El caso de los magistrados “chuzados” que salpica al gobierno de Petro
Por Milagros Boyer
Panam Post, Miami
https://panampost.com/milagros-boyer/2024/06/22/el-caso-de-los-magistrados-chuzados-que-salpica-al-gobierno-de-petro/
22 de junio de 2024
El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, entregó a la fiscal Luz Adriana Camargo una carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, detallando seguimientos y perfilamientos a él y su esposa. También se reportan posibles chuzadas a magistrados auxiliares. El hombre clave de las “chuzadas” telefónicas sería Carlos Ramón González, director de la DNI.
La fiscal Luz Adriana Camargo está al frente de una grave denuncia que involucra interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional, presuntamente realizadas por [ los servicios de] inteligencia del gobierno Petro. En una sesión extraordinaria, el presidente de la Corte [Constitucional], José Fernando Reyes, entregó a Camargo una carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que detalla seguimientos, perfilamientos y chuzadas telefónicas que él y su esposa han sufrido.
Según la revista Semana, la alarma se encendió cuando un mensaje viral de WhatsApp, proveniente del celular de Ibáñez, advertía sobre estas interceptaciones ilegales. En su carta, Ibáñez indica que sus comunicaciones han sido intervenidas por organismos de inteligencia oficial colombianos sin autorización judicial, mencionando específicamente a la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entre otros.
Además, Ibáñez denuncia que las comunicaciones de los magistrados auxiliares de su despacho también han sido intervenidas, y no descarta que otros magistrados de la Corte Constitucional estén en la misma situación. La preocupación se extiende a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la JEP (Justicia especial de paz), donde también se reportan inseguridades similares.
Las denuncias incluyen seguimientos a la esposa de Jorge Enrique Ibáñez por parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. Un alto oficial confirmó a Semana la existencia de tales interceptaciones, mencionando nombres clave como Carlos Ramón González, director de la DNI, y René Guarín, jefe de Tecnología y Sistemas de Información en la Casa de Nariño.
La relación entre el gobierno y la Corte Constitucional ha sido tensa, exacerbada por decisiones judiciales contrarias a reformas propuestas por el gobierno Petro y recortes presupuestarios a la rama judicial. Este clima de desconfianza se ha agudizado con la llegada de Vladimir Fernández a la Corte, visto por algunos como un posible “espía” del ejecutivo (Petro]. La fiscal Camargo tiene el desafío de esclarecer estos hechos y garantizar la independencia judicial en Colombia. Las denuncias sobre persecución y vigilancia ilegal deben ser investigadas a fondo, y los responsables deben rendir cuentas para preservar la democracia y la justicia en el país.
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Carlos Ramón González, de sombra de Petro a faro de los escándalos en el “gobierno del cambio”
El Colombiano, Medellín
https://www.elcolombiano.com/colombia/perfil-de-carlos-ramon-gonzalez-CA24425430
6 de mayo de 2024
Una investigación de La Silla Vacía reveló que Carlos Ramón González no solo fue condenado por falsificar documentos para hacerle el quite a los topes de campaña cuando fue concejal, sino que se hizo políticamente de la mano del parapolítico Luis Alberto “El Tuerto” Gil.
El hoy director de Inteligencia –uno de los funcionarios más poderosos, pero silenciosos del gobierno de Petro–, hoy es señalado de ser el artífice de los supuestos sobornos en el Congreso para tramitar las reformas del presidente. Aun cuando es uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro y se jacta de ser de los pocos que le habla al oído, Carlos Ramón González conserva el perfil bajo y silencioso que valora, e incluso requiere, todo jefe de Estado. El hoy director Nacional de Inteligencia (DNI) –un exguerrillero que militó de tú a tú con Petro y quien tiene poltrona en la Alianza Verde–, es otro de los que también aparece salpicado en el escándalo que tiene contra las cuerdas al ‘Gobierno del cambio’.
Se trata del ventilador [las revelaciones] que prendió Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), quien desató un verdadero maremoto político al revelar que –con dineros de los carrotanques para La Guajira–, funcionarios del Gobierno pagaron supuestos sobornos a los presidentes de Senado y Cámara para asegurar el trámite de las reformas sociales. Ahora, este lunes se conoció que, siguiendo la línea de quien fuera su subalterno, el exdirector Olmedo López busca colaborar con la justicia y delatar a otros presuntos implicados en las irregularidades a cambio de beneficios judiciales. En este contexto, sobresalió el nombre de Carlos Ramón González.
El hoy funcionario –quien hasta hace dos meses ocupaba la oficina más importante de Casa de Nariño: la del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)–, habría sido quien dio la orden para que, a través de Gestión del Riesgo, se les pagará $3.000 millones a Iván Name (Alianza Verde), presidente del Senado, y $1.000 millones a Andrés Calle (Partido Liberal), presidente de la Cámara, a cambio de garantizar el trámite de las reformas de Petro.
El detalle de cómo, cuándo y en qué circunstancias ocurrió el supuesto soborno está consignado en una matriz que Olmedo López prepara ante la Fiscalía en búsqueda de un principio de oportunidad para delatar a funcionarios del más alto calibre a cambio de beneficios judiciales. La mención a González en semejante escándalo es de la mayor gravedad. Hasta febrero pasado era el director del denominado “computador de Palacio” y hoy está al frente de la Dirección de Inteligencia. Sin embargo, hace parte del primer círculo del jefe de Estado y, junto al hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, figuran como los funcionarios de más alto nivel salpicados en la trama de corrupción. El círculo lo cierran la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y Andrés Idárraga, secretario de Transparencia.
Carlos Ramón González, quien es conocido por ser uno de los jefes del partido Verde, es un aliado de antaño de Petro. El santandereano conoció al hoy presidente durante su paso por el M-19 entre los años 80 y 90. Fue congresista, concejal de Bucaramanga y uno de los impulsores políticos del partido nacido tras la desmovilización de la guerrilla: la Alianza Democrática M-19. Una década después, ahora bajo el rótulo del partido Verde Opción Centro, González –de la mano de Antanas Mockus y Antonio Navarro–, fundó lo que hoy formalmente se conoce como la Alianza Verde. En febrero del 2022, antes de su salto al gobierno Petro y mientras seguía llevando las riendas de ese partido, una investigación de La Silla Vacía reveló que González no solo fue condenado por falsificar documentos para hacerle el quite a los topes de campaña cuando fue concejal, sino que se hizo políticamente de la mano del parapolítico Luis Alberto “El Tuerto” Gil.
Por si fuera poco, el portal puso en evidencia que, apalancado en “una red de relaciones y empresas”, González y su familia se hizo a [firmaron] contratos estatales por más de $14.000 millones –particularmente en el sector salud–, sumado a ventajosos préstamos de dinero a su partido, la Alianza Verde. Sumado a su mención en el escándalo de supuestos sobornos legislativos, González protagonizó otra polémica este fin de semana luego de que el periodista Yohir Akerman –en una columna en la revista Cambio–, denunció que el gobierno pretende unificar vía decreto todos los servicios de inteligencia en la DNI. Ello implicaría que las fuerzas de inteligencia de organismos como la Policía o el Ejército, que hoy conservan cierta independencia, tengan que reportarle a la Dirección Nacional de Inteligencia.
“Los organismos de inteligencia de Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea deberán suministrar toda la información que la DNI requiera. Esto fácilmente podría deformarse en la pesadilla de espionaje vivida durante los gobiernos del expresidente Uribe”, advirtió Akerman en referencia a los excesos que se perpetraron durante el antiguo DAS. El propio Petro, una de las víctimas de esas chuzadas, tuvo que recular y echar para atrás las pretensiones del decreto. “Completa equivocación, no pienso unificar las inteligencias porque eso sería ir hacia el totalitarismo y yo soy un demócrata”, advirtió. ¿Pasará lo mismo con uno de sus coequiperos acérrimos?, ¿o el presidente preferirá mantener a Carlos Ramón González y tenerlo justo ahora mucho más cerca?
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“Nos manosean los ascensos”: oficiales del Ejército son perseguidos por Iván Velásquez
Revista Semana, Bogotá
https://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/nos-manosearon-los-ascensos-oficiales-del-ejercito-se-declaran-perseguidos-y-hacen-dura-denuncia-contra-mindefensa-y-cupula-militar/202411/
22 de junio de 2024
Militares denunciaron que el ministro Iván Velásquez habría dejado en manos de su secretaria privada el poder de definir los ascensos, pasando por encima de la cúpula, del comité y de las evaluaciones.
“Lo que voy a decir suena feo, pero es la realidad, el alto mando dejó manosear la institución, ahora los ascensos los decide una secretaria sin formación militar”, las palabras son de un coronel que por más de 27 años arriesgó su vida enfrentando grupos criminales como la guerrilla de las Farc y a quien el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, le frenó el ascenso, pese a que su hoja de vida tenía el visto bueno del Ejército y de las Fuerzas Militares.
Semana habló con mayores y tenientes coroneles que debían ascender en junio, pero los dejaron por fuera, pese a que los oficiales habían pasado los filtros del Ejército para ser llamados a ascender, los mayores a teniente coronel y los tenientes coroneles a coroneles. Cuando sus hojas de vida llegaron al despacho del ministro Velásquez, este las desechó, tirando a la caneca el año que ya se había tomado el Ejército realizando pruebas académicas, físicas, polígrafos, investigaciones internas, estudios familiares y otros filtros para tener en cuenta a los postulados.
“El ministro de la Defensa está politizando la fuerza, eso no debe pasar, se están saliendo de la norma. Además, se está viendo discriminación, a oficiales con investigaciones graves los ascendieron y otros que no tienen mancha los dejaron”, dijo uno de los coroneles activos que habló con Semana y quien pidió reserva de su nombre por seguridad. Para el oficial, lo que hoy se ve dentro del Ejército y la fuerza pública es incoherencia. Reconoció que tiene un proceso activo en la JEP, pero aclaró que en el pasado su caso había sido fallado a su favor, pero fue reabierto en la JEP.
Contó que el proceso tiene más de 18 años y por cuenta del proceso de paz con las Farc volvió a quedar vigente. “Yo combatí a la guerrilla, dimos de baja a cabecillas como el Negro Acacio; he obtenido distinciones, reconocimientos y los ascensos los he logrado sin ningún problema. El mando sabía que cumplía los requisitos”, mencionó el oficial. Pese a que su nombre estaba en la lista para ascender, después de cumplir el año de filtros del Ejército, cuando su hoja de vida llegó a la oficina de Adriana Fernández, secretaria privada del ministro, decidió que no podía ascender por el proceso abierto en la JEP.
“Ahora una secretaria está por encima del mando militar. Yo conté con el visto bueno del comandante del Ejército encargado del Ejército, el general Ómar Sepúlveda; del general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares; del general Samuel Salinas, jefe del Coper (Comando de Personal); del coronel ponente que me evaluó durante un año para que cumpliera con todos los requisitos”, señaló el oficial, quien hizo carrera en operaciones especiales.
Semana indagó con fuentes militares para saber si se trataba de un caso excepcional en el Ministerio y encontró que no es así. Al parecer, el ministro Velásquez está acudiendo a un patrón para dejar por fuera a oficiales de larga trayectoria, que conocen el campo de combate, las prácticas sangrientas de los criminales y cómo combatirlas. Todos los oficiales con los que habló Semana tienen algo en particular: son de operaciones especiales y dieron duros golpes contra las Farc, como es el caso de Raúl Reyes, el Negro Acacio, Alfonso Cano, los hoy inexistentes objetivos de alto valor. “El ministro está sacando a los que conocemos el terreno, los que podemos hacer frente a los criminales. El mensaje a quienes están adentro es que no formen parte de las fuerzas especiales porque allí uno casi siempre termina con investigaciones y eso se convierte en un problema para ascender”, dijo.
Para los militares resulta paradójico cómo a ellos, que en la mayoría de casos tienen solo una investigación en la que no han sido imputados, acusados o condenados, les frenan el ascenso, pero, por el contrario, el ministro Velásquez promueve el ascenso del coronel Carlos Feria, acusado formalmente por la Fiscalía de graves delitos en el caso de Marelbys Meza, y también promueva ante el Congreso el ascenso a general de cuatro soles, del nuevo comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, que, como lo reveló SEMANA, tienen tres investigaciones activas como indiciado en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Los oficiales se preguntan qué está pasando con el comité de ascenso, que es donde se evalúa a quienes van a subir un grado. El comité hace pruebas psicológicas, familiares, económicas, pruebas de contrainteligencia, recoge conceptos de compañeros y jefes, y todo ese tiempo e inversión de recursos se pierde por la necedad de una secretaria. Hay que mencionar que después del año del curso de ascenso, los oficiales ponentes exponen durante cuatro meses ante un general cada nombre de los postulados y dicen si es merecedor del siguiente grado o no. Luego, el general al que le tocó evaluar los nombres de los oficiales los presenta ante el comandante del Ejército, quien expone esos nombres ante el comandante de las Fuerzas Militares, quien a su vez presenta los nombres ante la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, que la componen el ministro de Defensa, Iván Velásquez; su secretaria privada, Adriana Fernández, y asesores jurídicos.
“Me siento traicionado, los altos mandos en cabeza de los procesos de ascenso no son capaces de hacer valer su cargo y defenderlos de las injusticias. Ven que están sacando a los operativos y se quedan callados”, señaló el oficial. Para los mayores y coroneles la situación que se está presentando con los ascensos es de extrema gravedad por la incoherencia del Gobierno. Según los militares, el Ministerio de Defensa, en especial la secretaria Fernández, están acogiendo la recomendación que hizo el padre Francisco de Roux, de la Comisión de la Verdad, que dijo que militares con investigaciones judiciales no deberían ascender.
Otro de los coroneles que hablaron con Semana dijo que, al acoger dicha recomendación del padre de Roux, el Ministerio les está violando el derecho a la presunción de inocencia. “La ley de ascensos es clara en mencionar que si no hay pliego de cargos o imputaciones ejecutadas se puede ascender”, señaló. Para el abogado John Castro, experto en derecho militar, el manejo que les está dando el ministro a los ascensos va a generar un detrimento patrimonial. “¿Qué va a pasar en el futuro? Todos esos oficiales a los que se les están negando el ascenso luego de haber superado todos los filtros y que el ministro sacó por la puerta de atrás, van a entablar demandas contra el Estado que seguramente serán falladas a su favor”, dijo el jurista.
Además, el penalista indicó que gran parte de la responsabilidad para frenar los ascensos es de la Fiscalía, que se demora décadas para resolver los casos judiciales. “Resulta que un oficial que está en un campo de combate tiene una denuncia por cualquier motivo desde hace décadas, no le han resuelto el caso y termina convirtiéndose en su inri”, dijo el jurista. De un grupo de más de 70 oficiales llamados a ascender y que cumplieron con todos los requisitos, más de una docena fueron descabezados, según los afectados, esto fue por decisión de la secretaria privada del ministro Velásquez, quien está imponiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que, está claro, no son vinculantes. Semana consultó con el ministro Velásquez por el rol que cumple la secretaria Fernández en los ascensos e indicó: “En varias oportunidades, de acuerdo con sus funciones, la doctora Fernández colabora con el rol de revisar, pero soy yo quien, una vez me presentan los soportes y documentos, defino la postura a tomarse en las diferentes juntas y ella se encarga de transmitir a las dependencias de Talento Humano de cada fuerza”.
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Venezuela: Una compensación que no compensa
Por Beatriz De Majo
El Nacional, Caracas
https://www.elnacional.com/opinion/una-compensacion-que-no-compensa/
22 de junio de 2024
Cuatro años estuvo preso en Venezuela Lorent Gómez Saleh, conocido activista en favor de las libertades y la democracia, después de haber sido deportado de Colombia por el gobierno de Juan Manuel Santos y puesto en manos del madurismo. De ello ha transcurrido una década y aunque tarde, un atisbo de justicia del lado colombiano surge en torno a él, aunque al joven venezolano nada ni nadie conseguirá borrarle los días y noches de horror que pasaron él y su familia en manos del régimen de Nicolás Maduro.
El joven director de la ONG Operación Libertad, quien había buscado refugio en Colombia por estar amenazado y perseguido por el régimen venezolano, fue detenido en 2014 por la policía colombiana y enviado a Venezuela, donde 24 horas más tarde fue ilegalmente conducido por el Sebin a la conocida prisión de La Tumba. Allí estuvo dos años y luego fue trasladado a El Helicoide, donde lo esperaban dos años más de tormento. De esta inenarrable y terrorífica situación y de las secuelas que ello tuvo en la vida personal y familiar de Gómez Saleh se han conocido los detalles a lo largo de los años y el propio Lorent se ha encargado de evidenciar lo que fueron sus días de horror en las cárceles del régimen chavista. Escuchar sus relatos equivale a ponerse en contacto con los peores actos de inhumanidad, con las más abyectas torturas. Sin embargo, en Colombia el Juzgado 58 Administrativo de la ciudad capital colombiana determinó que se produjeron graves irregularidades en el trámite de deportación del líder venezolano y por ello Migración Colombia fue condenada a pagar una indemnización al activista y a su madre por los daños que le ocasionó tal actuación de las autoridades colombianas. Este ente estatal es una unidad adscrita al ministerio de Relaciones Exteriores con autonomía administrativa, financiera y patrimonial con jurisdicción en todo el territorio nacional.
La firma de abogados Víctor Mosquera Marín al entrar en contacto con la irregularidad de la que fue objeto Saleh encabezó una causa que consiguió demostrar que al venezolano se le había impedido ejercer su derecho a la defensa, desconociendo por entero la extrema situación de vulnerabilidad en que se encontraría el sujeto al ser entregado a las autoridades represivas venezolanas quienes lo habían mantenido asediado y perseguido antes de huir a Colombia. Conocer el monto de la compensación a la que ha sido obligado el gobierno no agrega mucho a este asunto. Lo es relevante es que la decisión representa un avance para el reconocimiento y la consolidación de los derechos humanos en la región. Y es preciso destacar que el despacho legal Mosquera Marín acaba de recibir, por ello, una condecoración de la Federación Interamericana de Abogados la que le acaba de ser entregada en Miami en la ocasión de su 60 Conferencia.
Tal actuación llevó al juzgado mencionado a considerar los informes que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y determinó la existencia de méritos para la indemnización a Saleh y a su madre. Con el paso de los años el caso de Saleh se ha desdibujado como el de tantos otros venezolanos maltratados, perseguidos, encarcelados y torturados por el régimen de Miraflores. La depresión experimentada por Saleh lo llevó a intentar quitarse la vida. Debe, sin embargo, ser aplaudida la rectitud de las instituciones que actúan del otro lado de la frontera para visibilizar actuaciones como la del gobierno de Santos. Y debe evidenciarse, ante la colectividad que permanece pasiva ante la injusticia y el crimen, la tarea que algunos desarrollan para que no quede sin la debida compensación episodios de inhumanidad como éste.
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Este tweet fue escrito hace seis años
Por Jean-Patrick Grunberg
Dreuz Info
https://www.dreuz.info/2024/06/ce-tweet-a-maintenant-6-ans-299840.html
Traducido por Colombian News
23 de junio de 2024
Greta Thunberg: “Un renombrado científico del clima advierte que el cambio climático acabará con toda la humanidad si no dejamos de utilizar combustibles fósiles en los próximos cinco años”.
Ella terminó borrando su Tweet.
Los climatólogos constantemente hacen nuevas predicciones, que resultan ser falsas, sin excepción alguna.
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