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Barbosa y Cifuentes contra la Constitución
Por Eduardo Mackenzie
https://twitter.com/eduardomackenz1/status/1454063368831000577
29 de octubre de 2021
¿Ellos creen estar por encima de la Constitución? ¿Se creen exentos de respetar los principios esenciales de la democracia? Francisco Barbosa acaba de dar una clase de no Derecho, o de anti Derecho constitucional, sin que la prensa, ni el mismo gobierno de Iván Duque, ni los organismos de control constitucional, se percaten de la enormidad que ha lanzado, alegremente, el Fiscal General, ante los micrófonos. “Como fiscal general de la Nación, me opondré personalmente a cualquier modificación o alteración a la JEP (Justicia Especial para la Paz) y seré un opositor de grupos o partidos o movimientos que pretendan alterar el funcionamiento de la JEP” (1).
El nuevo presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, secundó ciegamente al Fiscal General y lanzó, sin gran originalidad, que “no permitirá que movimientos políticos quieran modificar la JEP de acuerdo a intereses privados”. Cifuentes culminó su frase con una advertencia digna de un maestro de escuela ante sus alumnos más traviesos: si hacen eso se les aparecerá el Coco. En palabras de Cifuentes: “si esto llega a suceder la CPI (Corte Penal Internacional) retomaría sus investigaciones preliminares en el país”.
Si alguien toma en serio las declaraciones de los dos altos funcionarios tendrá que admitir que en Colombia ya no es posible reformar ni la Constitución ni las normas aberrantes. Quedan pues, por fuera, o derogadas, por la sola proclama de esas dos eminencias, el título VI y el título XIII de la Constitución vigente que muestran los procedimientos a seguir para redactar o modificar las leyes y reformar la Constitución de Colombia.
La doctrina de estos dos funcionarios es grotesca: la JEP es intocable, no reformable ni derogable. La creencia de ellos dice que “los movimientos políticos” no pueden pedir la modificación de la JEP pues tal exigencia estaría motivada por “intereses privados”. La agresividad del doctor Barbosa es evidente: “Me opondré personalmente a cualquier modificación o alteración a la JEP (sic) y seré un opositor de grupos o partidos o movimientos que pretendan alterar el funcionamiento de la JEP”.
Es el mundo al revés.
Señores funcionarios: en una democracia los ciudadanos, incluso los grupos privados, los intereses privados, así como los partidos y grupos políticos, tienen el derecho de pedir cambios o reformas a la Constitución y tienen el derecho de pedir la creación, la reforma o la abolición de normas legales y constitucionales. Eso hace parte de la soberanía popular.
Ustedes deberían saber que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Que las leyes y las constituciones se deshacen como se hacen. Que la soberanía popular hace del ciudadano el actor principal. “El soberano está formado de particulares que lo componen”, escribía Rousseau. En el preámbulo de la Constitución de 1991, y en el artículo 3 de la misma, quien ejerce el poder soberano es el pueblo de Colombia, no las autoridades, ni la nación. La idea roussoniana de la soberanía popular ha vertebrado las constituciones de Colombia. Los funcionarios, sobre todo los de la rama judicial, son los servidores del pueblo. No lo contrario.
Según nuestra Constitución, el único que puede hacer, interpretar, reformar y derogar las leyes es el Congreso de la República. En eso nada puede jugar el Fiscal General. Y mucho menos el presidente de una oficina sin legitimidad y sin legalidad como la JEP.
Si un grupo de congresistas quiere modificar o abolir la norma que creó, o que pretende haber creado, la JEP, ese grupo está plenamente autorizado a hacerlo. Ese es su derecho y esa es su función. Sólo el debate parlamentario y la votación tras ese debate decide la suerte de la norma que algunos quieren crear, reformar o abolir. En eso no tiene nada que hacer el Fiscal General, ni funcionario alguno de la rama judicial. El Fiscal General es un elemento central de otro poder, un poder público que no está llamado a elaborar las normas de derecho. El fiscal está para aplicar las normas, no para crearlas, ni interpretarlas, ni modificarlas, ni derogarlas.
Es muy insolente la actitud asumida por los funcionarios citados. Barbosa incursiona indebidamente en política al lanzar tal declaración. ¿Lo hace por razones ideológicas? En febrero pasado, una vocera del socialismo incrustado en el sistema de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, lanzó la consigna: nadie debe tocar la JEP ni con el pétalo de una rosa. De inmediato, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la señora Bachelet, dijo que estaba “preocupada” porque algunos están proponiendo “reformas legislativas” para “terminar con la JEP” (2). ¿Desde cuándo el Congreso colombiano perdió su facultad de proponer reformas legislativas?
La oficina de la señora Bachelet se arroga derechos que no tiene, como decirles a los congresistas colombianos cuándo y sobre qué temas pueden o no presentar reformas legislativas. Eso es inadmisible. Y lo peor es que el Fiscal General de Colombia acate tales consignas y deje de lado el ordenamiento jurídico colombiano.
La JEP es una aberración. Es el resultado de un pacto negociado en secreto, no en el Congreso de la República --salvo para dar un pupitrazo al final y en términos ilegales (el llamado fast-track), luego de que el referendo nacional de 2016 rechazara ese pacto entre JM Santos y las FARC--. La JEP fue creada para garantizar la impunidad de un cartel narco-comunista, las FARC. La JEP ha cumplido con ese triste objetivo y se ha burlado de los cientos de miles de víctimas de las FARC. Sobra aquí la enumeración de tales hechos. La JEP espera seguir en eso durante años. No existe un solo precedente en el mundo de un organismo con tales objetivos. Sin embargo, la izquierda internacional, que se preocupa más por los derechos de los victimarios que de las víctimas, defiende la JEP y pretende acomodarle unas cartas de nobleza que no merece.
El partido Centro Democrático radicó en el Senado, en octubre de 2020, un proyecto de reforma constitucional para derogar la JEP. El fiscal Barbosa no debe oponerse a eso. Ese no es su rol. Como ciudadano él puede pensar lo que quiera, pero como Fiscal General debe abstenerse de intervenir en ese debate. Eso no sería “proteger la institucionalidad”, como él dice. Sería romper la separación de poderes. Quien está llamado a “proteger la institucionalidad” es el jefe del poder ejecutivo.
Eduardo Cifuentes dice que el proyecto radicado por el CD en el Congreso para crear en la JEP una sala para militares “es una afrenta directa [al] acuerdo”. Puede ser. Pero ante eso Cifuentes nada tiene que decir. No tiene derecho para hacerlo. El CD, en cambio, tiene el pleno derecho de criticar y de intentar atacar legalmente, y en el Congreso, el acuerdo Santos/FARC. Aquí Cifuentes y Barbosa olvidan su rango y devienen activistas de base de una organización política. Pero no lo son. Son funcionarios de la rama judicial que no deben inmiscuirse en la actividad del poder legislativo.
(1).- https://www.bluradio.com/nacion/jep-y-fiscalia-se-oponen-a-cambios-en-la-justicia-especial-para-la-paz
(2).-https://verdadabierta.com/nos-preocupan-las-propuestas-de-reformas-legislativas-que-buscan-terminar-con-la-jep/
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El Ejército entregó informe a la JEP sobre crímenes cometidos contra sus soldados
Por Rafael Pérez Becerra
RCN Radio, Bogotá
Con Colprensa
28 de octubre de 2021
El documento reseña que 280.657 militares fueron víctimas de secuestros, asesinatos y desaparición forzada durante el conflicto armado.
Este jueves el Ejército Nacional le entregó ocho informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el extenso documento narran los diferentes impactos que sufrieron los militares junto a sus familias en el marco del conflicto armado interno. Según las cifras recolectadas por la Fundación Colombia Herida -una de las organizaciones que presentará el informe- 280.567 militares sufrieron algún impacto en el marco de las confrontaciones y las acciones adelantadas por los grupos armados ilegales. En el documento se reseñan casos de secuestro, desaparición forzada y asesinatos, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que sufrieron los soldados.
Con esto se busca aportar a la contribución de la verdad y el esclarecimiento de los hechos registrados en todas las regiones del país durante el conflicto armado interno. El informe mixto será recibido por la magistrada Marcela Giraldo. En un comunicado se informó que el Ejército Nacional continuará con la contribución para el esclarecimiento de hechos que en el marco del conflicto armado han dejado como víctimas a militares, sus familias y a la población civil en general”.
Los ocho informes están divididos así: Informe Génesis - Autodefensas Unidas de Colombia, Informe técnico Soldados regulares víctimas de secuestro y desaparición, Informe Aportes a la Construcción de país: Un compromiso del Ejército Nacional, Informe Jano; cuatro Informes sobre victimización de militares, el informe Soldados sin Tierra, una investigación de conflicto en las regiones, dieciséis informes de la Colección Bicentenario, ocho informes y diecinueve casos del proyecto Luces para la verdad, ocho informes y diecinueve casos del proyecto Surcos de dolores, dieciocho libros académicos y dos productos transmedia.
El Ejército Nacional informó en un comunicado que “continuará con la contribución para el esclarecimiento de hechos que en el marco del conflicto armado han dejado como víctimas a militares, sus familias y a la población civil en general”.
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Cinco de la “primera línea” serán juzgados por terrorismo
IFM Noticias, Medellín
https://ifmnoticias.com/integrantes-de-la-primera-linea-seran-procesados-por-delitos-como-terrorismo-durante-paro-nacional/
28 de octubre de 2021
En un operativo que adelantaron las autoridades en Bogotá, fueron capturados cinco integrantes de la llamada “primera línea” por hechos vandálicos durante el paro nacional.
Se trata de cinco integrantes de la denominada “primera línea” que estarían involucrados en varios ataques vandálicos en la capital del país. Jonathan Steven Cortés Aldana es uno de ellos, señalado líder de este grupo y que será procesado por varios delitos como terrorismo, por presuntamente vandalizar estaciones de Transmilenio y generar incendios en diferentes zonas.
Entre los capturados está el sindicado jefe de esa organización que habría atacado y torturado a un patrullero de la Policía durante las manifestaciones del paro nacional que iniciaron en abril. Los cinco detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías este mismo jueves 28 de octubre en Bogotá, para que respondan por los delitos de tortura, concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno, perturbación al transporte público y lanzamiento de objetos peligrosos.
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La JEP tumbó condenas contra el coronel Hernán Mejía por "falsos positivos"
Por Rafael Pérez Becerra
RCN Noticias, Bogotá
https://www.rcnradio.com/judicial/jep-tumbo-condenas-contra-el-coronel-publio-hernan-mejia-por-falsos-positivos
28 de octubre de 2021
El tribunal protegió el derecho al debido proceso del excomandante del Batallón La Popa.
Un fuerte llamado de atención hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que se respetara su competencia dentro del proceso que se adelanta contra el coronel Publio Hernán Mejía por su presunta participación en las ejecuciones extrajudiciales.
Esto tras resolver una acción de tutela presentada por el oficial que consideró vulnerados sus derechos procesales después que en enero pasado la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificara su condena por los falsos positivos ejecutados por el Batallón de La Popa entre los años de 2002 a 2003. Para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas este fallo se emitió cuando el expediente contra el oficial ya estaba en conocimiento de la JEP tras aceptar el sometimiento del coronel. "Dejar parcialmente sin efectos la sentencia de 14 de marzo de 2019, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la de 31 de mayo de 2019, proferida por el juzgado cuarto penal del circuito especializado de Bogotá y la providencia de 22 de enero de 2021, expedida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá", señala el fallo de 88 páginas conocido por RCN Radio.
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La JEP y el Fiscal se oponen a cambios en la JEP
Por Juan David Ríos
Blu Radio, Bogotá
https://www.bluradio.com/nacion/jep-y-fiscalia-se-oponen-a-cambios-en-la-justicia-especial-para-la-paz
28 de octubre de 2021
Después de archivada la investigación por parte de la Corte Penal Internacional, uno de los requisitos es mantener la autonomía en la JEP, fiscal Francisco Barbosa y magistrado Eduardo Cifuentes se oponen cambios propuestos por partidos políticos. La Corte Penal Internacional (CPI) decidió en las últimas horas retirar la etapa de investigación preliminar en Colombia sobre violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Parte de los acuerdos que firmaron el presidente Iván Duque y el fiscal de la CPI, Karim Kham está en la autonomía que tendría la Justicia Especial para la Paz con recursos económicos e independencia política para tratar y estudiar los macro casos en el marco del proceso de Paz.
Ante esto, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, alegó que no se permitirá que movimientos políticos quieran modificar la Jurisdicción Especial para la Paz de acuerdo a intereses privados y que si esto llega a suceder, la CPI retomaría sus investigaciones preliminares en el país. “El proyecto que ha radicado el Centro Democrático en el Congreso de la República para alterar la Jurisdicción Especial para la Paz, para crear en su interior salas para militares, es una afrenta directa a este acuerdo. Un proyecto de esos inmediatamente pondría en acción a la Corte Penal Internacional tal y cómo ha quedado plasmado en el acuerdo que ha suscrito hoy el presidente Duque”, explicó el magistrado Cifuentes.
El magistrado Cifuentes, a su vez, declaró en Mañanas BLU 10:30 que junto al fiscal general de la Nación, se han establecido un marco de lo que debe respetar tanto este gobierno, como los futuros, sobre los compromisos de la JEP. Esto porque en Colombia, la Jurisdicción Especial ha dado resultado respecto a la investigación de dichos actos desarrollados en el conflicto armado. Además porque se seguirá en una relación estrecha con la CPI.
De igual forma, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa se comprometió a velar por la independencia de la JEP en el país para seguir trabajando e investigando sobre crímenes cometidos en el marco de la violencia nacional. “Cómo fiscal general de la Nación, me opondré personalmente a cualquier modificación o alteración a la Jurisdicción Especial para la Paz y seré un opositor de grupos o partidos o movimientos que pretendan alterar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Quiero que quede claro para el país, de que el fiscal general está jugado con la institucionalidad en Colombia”, mencionó el fiscal Barbosa.
Desde la JEP y la Fiscalía se comprometen a trabajar en conjunto para fortalecer esa independencia de la jurisdicción. Por parte de los acuerdos firmados, la CPI tendrá periódicamente reuniones con el Gobierno colombiano para evaluar cómo avanzan estos procesos en el país.
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Adelina Covo le pavimenta el camino a Petro en Cartagena
Las 2 Orillas, Bogotá
https://www.las2orillas.co/nicolas-petro-y-adelina-covo-le-pavimentan-el-camino-a-petro-en-cartagena/
25 de octubre de 2021
El pasado viernes, Gustavo Petro aterrizó en Cartagena y estuvo presente en una masiva concentración en el sector de La Boquilla, uno de los más populares de la ciudad. Petro, que sigue en sus correrías políticas haciendo campaña, contó con la ayuda de su hijo Nicolás, diputado del Atlántico y de Adelina Covo, que también lo recibió en su casa. Covo fue candidata perdedora de la Colombia Humana para la alcaldía de Cartagena en 2019 y desde 2011 lo viene acompañando políticamente y fue clave para que Benedetti entrara al petrismo, pues su hija está casada con el senador.
Petro aprovechó para lanzar pullas contra la familia Araújo: “El señor Araújo ha hecho parte y es parte sustancial del partido de los expropiadores. Saben que la riqueza de Cartagena es su paisaje, es su mar, es su historia, es su cultura, saben que eso se vende en la forma de turismo”. Araújo respondió e incluso en sus redes sociales publicó una imagen tomada de una cámara de seguridad de un hotel donde Petro, Benedetti y Covo estuvieron comiendo antes de su llegada a La Boquilla. Araújo aseguró que Petro es el expropiador y el "candidato de las Farc".
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Adelina Covo agredió y secuestró a la periodista Blanca Urango en 2019
Fundación para la Libertad de la Prensa, Bogotá
https://www.flip.org.co/index.php/en/informacion/pronunciamientos/item/2387-periodista-blanca-urango-denuncia-graves-agresiones-por-parte-de-adelina-covo-candidata-a-la-alcaldia-de-cartagena
31 de agosto de 2019
El 30 de agosto, la periodista Blanca Urango informó a la FLIP que la candidata a la alcaldía de Cartagena por Colombia Humana Adelina Covo y su equipo la intimidaron, la agredieron verbalmente, la retuvieron contra su voluntad y la obligaron a eliminar material periodístico, durante una entrevista que la reportera estaba realizando en la casa de la candidata.
Cuenta Urango que se dirigió junto con su novio a la casa de Covo para realizar una entrevista, previamente aceptada por la candidata. Luego de alrededor de quince minutos de entrevista, la periodista hizo tres preguntas que al parecer incomodaron a la candidata: una sobre la decisión de Covo de lanzarse a la alcaldía de Cartagena, a pesar de que vivía en Bogotá; otra sobre la división al interior del partido Colombia Humana por el apoyo de Gustavo Petro a su candidatura y otra sobre la relación de Covo con otros partidos tradicionales antes de llegar a Colombia Humana.
De acuerdo con la periodista, la candidata respondió sus preguntas, pero luego le exigió borrar la entrevista grabada y le dijo que ni Urango ni su novio saldrían de su casa hasta tanto lo hicieran. La candidata la insultó y llamó a varios hombres de su equipo que, luego de un forcejeo, le quitaron la cámara a la periodista y borraron el contenido. Percatandose de que también había registro de la entrevista en el celular de Urango, se llevaron el equipo a otra habitación para intentar acceder a él. Al no lograrlo, intimidaron a la reportera para que desbloqueara el celular y procedieron a borrar el audio. Según relata la periodista, la retención contra su voluntad en la casa de Covo duró alrededor de veinte minutos y sólo los dejaron salir hasta que se cercioraron de que los contenidos grabados habían sido borrados.
La FLIP se puso en contacto con Adelina Covo, quien dijo que Urango fue irrespetuosa y que cree que fue enviada por otra campaña para dañar su imagen. Sobre las agresiones denunciadas por la periodista dijo no saber ni haber escuchado nada al respecto. La FLIP también se puso en contacto con Luis Armando García, coordinador de la campaña de Covo, quien insistió en que la reportera planteó preguntas irrespetuosas y demasiado invasivas, pero negó todo lo sucedido. García dijo que en ningún momento se coaccionó a la periodista para que borrara su material periodístico.
A pesar de que desde la campaña se niegan estos hechos y de que la candidata dijo no saber nada sobre lo que sucedió, en su respuesta a la FLIP, Covo sostuvo que “ella [Urango] misma abrió su celular”, lo cual sugiere que la candidata sí tiene alguna idea sobre lo que aconteció en ese momento. En respuesta a los señalamientos de Covo, Blanca Urango aclaró a la FLIP que no fue enviada por ninguna campaña, sino que estaba realizando esta entrevista como parte de un proyecto periodístico para una clase de la universidad. Agrega que quien fue irrespetuosa fue la candidata y no ella.
El hostigamiento, la agresión, la retención forzada y eliminación del material periodístico son graves violaciones a la libertad de prensa. A la luz de la ley colombiana, estas acciones pueden constituir delitos graves como el de secuestro extorsivo y extorsión, ambos agravados por el Código Penal por el hecho de ser cometidos sobre periodista. La FLIP tiene conocimiento de que la periodista presentará una denuncia por estos hecho, denuncia que la fundación apoyará. Los estándares constitucionales e internacionales que protegen a la libertad de expresión exigen que los funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular sean especialmente tolerantes a la crítica y el escrutinio de sus acciones públicas y privadas. Además, los asuntos electorales son temas de altísimo interés público y, en consecuencia, el trabajo periodístico que al respecto se produzca constituye un discurso especialmente protegido.
La FLIP rechaza contundentemente estos hechos, en consecuencia, solicitará a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones a que haya lugar y sancione penalmente a todos los responsables. También hace un llamado a la Colombia Humana para que evalúe los hechos y tome las acciones a las que haya lugar.
Lectura complementaria :
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/estudiante-de-periodismo-dice-que-la-candidata-adelina-covo-la-agredio
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