetivos políticos.

En séptimo lugar, si supuestamente los promotores del paro están tan preocupados por la inflación no entiendo por qué guardan absoluto silencio frente a las propuestas económicas de Gustavo Petro. Incrementar los aranceles, financiar el presupuesto con emisión de moneda o suspender la exploración petrolera lo único que causaría, además de un pánico financiero que derivaría en una masiva fuga de capitales, es una disparada en el costo de vida.

Una dinámica que está probada, ya sucedió en los demás países de la región que aplicaron esas medidas y que afectaría principalmente a las familias más vulnerables, quienes, en últimas, son las que terminarían cargando a cuestas las consecuencias de tener menos dinero disponible.

En otras palabras, este paro está basado en una gran mentira. Sus promotores pretenden engañar a los colombianos con graves errores técnicos con el fin de incidir en las elecciones del Congreso. Una dinámica perversa que deja en evidencia sus ambiciones personales y frente a la cual el Gobierno no tiene por qué ceder en lo más mínimo.