Para nadie es un secreto que ser formal en Colombia es extremadamente difícil. Cualquier emprendimiento debe someterse a un sinfín de trámites, procedimientos y costos que conllevan a que tan solo el 54.3% de las empresas sobrevivan después de cinco años. Prácticamente los negocios nacen muertos en un País donde la innovación y la creatividad hacen parte del ADN de las personas.

Una verdadera ironía que solo se explica en la excesiva carga que el Estado le impone al sector productivo para mantener un gasto público que se expande con mucha facilidad, pero se limita muy contadas veces.

Por eso, uno de nuestros principales objetivos cuando nos lanzamos al Congreso en 2018 era establecer un régimen tributario que facilitara la inversión e hiciera posible la generación de empleo, para lo cual no solamente era necesario retomar medidas que funcionaron en el pasado como los contratos de estabilidad jurídica a las mega-inversiones, sino, sobretodo, hacerle fácil la vida a las MiPymes, las cuales generan el 78% de los puestos de trabajo y son responsables del 50% del PIB.

Y la solución que construimos entre las Comisiones Económicas del Congreso y el Gobierno fue realmente buena: el Régimen Simple de Tributación-RST- que creamos en la Ley de Financiamiento de 2018, mantuvimos en la Ley de Crecimiento Económico de 2019, fortalecimos en la Ley de Inversión Social de 2021 y me atrevo a decir que va a cambiar la forma de emprender en Colombia.

En términos concretos, estos son los beneficios del RST:

En primer lugar, con un solo pago, que dependiendo de la actividad económica y el tamaño del negocio oscila entre el 1.8% y el 14.5% de los ingresos brutos, el emprendedor cubre el pago de seis impuestos: renta, industria y comercio, ganancia ocasional, consumo, avisos y tableros y la sobretasa bomberil.

Una cifra considerablemente menor al 35% que pagan las grandes empresas por concepto de renta y los demás tributos individualmente.

En segundo lugar, en el Régimen Simple las empresas no están sujetas a la retención en la fuente por concepto de impuesto de renta e ICA, lo que mejora significativamente el flujo de caja de los negocios.

En tercer lugar, las empresas pueden descontar del pago del Régimen Simple los recursos que destinen para cubrir los aportes a pensiones de los trabajadores. Medida vital para disminuir los costos de nómina y liberar presupuesto para generar nuevos empleos.

En cuarto lugar, las tiendas pequeñas que comercialicen alimentos y las peluquerías no serán responsables del pago del IVA. Finalmente, en quinto lugar, los emprendedores podrán descontar el pago del RST el 0.5% de los pagos que reciban a través de tarjetas y mecanismos electrónicos. Un beneficio muy importante para incentivar la bancarización de nuestro País.

Ahora bien, uno podría pensar que tanta belleza no es cierta y que estas medidas solamente aplican para un puñado mínimo de negocios. Sin embargo, eso no es así. De hecho, una de las grandes medidas que adoptamos en la Ley de Inversión Social del año pasado fue ampliar de 80.000 a 100.000 UVT el monto máximo de ingresos que registra un emprendimiento al año para poderse inscribir al RST.

Esto, en palabras sencillas, significa que todo negocio que reciba ingresos anuales por hasta $3.800 millones podrá acceder a este magnífico paquete de incentivos tributarios. Una cifra que, en la práctica, beneficiará al grueso de las MiPymes del País y solamente excluirá a las grandes empresas que, lógicamente, tienen la capacidad para asumir una carga impositiva más alta.

Dicho esto, es muy importante que los emprendedores sepan que el plazo para inscribirse en el Régimen Simple vence el próximo 28 de febrero, razón por la que están a tiempo de acceder a un sistema tributario especialmente creado para impulsar el empleo y fomentar el desarrollo económico y social del País.