Una de las indagaciones más importantes tiene que ver con un cheque por 4000 millones de pesos de la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI. Se trata de conseguir los soportes de la consignación de ese cheque. El banco requerido deberá dar cuenta de quienes fueron los beneficiarios de las transferencias y pagos a terceros para determinar si se trata o no de ingresos no reportados de la campaña de Petro.
Este proceso se origina en una denuncia anónima instaurada en febrero de 2023 en la que el denunciante considera que se violaron los topes señalados en la resolución 0694 del 19 de enero de 2022 : para la primera vuelta $28.536.520.492 y para la segunda $ 13.347.457.247
En reciente derecho de petición que se contestó en noviembre del año pasado la máxima autoridad electoral dio cuenta de los siguientes reportes: Primera vuelta: ingresos: $19.977.255.890 M/L gastos: $28.384.680.001 M/L obligaciones pendientes de pago: $27.892.206.292 segunda vuelta ingresos: $ 11.638.068.743 M/L gastos: $13.199.709.794 M/L obligaciones pendiente de pago: $13.169.208.958,oo
En otro derecho de petición se indagó sobre el informe de auditoría de la empresa NexiaMontes y asociados SAS acerca de la campaña presidencial.
En febrero 9 de 2024 se informó que de conformidad con el artículo 74 de la Constitución existe un límite para el acceso a la información en los casos que establezca la ley. Por lo cual, al encontrarse el proceso en la etapa de indagación preliminar no se entregó la información la cual «en este estado del proceso es susceptible de reserva sumarial”.
No discutiremos aquí ese tema pero lo cierto es que durante 2023 el proceso permaneció bastante quieto y solo se tomaron determinaciones importantes en diciembre 12, ya en vísperas del cierre judicial. Y ahora, con el alargue probatorio ya no se podrá conocer en este mes de marzo la decisión de la plenaria del CNE.
Muchos ciudadanos se encuentran confundidos por los alcances de este proceso y el que cursa en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara deRepresentantes. Este es el denominado juicio político que tiene al frente al abogado José Manuel Abuchaibe Escobar y pretende probar la violación de los topes para dar curso a la aplicación del artículo 109 de la Constitución Política. De probarse se estará frente a la causal de indignidad. Este expediente se distingue con el No. 5914, teniendo en el auto de sustanciación de febrero 27 de 2024 la orden de práctica de medios de prueba de forma previa al cierre de la investigación preliminar en las voces del artículo de la ley 600 de 2000.
Desde la detención de Nicolás Petro se comenzaron a conocer informes sobre el ingreso de dineros a la campaña. Al parecer Nicolás se apropió de una parte de ellos y de una camioneta de alta gama, hechos por los cuales debe responder.
Según declaración de Day Vásquez, Santa Lopesierra les dio 500 millones para la campaña de Petro. Una parte de este dinero fue para uso personal y la otra para la campaña. Otro aporte similar fue el del hijo del Turco Hilsaca.
Tampoco se pueden olvidar los 15.000 millones mencionados por Benedetti ni los 5000 millones, aproximadamente, de 83.000 testigos electorales.
Y más recientemente se supo de 500 millones provenientes de Fecode y 600 millones de la Uso, que en voces de su Presidente en declaraciones a los medios confirmo su existencia, pero dijo que se hizo lejos del candidato y su campaña. Más cínico no pudo ser.
Están los aportes del cuestionado empresario Euclides Torres y los dineros gastados en la campaña en el Casanare.
Ciertamente el hoy presidente está gozando y abusando de privilegios que no debería tener. Pero su forma de minimizar las marchas del 6 de marzo en todo el país es hacer una referencia a privilegios.
Habrá una decisión administrativa por la máxima autoridad electoral, bien sea disponiendo el archivo del expediente por no haberse superado los topes o extendiendo un pliego de cargos a la campaña que hace que su gerente y el candidato deban responderlo.En esa eventualidad, se dará otro tiempo para conocer la decisión del CNE. Confiemos que si llegare a dar el pliego cuando menos la decisión se adopte antes de comenzar la campaña del 2026. Si se demuestra que si hubo violación de los topes, dar curso y aplicación al artículo 109 Constitucional, que para esos casos contempla la pérdida del cargo.
En fin, para el común de los ciudadanos ya tienen clara su decisión, prima la sanción social tal como ocurrió en el proceso 8000 en el que fue exonerado el presidente Samperpero el pueblo lo culpó por el ingreso de dineros sucios a su campaña.
https://elexpediente.co/, Bogotá, 09 de marzo de 2024.
