Uno de los debates que mayor controversia y pasiones despierta, por su profundidad y trascendencia, es el del aborto.

De un lado están quienes consideran que la interrupción del embarazo es un derecho que nos asiste a todas las mujeres, y en el otro, los que creemos que la vida es sagrada y, en consecuencia, debe ser protegida.

No estamos ante una discusión entre feministas y antifeministas. Es una cuestión de orden legal, pero también moral.

Empecemos por revisar la Constitución Política. Allí se establece, sin espacio para interpretaciones, que el derecho a la vida es inviolable. Ese precepto, que no ha sido derogado, nos conduce a una reflexión que parte del siguiente interrogante: ¿desde cuándo hay vida? Hay tres posiciones. Algunos se remiten al artículo 90 del Código Civil que indica que “la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre”. Dicha norma no es concluyente porque se refiere a aspectos legales como, por ejemplo, acceder a una herencia.

Otros plantean que la vida comienza a partir de la decimosegunda semana de gestación, argumento fácilmente rebatible, pues no queda claro qué hay en el vientre de la mujer desde la fecundación hasta la semana 11 y 6 días.

Y la última, que es la que yo comparto, concluye que la vida existe desde el instante en que se produce la concepción.

Comprendo perfectamente la tragedia de cientos de miles de mujeres en el mundo que son víctimas de acceso carnal violento y que quedan en estado de embarazo. Pero esa situación no justifica la práctica de un aborto. Veámoslo con serenidad: en una violación en la que la mujer termina embarazada hay un victimario y dos víctimas: la mujer y el bebé. Planteo entonces: ¿por qué acabar con la vida de una de las víctimas Entiendo que la mujer –la otra víctima– no quiera ejercer la maternidad del niño no deseado. Pero también es prudente que comprendamos que el bebé tiene derecho a que su vida se respete. ¡Claro que es una tragedia! Pero es aún más trágico ejercer una medida drástica como el aborto contra una criatura que se encuentra en absoluto estado de indefensión.

Con el paso del tiempo, la Corte Constitucional ha ido moviendo el lindero en relación con el aborto, sin que el asunto haya sido deliberado por el Congreso, que es, por definición, el constituyente derivado, ni mucho menos por el pueblo, que es donde recae la soberanía de la nación colombiana.

Se empezó con las tristemente célebres 'tres excepciones': violación, malformación del feto y riesgo para la vida de la madre. Ahora, estamos frente a la posibilidad de que la corte apruebe el aborto sin limitación de ninguna naturaleza.

Por poderosa que sea, la constitucional no tiene el poder para modificar la carta. Su función esencial es guardar la integridad y supremacía de la ley de leyes. Cualquier sentencia que vaya en contravía de la misma significa –ya ha habido algunas– su desarticulación.

Pero en algo de singular relevancia como la vida sería gravísimo que 9 magistrados, que no son elegidos popularmente, den un salto al vacío decidiendo que el aborto es un derecho.

Mi posición al respecto es que, por tratarse de un asunto trascendental, deben ser los ciudadanos, a través de un referendo, los que digan la última palabra.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 1° de diciembre de 2021.