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1. Corte admite presiones sobre caso del expresidente Uribe
El magistrado Alejandro Linares habló en La W sobre la decisión de la Corte de negar la tutela presentada del expresidente Uribe.
La Corte Constitucional, en una apretada votación 5-4, negó la tutela con la cual el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez buscaba tumbar la decisión que lo declaró formalmente imputado de los delitos de fraude procesal y soborno.
Con códigos en la mano, papel, lápiz y de forma presencial tuvo que sesionar el miércoles la Sala Plena de la Corte Constitucional por cuenta de las presiones derivadas de redes sociales y las filtraciones sobre el desarrollo de la misma, así lo reconoció en diálogo con La W el ponente de la decisión, el Magistrado Alejandro Linares.
Sobre la decisión, el magistrado Linares explicó que “había muchos elementos de juicio que la Corte debía ponderar y la Corte brindó una nueva oportunidad procesal al señor expresidente”, agregó que si cualquiera de las partes procesales identificare ámbitos de indefensión de garantías fundamentales sustantivas, podrá solicitar una audiencia innominada ante el juez de control de garantías para efectos de adecuar la actuación procesal en los términos del artículo 10 de la Ley 906 de 2004.
Esa decisión la había tomado el 6 de noviembre de 2020 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, luego de una amplia controversia sobre cómo debía seguir el caso una vez Uribe renunció al Congreso y el expediente pasó de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a la Fiscalía y, con ello, cambió de sistema procesal.
Ahora al perder el expresidente esta batalla jurídica, las cosas siguen tal cual están: el caso por supuesta manipulación de testigos seguirá su curso en un despacho de Bogotá, que debe decidir si avala la solicitud de prescripción de la Fiscalía, a la cual las víctimas se oponen. La decisión que se tome, en todo caso, podría ser apelada y revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.
https://www.wradio.com.co/, Bogotá, 11 de noviembre de 2021.
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2. Defensa de Uribe denunciará “presiones” de Santos ante la Corte
Su abogado, Víctor Mosquera, anunció que acudirá ante instancias internacionales.
La defensa del expresidente Álvaro Uribe anunció que denunciará las “presiones” del también expresidente Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional, afirma, para que esta rechazara la tutela interpuesta por el exmandatario en el marco del proceso que se le sigue por presunta manipulación de testigos.
Víctor Mosquera, abogado del expresidente, señaló que “se generan serias dudas por la decisión de la Corte de rechazar una tutela que pretendía salvaguardar los derechos del expresidente Álvaro Uribe, especialmente el derecho al debido proceso. Estas dudas se generan debido a que el magistrado Alejandro Linares revela que el expresidente Juan Manuel Santos, previo a la decisión, había sostenido varias conversaciones con diferentes magistrados sugiriéndoles que adoptaran una decisión contraria”.
Y añadió que ante el hecho, afirma, “se quebranta el principio de imparcialidad de los jueces”, denunciarán el asunto “ante los organismos internacionales de derechos humanos, en especial ante el relator para la independencia de jueces y abogados, la Unión Interparlamentaria y Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darles a conocer esta grave violación”
Alrededor de este caso también se informó que el expresidente César Gaviria habría abogado ante los togados pero a favor de Uribe, argumentando, con razones al parecer más políticas que jurídicas, que si Uribe es procesado todos los expresidentes también lo serían.
https://www.elheraldo.co/, Barranquilla, 13 de noviembre de 2021.
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3. Los argumentos de un magistrado que votó a favor de tutela de Uribe
Este es el salvamento de voto del magistrado Jorge Ibáñez en el caso Uribe.
El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar es uno de los cuatro integrantes del alto tribunal que discreparon de la decisión mayoritaria que negó la tutela con la cual el expresidente y exsenador Álvaro Uribe pretendía tumbar la decisión judicial que lo declaró formalmente imputado luego que su caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía y cambiara de sistema procesal.
En salvamento de voto de 10 páginas, el magistrado Ibáñez dijo que la indagatoria que rindió el expresidente bajo la Ley 600 de 2000 no se puede equiparar a la audiencia de imputación de cargos como dijo la decisión mayoritaria: “son instituciones de sistemas penales distintos, que obedecen a lógicas muy diferentes”.
Ibáñez expuso que la indagatoria se presenta en una etapa incipiente del proceso, como lo es la etapa de instrucción, que tiene como finalidad, entre otras, identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la conducta. Y en ella se interroga al indiciado o investigado sobre los hechos que originaron su vinculación y se le pone de presente una simple imputación jurídica provisional.
“Entendido de esa manera, es claro entonces, que esta diligencia se lleva a cabo en un estadio muy primigenio del proceso penal, en el que los funcionarios de instrucción aún no tienen claridad respecto de lo sucedido, pues apenas van a iniciar el recaudo probatorio a partir del cual más adelante determinarán bajo qué circunstancias acaecieron los hechos, y que son las que posteriormente cimentarán la resolución acusatoria”, dijo Ibáñez.
“En últimas, la diligencia de indagatoria es un medio de defensa con que cuenta el investigado para dar explicaciones sobre los hechos materia de la investigación y, al igual que ocurre con todo lo que se practique durante la instrucción, constituye prueba con vocación de permanencia”, agregó. Según su postura, “todo ese despliegue investigativo” de la Ley 600 de no se presenta en el sistema procesal regido por la Ley 906 de 2004, de tendencia penal acusatoria, el cual ocurre en la etapa de indagación preliminar.
“Es durante la indagación que la Fiscalía, como titular de la acción penal y valida de las labores de su cuerpo de policía judicial, adelanta los actos investigativos necesarios para recaudar información, evidencia física y elementos materiales probatorios que le permitan determinar la existencia del hecho que llegó a su conocimiento, las circunstancias en que se presentó y si tiene las características de un delito, así como la identificación de los autores o partícipes del mismo”, dijo.
Para Ibáñez, independientemente de la denominación utilizada en los dos regímenes procesales, se evidencia “que la formulación de imputación propia de la Ley 906 de 2004 y que se da cuando culmina la etapa de investigación conocida como indagación preliminar, se equipara es con la resolución de acusación que en la Ley 600 de 2000 se produce cuando se cierra la etapa de instrucción”.
“Es en estos dos momentos donde se consolida la labor investigativa del titular de la acción penal, pues se presentan luego de que concluye esa etapa de recaudo de elementos y de determinación de la forma en que ocurrieron los hechos. Es en ellos, donde el Fiscal debe delimitar con toda claridad la hipótesis fáctica, la cual resulta inmodificable, y sobre la que versará el juicio. Son decisiones de tal trascendencia, que es a partir de ambas que se interrumpe el término de prescripción de la acción penal y comienza a correr un término perentorio para que el enjuiciamiento del procesado se efectúe dentro de un plazo razonable”, agregó.
En ese sentido, para el magistrado Ibáñez, “no es posible técnica ni jurídicamente, equiparar la diligencia de indagatoria de la Ley 600 de 2000 en la cual se puede hacer una imputación jurídica provisional con la audiencia de imputación prevista en la Ley 906 de 2004 en la cual, con el cumplimiento de las reglas y garantías procesales se hace una imputación plena o íntegra con base en los hechos que ya han sido investigados, como erróneamente lo hizo la Corte Constitucional en la providencia de la cual con todo respeto me he apartado”.
El magistrado dijo que en este caso no se podía dar por imputado al investigado, Álvaro Uribe, por el simple hecho de haber rendido indagatoria”, esto es, de haber dado su versión de lo sucedido a partir de lo que hasta ese momento tan incipiente del proceso penal”.
“La errada equiparación, pasa por alto que podrán presentarse casos en los que el sujeto sea vinculado en debida forma, pero aquel haga uso de su derecho a guardar silencio de conformidad con lo contemplado en el artículo 337 ídem, redundando ello en que no se le interrogará sobre los hechos que llevaron a su vinculación”, agregó.
“Aceptar esa equiparación realizada en la providencia judicial atacada por vía tutela, constituye un absoluto desacierto, que muy seguramente conducirá a que en una etapa más avanzada del proceso, se invalide la actuación precisamente por ausencia de imputación derivada a su vez de la falta de delimitación de los hechos jurídicamente relevantes”, dijo.
Para Ibáñez, en el caso Uribe entonces, en la indagatoria rendida, “no hubo una delimitación concreta y específica de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permita inferir que él cometió las conductas investigadas” y, en consecuencia, “con observancia de las reglas propias de la investigación penal, no se le ha formulado imputación plena o integral al simplemente indiciado o sindicado ante y por un juez de control de garantías, previa solicitud del Fiscal luego de adelantar el juicio de imputación para que adquiera la condición de imputado”.
“No obstante lo anterior, al erróneamente equiparar la diligencia de indagatoria con la audiencia de imputación, con las graves consecuencias que de ello se derivan para cualquier investigado, incluido el ciudadano que es objeto de investigación en el caso sub examine, en todos los eventos en los que la Corte Suprema de Justicia pierda competencia para investigar y juzgar a un aforado y, consecuentemente, la actuación pase a la Fiscalía General de la Nación en la primigenia etapa de instrucción”, insistió.
Además, Ibáñez dijo que en la audiencia innominada que la decisión mayoritaria permitió a fin de verificar posibles faltas a las garantías procesales, realmente no se podrá hacer un control de legalidad de la actuación surtida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia "que es válida y así lo han aceptado los sujetos procesales que intervinieron en ella, y mucho menos subsanar la ausencia de la audiencia de imputación jurídica plena".
Esto, dijo, "con la grave consecuencia que el proceso podría continuar a la etapa de juicio sin que jamás haya existido imputación lo cual viola las garantías que el derecho convencional y constitucional ampara porque en garantía de la libertad y para evitar el abuso y la arbitrariedad, jamás se podrá admitir que se pueda ir a juicio sin imputación y acusación previas formuladas en su orden, con el respeto de las solemnidades que la Constitución y la ley establecen".
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@JusticiaET
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 11 de noviembre de 2021.
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4. Salvamentos de voto en tutela negada a Uribe
Si bien la Corte Constitucional negó el miércoles pasado la acción de tutela interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la que buscaba que se le quitara la calidad de imputado dentro del proceso penal que se le sigue por una presunta manipulación de testigos y fraude procesal, los salvamentos de voto de varios magistrados evidencian que la división al interior del alto tribunal no solo fue manifiesta sino que los juristas que se apartaron total o parcialmente del fallo advierten graves violaciones al debido proceso del exmandatario.
Con el recurso de amparo el exjefe de Estado, que renunció a su curul en el Senado en septiembre de 2020 y su caso pasó, entonces, de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, buscaba reversar la calificación de “imputado” que le señaló una decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, en septiembre pasado.
Uribe alegó entonces que la diligencia de indagatoria que rindió ante la Corte, que incluso le ordenó detención domiciliaria, se rigió por los postulados de la Ley 600 de 2000 (antiguo régimen penal mediante el cual se manejan los procesos en el alto tribunal). Esta diligencia, en criterio de la defensa del exmandatario, no podía ser equiparada a la imputación de cargos penales al amparo de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal, que rige la actuación de la Fiscalía).
Sin embargo, el Juzgado Cuarto sí hizo esa equiparación en septiembre del año pasado, razón por la cual Uribe interpuso una acción de tutela que le concedió, en enero de este año, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Este fallo llegó, entonces, a revisión de la Corte, que el miércoles reversó la decisión del Tribunal y ratificó la inicial del Juzgado. Lo hizo en una cerrada votación 5-4, con ponencia del magistrado Alejandro Linares.
Según la Corte, la decisión adoptada por el Juzgado fue el resultado “de la aplicación del principio de conservación de la validez y eficacia de lo actuado en los trámites procesales (en la Corte Suprema) ante el advenimiento de circunstancias que alteran su normal desarrollo (paso del caso a la Fiscalía), sin que al haber adecuado la actuación para entender al accionante como imputado, se le hayan desconocido sus garantías constitucionales y convencionales”.
Así las cosas, la Corte consideró válido “… acudir a principios y reglas del derecho procesal que permiten llenar el vacío y responder el interrogante planteado sobre si era posible considerar como equivalente, desde la perspectiva de la vinculación del sujeto pasivo al proceso penal, la diligencia de la indagatoria bajo Ley 600 (Corte) a la formulación de imputación bajo Ley 906 (Código de Procedimiento Penal)”.
De esta forma, el caso penal al exmandatario se mantiene, pero ahora bajo competencia del Juzgado 28 Penal del Circuito en Bogotá. Allí ya el fiscal de la causa, Gabriel Jaimes, pidió que se precluyera el proceso al considerar que Uribe no cometió ningún delito.
Sin embargo, hasta el momento la juez 28 no ha emitido ninguna decisión porque el senador del Polo, Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y otros particulares, reconocidos como víctimas, llevan varias semanas exponiendo sus argumentos para no cerrar el proceso y llamar a juicio al expresidente. Solo cuando todas las partes procesales hayan terminado sus alegatos, la juez tomará la decisión.
Salvamentos de voto
Votaron a favor de la ponencia de Linares los magistrados Diana Fajardo, Gloria Ortiz, Cristina Pardo y José Fernando Reyes. En contra, lo hicieron Jorge Enrique Ibáñez Najar, Paola Meneses, Alberto Rojas y Antonio José Lizarazo. De estos últimos, los tres primeros hicieron salvamento de voto total y el último parcial. Incluso Ortiz y Reyes se reservaron la posibilidad de aclarar su voto.
Ibáñez sostuvo que “… al erróneamente equiparar la diligencia de indagatoria con la audiencia de imputación, con las graves consecuencias que de ello se derivan para cualquier investigado, incluido el ciudadano que es objeto de investigación en el caso sub examine, en todos los eventos en los que la Corte Suprema de Justicia pierda competencia para investigar y juzgar a un aforado y, consecuentemente, la actuación pase a la Fiscalía General de la Nación en la primigenia etapa de instrucción, a partir de la desafortunada decisión de la Corte Constitucional se habrá concretado el desconocimiento de la garantía constitucional fundamental del debido proceso porque erróneamente se infiere que hay una imputación que jamás se ha formulado y que por lo mismo el indiciado tiene la condición de imputado que el ordenamiento jurídico no ha previsto y el instructor no le ha señalado porque no podía hacerlo”.
Para el magistrado Ríos la tutela debió concederse. Dijo que “con respetable pero equivocada decisión mayoritaria… la Corte Constitucional ha borrado de un ‘plumazo’ el Debido Proceso Clásico Liberal que tanta sangre ha costado desde las ordalías o ‘Juicios de Dios’ o la inquisición hasta nuestros días, y fractura lo que aún nos queda de la frágil construcción de la democracia moderna. Con esto se desconoció el mandato constitucional conforme al cual nadie podrá ser juzgado sino con ‘la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio’. Esta decisión quedará para la historia cubierta en sombras e incertidumbre”.
Sostuvo que “con esta nueva interpretación del artículo 29 de nuestra Constitución Política, la Corte pasó por alto la voluntad del constituyente, y adoptó el sistema de la eventual adecuación u homologación de procesos judiciales diversos, que, a manera de conversión procesal, se funda en que habría una supuesta equivalencia funcional. Este planteamiento auspicia la violación directa de la Constitución, y con ello, la violación al Debido Proceso del accionante”.
Vulneración evidente
Para la magistrada Meneses la decisión del Juzgado Cuarto de mantener la condición de imputado “adolecía de defecto orgánico y vulneraba el derecho fundamental al debido proceso de Uribe Vélez”.
La magistrada sustanciadora consideró que la Constitución y la ley no confieren al juez de control de garantías y al juez de conocimiento en un proceso penal la facultad de adelantar, motu proprio, la adecuación del trámite procesal. Por el contrario, en la Ley 906 de 2004, este acto procesal, de proceder, debe ser promovido y adelantado por la Fiscalía como titular de la acción penal.
En tales términos, la jurista encontró que, al ejercer una competencia que no le había sido conferida por la ley y la Constitución y que no estaba comprendida dentro de la apelación que conocía, el Juzgado Cuarto despojó a la Fiscalía que tenía a cargo la investigación de sus facultades constitucionales, afectó aspectos vertebrales del sistema acusatorio, desconoció el principio de legalidad y vulneró la garantía del juez natural.
A su turno el magistrado Lizarazo salvó parcialmente su voto por no compartir en su totalidad la decisión mayoritaria. “… Contrario a lo afirmado en la sentencia, el juzgado accionado sí se extralimitó en sus competencias como juez de segunda instancia al haberse pronunciado sobre la adecuación del trámite en una actuación convocada para fines diferentes, y que, por lo mismo, desconoció las competencias constitucionales de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto titular de la acción penal en los términos del artículo 250 de la Constitución”.
“La adecuación procesal en los casos de tránsito de un sistema penal a otro corresponde a la Fiscalía, la cual deberá en todos los casos presentar dicha adecuación ante el juez de garantías, a efectos de que establezca si en la diligencia de indagatoria se cumplieron los estándares aplicables a la imputación. Si bien existe equivalencia funcional entre las dos diligencias, de ello no se sigue que efectivamente en cada caso concreto se hubieren cumplido los estándares exigibles en materia de imputación, razón por la que se requiere la verificación por parte del juez de garantías. La decisión del juez accionado, por otra parte, no sólo se adoptó en una actuación convocada para otros efectos (decidir sobre la libertad), sino que no pudo ser controvertida, por haberse adoptado al resolver una apelación”, puntualizó.
https://www.elnuevosiglo.com.co/, Bogotá, 13 de noviembre de 2021.
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5. Conozca los salvamentos de voto a la decisión contra Álvaro Uribe Vélez
La Corte Constitucional publicó el comunicado sobre el fallo que negó la acción de tutela interpuesta por Álvaro Uribe Vélez contra el auto del 6 de noviembre del 2020 proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, por la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.
Entre otras consideraciones, el alto tribunal señaló que el juzgado accionado se limitó a mantener la validez y eficacia de la imputación de cargos hecha por la autoridad titular de la acción penal para el momento en que el accionante fue vinculado formalmente a la investigación penal, por lo que descartó la configuración de los defectos orgánico y de violación directa de la Constitución invocados.
De otra parte, señaló que si en una actuación judicial se provoca un cambio en la normativa aplicable de Ley 600 a Ley 906, o viceversa, los principios constitucionales de legalidad, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y economía procesal exigen conservar la validez y eficacia de lo actuado. (Lea: Hay equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación: Corte Constitucional en caso Uribe Vélez).
Como era de esperarse, la debatida decisión tuvo varios salvamentos de voto, entre ellos de los magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Paola Andrea Meneses Mosquera. Por su parte, Antonio José Lizarazo Ocampo salvó parcialmente su voto, mientras que Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes Cuartas se reservaron la posibilidad de aclaración. Estos fueron algunos de los principales argumentos expuestos:
Jorge Enrique Ibáñez Najar
En un extenso salvamento de voto, este magistrado señaló que la equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación no se soporta en regla constitucional o legal alguna, sino que resulta de una interpretación que es contraria al orden constitucional y la cual, por sí misma, lejos de garantizar los derechos del accionante, los vulnera. Al constituir un precedente judicial, de ser aplicado en otros casos, puede generar igualmente la vulneración de los derechos de los ciudadanos que sean objeto de investigación criminal.
En el caso concreto, agregó, no estaba en discusión definir cuál era el órgano competente para adelantar la investigación, así como tampoco establecer el rito procesal que debía seguirse, pues estas son cuestiones que ya fueron definidas oportunamente por las autoridades competentes.
En conclusión, indica, al contrario de lo resuelto, al revisar la acción de tutela promovida por Álvaro Uribe Vélez y la decisión adoptada por el juzgado cuestionado, la Corte ha debido amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa y revocar dicha providencia.
Antonio José Lizarazo Ocampo
Se aparta de la conclusión según la cual la providencia atacada no incurrió en los defectos orgánico y procedimental absoluto. En su concepto, la decisión mayoritaria es incongruente al señalar, por una parte, que la solicitud de amparo cumple con la exigencia de subsidiariedad, y por otra, reconocer la posibilidad de acudir a una audiencia innominada con fundamento en el artículo 10 de la Ley 906 del 2004 para obtener del juez la protección de las garantías fundamentales con efectos sustantivos.
Aclaró que, en lugar de la tutela, se ha debido acudir ante el juez de garantías con las mismas pretensiones de protección formuladas en la solicitud de tutela, luego esta ha debido declararse improcedente.
El juzgado accionado sí se extralimitó en sus competencias como juez de segunda instancia, al haberse pronunciado sobre la adecuación del trámite en una actuación convocada para fines diferentes, por lo que desconoció las competencias constitucionales de la Fiscalía, en cuanto titular de la acción penal, en los términos del artículo 250 de la Constitución, advirtió.
Alberto Rojas Ríos
Para Rojas Ríos, el amparo constitucional invocado por el accionante ha debido concederse. En su opinión, con la decisión se desconoció el mandato constitucional conforme el cual nadie podrá ser juzgado sino con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. “Esta decisión quedará para la historia cubierta en sombras e incertidumbre”, afirmó.
Según su salvamento, con esta nueva interpretación del artículo 29 de la Constitución Política, la Corte pasó por alto la voluntad del constituyente y adoptó el sistema de la eventual adecuación u homologación de procesos judiciales diversos, que a manera de conversión procesal se funda en que habría una supuesta equivalencia funcional, planteamiento que auspicia la violación directa de la Constitución, y con ello la violación al debido proceso.
El magistrado hizo una relación de 31 aspectos sobre las diferencias sustanciales entre la indagatoria y la imputación, entre ellos que (i) son instituciones jurídicas que pertenecen a modelos procesales diametralmente opuestos y (ii) la indagatoria no parte de una hipótesis concreta de autoría o participación, mientras que la imputación impone la exigencia previa de la inferencia razonable.
Paola Andrea Meneses Mosquera
Por su parte, la magistrada Meneses Mosquera señaló que el pronunciamiento hecho por el juzgado cuestionado adolecía de defecto orgánico y vulneraba el derecho fundamental al debido proceso del señor Uribe Vélez.
La Corte Constitucional ha señalado que el ámbito de protección de este derecho está integrado, entre otras, por dos garantías iusfundamentales esenciales: (i) el principio de legalidad y (ii) la garantía del juez natural, en virtud de la cual las autoridades judiciales solo pueden ejercer las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley.
En este sentido, consideró que la Constitución y la ley no confieren al juez de control de garantías y al juez de conocimiento en un proceso penal la facultad de adelantar motu proprio la adecuación del trámite procesal.
Corte Constitucional, Comunicado, Sentencia SU-388, 10/11/2021.
https://www.ambitojuridico.com/, Bogotá, 12 de noviembre de 2021.
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6. En el Centro Democrático todos respetan las reglas y apoyan a quien resulte ganador. No es cierto que algunos congresistas se irían del partido #FakeNews de Revista Semana
El Expediente consultó a un grupo significativo de parlamentarios del Centro Democrático para verificar la información publicada por la Revista Semana bajo el título ‘Si María Fernanda Cabal gana la consulta del Centro Democrático, algunos congresistas se irían con Federico Gutiérrez’.
Las respuestas de los congresistas José Obdulio Gaviria, Edward Rodríguez, María del Rosario Guerra y Paola Holguín, entre otros de diversas posturas en el CD, indican claramente que la información publicada por Revista Semana es totalmente falsa y a hoy no hay ningún congresista que tenga pensado renunciar al partido mucho menos como consecuencia de la elección del candidato para el 2022.
José Obdulio Gaviria: ‘El que gane, gana. Y el compromiso de los precandidatos es convertirse en comité de campaña del candidato del partido. La estrategia es conformar una gran coalición en la que nuestro candidato deberá ser el alma y nervio. El candidato de la coalición saldrá de una consulta popular en marzo. Toda la bancada va a trabajar por el candidato del partido en esa coalición. Esas son la reglas y ese es el acuerdo.’
Edward Rodríguez: ‘No es verdad. Yo no me voy del partido. La pelea se da adentro, con principios y valores’
Paola Holguín: ‘Yo lo he dicho y en eso clara, soy congresista del Centro Democrático y apoyo la candidatura del Centro Democrático. Ojalá se de una coalición entre mi partido y otros sectores que permitan defender la democracia’.
María del Rosario Guerra: Ese tipo de artículos lo que busca es dividir. Yo soy institucional, defiendo mi partido y creo que los cinco candidatos son excelentes y nos representan. Yo apoyo al que gane. Me sentiría más feliz si gana Óscar Iván pero respeto las reglas del juego’.
Los cinco precandidatos también han manifestado su disposición de respetar las reglas de juego pactadas y de apoyar al ganador de cara a la consulta de marzo y la elección de octubre de 2022.
https://elexpediente.co/, Bogotá, 13 de noviembre de 2021.
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7. "Si ganamos las elecciones se restablecen las relaciones con Venezuela": Petro
El candidato presidencial Gustavo Petro hizo el anuncio desde la ciudad de Cúcuta en la gira que adelanta la Colombia Humana.
El candidato presidencial Gustavo Petro llegó Cúcuta para cumplir una apretada agenda con jóvenes, empresarios y presentar sus propuestas a los diferentes sectores en la capital de Norte de Santander. El acto central se cumplió en el parque Santander, donde se desarrollaron actividades culturales y artísticas.
Desde otro punto de la ciudad, aseguró que de ganar las elecciones el próximo 7 de agosto se restablecerán las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela.
"Si nosotros ganamos la presidencia de Colombia, el 7 de agosto del año 2022, se restablecen las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, independientemente de quién gobierne allá", dijo.
"Si son los amigos de Guaidó, los amigos de Maduro o gente completamente diferente, independientemente de quién gobierne allá, las diferencias políticas o ideológicas de personas o entre gobiernos no pueden jamás destruir las relaciones de los pueblos", agregó.
Las autoridades ampliaron el dispositivo de seguridad, para evitar que el senador fuera víctima de cualquier ataque, en medio de su recorrido, teniendo como antecedente su visita hace cuatro años en Cúcuta.
En exclusiva con W Radio, Freddy Bernal, protector del estado Táchira y diputado del oficialismo, se refirió a la candidatura de Gustavo Petro. Señaló que, de ganar la presidencia de Colombia, mejorarán las relaciones diplomáticas entre ambos países; las cuales permanecen en una ruptura desde el cierre de la frontera Colombo-venezolana.
Freddy Bernal aseguró “Tengo que decirlo que sí, porque el senador Gustavo Petro tiene otra visión de la integración latinoamericana y caribeña, ha expresado de tener buenas relaciones con Venezuela y nosotros reafirmamos una vez más, la voluntad política de tener relaciones con la República de Colombia".
Además, se refirió sobre la relación con el gobierno actual: "lamentamos mucho, nos entristece que el Presidente Duque haya puesto la ideología por encima de ambos pueblos, y si el futuro Presidente Petro, así lo decide Colombia, estoy seguro que abrirá las relaciones”.
“Nosotros somos respetuosos de lo que decida el pueblo de Colombia, que revisen su historia y apuesten al futuro, pero respetaremos cualquier decisión que tomen”, señaló.
https://www.wradio.com.co/, Bogotá, 11 de noviembre de 2021.
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8. Gobierno Nacional consolida la hoja de ruta para transformar la ruralidad a través de 16 Planes Nacionales Sectoriales
Con una inversión que supera los $4 billones, diez ministerios y más de 15 entidades de Gobierno lideran la ejecución de los Planes Nacionales Sectoriales.
Gracias a estos planes, los 170 municipios PDET ya tienen conexión a internet.
La mayor parte de recursos de este año están asignados a inclusión social y reconciliación, transporte, educación, agricultura y desarrollo rural y trabajo.
A través de la política de Paz con Legalidad, el Gobierno del Presidente Iván Duque garantiza la transformación de la ruralidad en Colombia, con los 16 Planes Nacionales Sectoriales, una visión de largo plazo para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad.
El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró que los Planes son la apuesta de este Gobierno contra la pobreza.
“Este es un país donde la pobreza monetaria del sector rural es del 42% y los indicadores de la pobreza multidimensional son inquietantes. Los Planes Nacionales Sectoriales permitirán superar esos factores para que se cierre la brecha entre lo urbano y lo rural. Por ellos, se fortalecerá el trabajo en la ruralidad con temas clave de trabajo, vivienda, protección a la niñez y acceso a servicios”, aseguró el Consejero Archila.
Juan Camilo Giraldo, Subdirector General del Departamento de Prosperidad Social para la Superación de la Pobreza, por su parte, destacó que, con los Planes Nacionales Sectoriales, se fija un objetivo de largo plazo que tendrá acciones y seguimientos cada año para garantizar su ejecución.
“Prosperidad Social ha atendido a más de 38 mil familias víctimas de la violencia, cifra que llegará a 62 mil familias en agosto de 2022, incluidos los planes de retorno”, detalló Giraldo.
En materia de conectividad hay resultados positivos. La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama, manifestó que el Plan Nacional Sectorial de Conectividad Rural se convierte en un aporte fundamental para las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza en Colombia, pues al terminar el Gobierno se garantizará la conectividad digital al 70% del país, y en las zonas rurales, al 51% de las regiones.
“Hoy se avanza en el despliegue de infraestructura para facilitar el acceso a internet en Colombia, y de alta velocidad en las cabeceras municipales, hoy los 170 municipios PDET cuentan con internet en las cabeceras. A agosto del 2022, el 99% de las cabeceras municipales del país tendrá conexión a internet”, aseguró la Ministra.
En materia de movilidad, el Gobierno del Presidente Duque ha hecho la mayor inversión en vías terciarias. La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, manifestó que el Plan Nacional Sectorial de vías para la ruralidad será un gran aporte para la transformación del campo colombiano.
“Hay 105 proyectos con planes viales autorizados para municipios donde se ejecutan los PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Igualmente, hay 31 proyectos de infraestructura aeroportuaria, 63 con proyectos de regalías a través del Ocad Paz, 20 proyectos de obras por impuestos y 15 proyectos viales con recursos de cooperación internacional. También, en marcha 16 proyectos de vías fluviales”.
Se estima que a la fecha diez ministerios y más de 15 entidades de Gobierno lideran la ejecución de los 16 Planes Nacionales Sectoriales.
(Con información de la Consejería Presidencial para la Estabilización)
(Fin/mpp/for)
https://idm.presidencia.gov.co/, Bogotá, 12 de noviembre de 2021.
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9. ‘Hoy honramos todas las operaciones exitosas humanitarias, militares y de intercambio con otros países de la FAC en sus 102 años’: Presidente Duque
El Jefe de Estado encabezó la ceremonia de conmemoración de creación de la Fuerza Aérea en 1919, que se llevó a cabo en el Museo Aeroespacial Colombiano, ubicado en Tocancipá, Cundinamarca.
“Son 102 años de gloria de la FAC y que lleva la impronta del Presidente Marco Fidel Suárez”, recordó el Jefe de Estado.
Los 102 años de historia de la Fuerza Aérea Colombiana están llenos de gloria y de exitosos resultados en las operaciones militares, humanitarias y de intercambio con otras naciones del mundo, en la lucha contra el terrorismo y los delitos trasnacionales y apoyo a los damnificados por los desastres naturales.
Al respecto, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que el país entero reconoce la labor y la profunda huella histórica y de apoyo para todos los colombianos que ha marcado la Fuerza Aérea Colombiana.
“Hoy honramos todas las operaciones exitosas, humanitarias, militares y de intercambio con otros países” de la Fuerza Aérea Colombiana, dijo.
“La FAC es una institución que ha colaborado con todas las fuerzas para lograr las más grandes victorias contra el terrorismo, contra el narcotráfico, pero también adelantar las más destacadas operaciones humanitarias que conozca nuestro país. Una demostración de ello, la labor que cumplió y que cumple nuestra Fuerza Aérea para enfrentar el huracán Iota; otra demostración, las tareas que se adelantan cuando se presentan inundaciones o deslizamientos para movilizar el personal especializado”, recalcó.
Exaltó también la labor que adelanta la Fuerza Aérea en la Campaña Artemisa, con todas las fuerzas, para proteger nuestros ecosistemas y para garantizar que si hay alguna amenaza de incendio a nuestra naturaleza está presente para honrar la responsabilidad que se le ha encomendado.
El Jefe de Estado indicó que la FAC cuenta, también, con la impronta de su gran promotor, el Presidente Marco Fidel Suárez, quien adoptó las medidas necesarias que permitieron el nacimiento de la fuerza en 1919.
“Con un ímpetu soñador impulsó que en nuestro país se diera un proceso de transformación, con vocación de futuro, apostándole al sector aeronáutico. Fue en su Gobierno cuando se creó la sociedad como colombo alemana de transporte aéreo SCADTA, la primera aerolínea del continente, y fue en su Gobierno cuando apropió los recursos y, en un 31 de diciembre, le dio vida a lo que hoy celebramos como la Fuerza Aérea Colombiana”, dijo.
El Mandatario reiteró que ese legado del Presidente Suárez se mantiene a través del tiempo, por ejemplo, con la Escuela de Formación de la Fuerza Aérea Colombiana que lleva su nombre.
Marco Fidel Suárez, su visión y su legado
El Presidente Duque hizo un detallado recuento histórico del Presidente Suárez, su lucha personal contra la pobreza, la muerte de su único hijo en Estados Unidos y el “escabroso juicio político del cual Colombia nunca se ha arrepentido”.
Recordó, como dicen sus biógrafos, que el Presidente Suárez fue un niño inquieto con una gran cualidad: una fe permanente y una entrega a Dios, que marcó los grandes derroteros de su vida.
Como Presidente de la República, Marco Fidel Suárez “tuvo que enfrentar la más férrea de las oposiciones que se hayan conocido en el siglo XX; fue, además, despreciado por las oligarquías y fue despreciado también por muchos de los jefes de partidos, que eran figuras emergentes de la política”.
Y también debió enfrentar la pandemia de la “gripe española”, que arrasó con la vida de más de 40 millones de personas en todo el planeta y que llegó desde Estados Unidos a desplegarse por todo el hemisferio.
Su único hijo varón, quien estudiaba en Pittsburgh, la ciudad del acero de Estados Unidos, falleció por la enfermedad.
El hecho “le oscureció el alma y el corazón, lo llevó a una depresión que solamente la pudo derrotar con el amor a Colombia. Tuvo que enfrentar sin capacidades en el sistema de salud semejante adversidad y fundó el Instituto Nacional de Salud”, resaltó.
Agregó que las dificultades económicas para poder repatriar el cuerpo de su hijo, darle sacra sepultura y poder llevar ese momento de dificultad lo llevó a pedir recursos prestados contra su salario futuro, y se valieron de esa situación tan difícil en el seno familiar para vilipendiarlo y someterlo al juicio mencionado.
Una vez dejó la Presidencia, emprendió el proyecto intelectual de los ensayos con su personaje ficticio Luciano Pulgar, con el que buscó defender su legado.
‘El último Sueño de Luciano Pulgar’
Hoy, en la ceremonia, la teniente de Operaciones Especiales de la FAC, Camila Villegas, le entregó al Presidente Duque el libro ‘El último Sueño de Luciano Pulgar’, edición elaborada por la institución rindiendo homenaje al mandatario Suárez.
“Nuestro sueño se desarrolla día a día, cumpliendo la misión encomendada y teniendo en claro que la nueva frontera es el espacio”, afirmó la oficial.
El Presidente Duque agregó que 102 años después de que Marco Fidel Suárez hubiese soñado con ese camino aeronáutico para Colombia, se publica el libro “para que los colombianos puedan adentrarse y conocer a uno de los grandes de nuestra historia, a uno de esos hombres de superación permanente, a uno de esos hombres que nunca necesitó del dinero ni de la ostentación para conquistar sus sueños”.
Recordó el lema de la institución, “Ad Astra, así se llega a los astros, como una invitación para pensar en grande por encima de cualquier pequeñez, de cualquier nimiedad, de cualquier ataque, de cualquier perturbación. Ad Astra significa mirar a lo lejos, mirar trasegando, romper fronteras, y eso es lo que distingue al miembro de la Fuerza Aérea Colombiana”, concluyó.
(Fin/cfac/fca)
https://idm.presidencia.gov.co/, Tocancipá, Cundinamarca, 12 de noviembre de 2021.
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10. Presidente Duque entrega a Puerto Carreño su soberanía energética con nueva planta generadora
El Mandatario inauguró la planta de biomasa de la empresa Refoenergy Bita, de más de USD 26 millones y la primera de su tipo en el país, ubicada en la capital del departamento de Vichada y con una capacidad de generación de 4,5 megavatios.
“Gracias a este proyecto se logró la independencia energética de Puerto Carreño, que es un lugar muy importante de nuestro territorio”, indicó el Jefe de Estado.
En video: Duque en inauguración de primera planta de generación eléctrica de biomasa forestal (Puerto Carreño)
El Presidente Iván Duque Márquez le entregó este viernes a Puerto Carreño su soberanía energética al inaugurar una planta de generación de biomasa forestal, construida por Refoenergy Bita, lo que la convierte en la primera capital de departamento en Colombia en ser totalmente sostenible en su abastecimiento eléctrico.
La energía de la central de generación con biomasa, de 4,5 megavatios e inversiones superiores a USD 26 millones, beneficia a los 18.000 habitantes de Puerto Carreño, quienes antes dependían de la energía de Venezuela.
“Hoy vemos uno de esos proyectos con los que prometimos aumentar la capacidad de generación de energía con fuentes renovables no convencionales. Este proyecto tiene todo el sentido y tiene un mensaje de soberanía muy grande. La energía más cara es la que no se tiene y Puerto Carreño dependía de la energía que viniera de Venezuela. Dependía del estado de ánimo del dictador de Venezuela. Gracias a este proyecto se logró la independencia energética de Puerto Carreño, que es un lugar muy importante de nuestro territorio”, indicó el Jefe de Estado.
Refoenergy Bita produce energía a partir de la combustión de astillas de madera dentro de una caldera que, a su vez, genera vapor a presión que posteriormente ingresa a una turbina, cuyo movimiento genera la electricidad.
“Estamos hablando del primer proyecto de biomasa que tiene Colombia y genera para una comunidad y se convierte en piloto para desarrollos futuros”, explicó el Mandatario.
El Jefe de Estado dijo que Vichada es un departamento estratégico para el país por su biodiversidad y su naturaleza, su potencial para el desarrollo forestal y agroforestal, además de ser bañado por uno de los ríos más importantes de Colombia, bajo el esquema Ramsar.
El Presidente Duque recordó las acciones que ha emprendido el Gobierno para impulsar la Transición Energética, para contribuir a las metas de reducción de los gases de efecto invernadero y para lograr la carbono neutralidad en el 2050, lo que ha convertido a Colombia en referente a nivel de América Latina.
“Hace tres años y tres meses le dijimos a Colombia que la capacidad instalada en energías renovables era irrisoria, con 28 megas de capacidad instalada, y hoy, gracias, entre otras, a las modificaciones a la Ley 1715, el Plan Nacional de Desarrollo y la nueva Ley de Transición, Colombia pasó a tener, entre proyectos terminados, en construcción y adjudicados, 2.800 megavatios, lo que lo hace el país líder en América Latina en Transición Energética”, precisó.
De la misma forma, se comprometió a apoyar y sacar adelante los procesos de modernización y transformación de la red eléctrica del departamento, e informó que la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) realizará un programa de financiamiento para actualización de redes y transformadores para que el servicio de energía no tenga interrupción alguna.
Precisó que el proyecto inaugurado hoy protege de emisiones cercanas a 50.000 toneladas de CO2 al año. “Este proyecto contribuye a la carbono neutralidad, a la transición energética, a la economía circular y al desarrollo responsable y comercial de forestales. Algo más completo en una región como esta es difícil de lograr y quiero felicitarlos a todos”, dijo.
De la misma forma, recordó que el departamento también se ha beneficiado de los programas sociales creados por su Gobierno para proteger a los más vulnerables, de inversiones en vías terciarias y de infraestructura de transporte.
“En la pandemia y enfrentando esta situación social, en ingreso solidario llegamos a casi 4 mil beneficiarios, casi el doble de los que eran atendidos en el departamento; en devolución del IVA, llegamos a más de 2.500; tenemos a estudiantes universitarios beneficiados con la matrícula cero”, aseveró.
También recordó las obras por más de $500.000 millones con las que el Vichada se unirá eficientemente por carretera con su vecino, el departamento del Meta, así como los avances del proyecto Orinoquía-Pacífico.
“Esto es compromiso social con esta comunidad”, puntualizó.
(Fin/jmp/fca)
https://idm.presidencia.gov.co/, Puerto Carreño, Vichada, 12 de noviembre de 2021.
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11. Nos alegra que el jurista Carlos Bernal llegue a la CIDH en representación de nuestro país: Duque
“Nos alegra cosechar un nuevo logro en la política exterior con la elección de uno de los más destacados juristas de nuestro país”, añadió el Presidente Duque al destacar que el nombramiento se dio en el marco de la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Guatemala.
También indicó que el nuevo miembro de la CIDH “tiene una trayectoria académica en las principales universidades del mundo”.
El Presidente Iván Duque celebró este viernes el nombramiento del jurista colombiano Carlos Bernal en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Nos alegra que un colombiano llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y que llegue, también, en representación de nuestro país”, manifestó el Jefe de Estado al anunciar la elección de Bernal e ese organismo.
En el acto de inauguración de la primera planta de generación eléctrica con biomasa forestal que entra en funcionamiento en Colombia, el Mandatario destacó que el nombramiento del jurista colombiano se produjo en el marco de la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Guatemala.
“Nos alegra cosechar un nuevo logro en la política exterior con la elección de uno de los más destacados juristas de nuestro país”, añadió el Presidente Duque.
También indicó que Carlos Bernal “no solo es uno de los juristas más destacados de su generación, sino que también tiene una trayectoria académica en las principales universidades del mundo”.
Carlos Bernal es abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia en 1996, y obtuvo el Summa Cum Laude, la máxima distinción académica de ese claustro, donde es profesor de derecho constitucional desde 2002.
Es experto constitucionalista y cuenta con dos doctorados de las universidades de Salamanca y La Florida, además de varios libros y decenas de artículos académicos.
El jurista llegó a la Corte Constitucional en 2017, en reemplazo de la magistrada María Victoria Calle, y renunció antes de cumplir su periodo para irse de profesor a la Universidad de Ohio, en Estados Unidos.
(Fin/gaj/fca)
https://idm.presidencia.gov.co/, Puerto Carreño, Vichada, 12 de noviembre de 2021.
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12. Gobierno del Presidente Duque le cumple al departamento de Vichada con inversiones que superan los $853 mil millones de pesos
Como antesala de la gira de Cumpliéndole a las Regiones que realizó el Presidente Duque en la ciudad de Puerto Carreño, la Consejera Presidencial para las Regiones, Ana María Palau, informó sobre las inversiones que el Gobierno Nacional tiene en marcha en el departamento de Vichada.
De estas asignaciones se destacan más de $500.000 millones del paquete de reactivación “Compromiso por Colombia”, $135.921 millones de inversiones en ejecución, más de $27.813 millones en inversión social y $189.922 millones de inversión ejecutada.
Durante la visita al departamento, el Presidente hizo un recorrido por la balsa migratoria Las Toninas y entregó de permisos por protección temporal. Así mismo, inauguró la Planta Befoenergy Bita.
Bajo la premisa de este Gobierno de apostarle a la equidad, el Presidente Iván Duque llegó a la ciudad de Puerto Carreño para llevar a cabo la gira #CumpliendoleALasRegiones realizando importantes anuncios y entregas en materia migratoria y energética para la región. Y como antesala de la visita, la Consejería para las Regiones informó sobre inversiones y proyectos emblemáticos que el Gobierno Nacional tiene en marcha en el departamento enfocados en infraestructura vial, impulso a la economía familiar campesina, entre otros.
La Consejera Ana María Palau informó que para esta región el Gobierno Nacional avanza con un cumplimiento del 85% sobre los 62 compromisos adquiridos por el Presidente a través de espacios como los Talleres Construyendo País y los diálogos de reactivación económica Compromiso por Colombia; mediante los cuales el Gobierno ha generado inversiones en el departamento por más de $853 mil millones ratificando con hechos que le cumplimos a Vichada.
De estas asignaciones se destacan más de $500.000 millones del paquete de reactivación Compromiso por Colombia, $135.921 millones de inversiones en ejecución, más de $27.813 millones en inversión social y $189.922 millones de inversión ejecutada. Gracias a estos recursos avanzamos en la ejecución de proyectos estratégicos para la región, fortaleciendo la reactivación económica y la equidad en el departamento.
En ese orden, la Consejera Presidencial resaltó que “el Gobierno Nacional continúa avanzando con la entrega de obras y el cumplimiento de compromisos del Presidente Iván Duque que impulsan la reactivación económica de Vichada, mejorando el bienestar de los habitantes del departamento. Generando consigo mejores condiciones para el desarrollo, la equidad y la Paz con Legalidad a lo largo y ancho de este territorio. Gracias a las inversiones estamos transformando la conectividad del departamento, generando mejores oportunidades en lo económico y social, demostrando así que es con hechos que le cumplimos a Vichada y avanzamos en nuestra misión de construir un mejor país”.
Como parte del paquete de reactivación económica Compromiso por Colombia se destaca el megaproyecto proyecto Conexión Pacífico-Orinoquía, mediante el cual el Gobierno Nacional sigue transformando las vías del país, con obras de pavimentación y mejoramiento de 147 km de vía que comunica los departamentos de Meta y Vichada con miras a establecer una conexión con el Pacífico colombiano y el puerto de Buenaventura. En total serán más de 2.7 millones de personas beneficiadas con estas obras que generarán 3.620 empleos en la región desde su inicio en junio de 2021 hasta su finalización proyectada para el año 2029.
Así mismo, con miras a mejorar la competitividad y fortalecimiento del sector productivo de la región, el Gobierno del Presidente Duque ha destinado un total de $9.387 millones a proyectos de vías rurales en el departamento, con los cuales se interviene un total de 121 km a través de 5 proyectos de los cuales 3 hacen parte del programa Colombia Rural.
Por otra parte, Puerto Carreño se convierte en la primera capital de Colombia con fuente de energía limpia y renovable las 24 horas y logra su independencia energética de Venezuela.
De esta manera, el Presidente Iván Duque le cumple a Colombia inaugurando la primera planta de generación con biomasa con la cual cerca de 18 mil habitantes de Puerto Carreño se verán beneficiados con este sistema de energía cuya inversión fue de USD $20 millones y que empleó a 168 personas para su construcción. Con la puesta en marcha de este proyecto serán capturadas 50 mil toneladas de CO2 al año.
Es con hechos que Colombia ratifica su liderazgo en Transformación Energética en América Latina, con la firma del contrato interadministrativo entre el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE) y Electrovichada, por un valor de $54 mil millones, mediante el cual se beneficiaran a 2.915 hogares con soluciones energéticas solares fotovoltaicas en zonas rurales.
Sumado a lo anterior, la Consejera destacó las inversiones totales destinadas para el sector de Minas y Energía, que ascienden a $39.472 millones durante este gobierno. De estos montos, $19.460 millones ya fueron ejecutados, avanzando en la ampliación de cobertura de energía eléctrica en el departamento mediante la construcción, el suministro y la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica con los que beneficiamos más de 976 hogares en el departamento.
Otras inversiones para el departamento
En materia de inversión social, el Gobierno Duque le cumple a Vichada con $27.813 millones de inversión con los cuales beneficiamos un total de 10.183 hogares gracias a programas de transferencias monetarias, apoyo al empleo formal, subsidio al empleo de jóvenes y recursos para la educación con los cuales ratificamos con hechos que el pacto joven cumple.
Se destacan $26.416 millones para los programas de Transferencias Monetarias; $8.661 millones para 2.120 personas que se benefician del programa de Familias en Acción; más de $1.171 millones para 342 beneficiarios de Jóvenes en Acción; $6.017 millones para el programa Colombia Mayor que cuenta con 1.649 beneficiarios en la región; $9.637 millones para el programa de Ingreso Solidario y, más de $930 millones en Devolución de IVA impactando a 2.147 beneficiarios.
Adicionalmente, la Consejera mencionó las inversiones del Gobierno para incentivar la educación superior y apoyar a los jóvenes de la región a través del programa Generación E y Fondo Solidario para la Educación que han beneficiado un total de 340 estudiantes con una inversión cercana a los $1.205 millones.
En lo que respecta los proyectos de infraestructura educativa para el Vichada, este Gobierno sigue propiciando espacios óptimos para una educación de calidad que permitan consolidar una mayor equidad en la región, por lo que ha destinado una inversión por el orden de $4.200 millones para el mejoramiento, ampliación y reposición de 15 Instituciones Educativas que beneficiarán a más de 2 mil estudiantes.
Para finalizar, la Consejera Ana María Palau agregó: “Estamos seguros del potencial del departamento del Vichada y de su gente. Es por esto que seguimos avanzando con los compromisos pactados para beneficiar a miles de familias con más oportunidades para el progreso y la equidad en la región”.
Jornada ‘Cumpliéndoles a las Regiones’ en Vichada
Para continuar con este propósito de la equidad, el Presidente Iván Duque hizo un recorrido por el departamento donde inauguró la balsa migratoria ‘Las Toninas’, un nuevo Puesto de Control Migratorio Fluvial que hoy se convierte en realidad tan solo dos años después de que el mandatario se comprometiera con la entrega del mismo. De tal manera, este gobierno le cumple a Vichada mejorando las condiciones para la prestación de un servicio de control migratorio con calidad. Por este punto se estima serán atendidos cerca de 150 personas diariamente.
Adicionalmente, se realizará la entrega de Permisos por Protección Temporal a niños y niñas entre los 0 y 7 años que se acogieron al Estatuto Temporal de Protección a Migrantes.
Del mismo modo, el Mandatario inaugurará las instalaciones de la planta de generación eléctrica de biomasa forestal de la empresa Refoenergy Bita, la primera de energía renovable en el país, ubicada en Puerto Carreño. Mediante este sistema se beneficiarán cerca de 18 mil habitantes en la capital del Vichada gracias a una inversión de USD $26 millones que mejoran la calidad de vida de comunidades que antes dependían de la interconexión eléctrica con Venezuela. Ratificando el compromiso de este Gobierno por continuar cerrando brechas sociales en su propósito de consolidar un país con mayor equidad.
(Con información de la Consejería Presidencial para las Regiones)
(Fin)
https://idm.presidencia.gov.co/, Puerto Carreño, Vichada, 12 de noviembre del 2021.
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