Más se demoró el Gobierno en dar la buena noticia de la educación gratis en las universidades públicas para los estratos 1, 2 y 3, que el Sistema Universitario Estatal (SUE) -integrado por las 32 universidades públicas del país- en salir al paso a la celebración y proponer reformar la ley de educación superior (Ley 30/1992).

El SUE argumenta que se necesita la reforma porque lo que reciben del presupuesto de la Nación no cubre los gastos de funcionamiento e inversión de las universidades públicas e invita a apoyar esta propuesta “para evitar otra crisis de financiación en el 2023”.

La propuesta a través de un comunicado y el silencio del Gobierno genera un enorme tremor, justo en el momento en que se acaba de aprobar una reforma tributaria para darle viabilidad fiscal al país en el corto plazo y en medio de una situación bastante compleja de sostenibilidad de las finanzas y deuda pública por la pandemia. El comunicado no se puede quedar sin comentar.

Por decir lo mínimo resulta algo inoportuno pues se propone una reforma de ley justo el día después de aprobarse la reforma tributaria; además se habla de crisis estructural de la financiación de las universidades públicas y se convoca a la comunidad a respaldar esa propuesta. Flaco favor el que le hacen al país, después de los graves efectos de la pandemia y el paro, avivando de nuevo los ánimos y especialmente cuando el tema debió tratarse en el trámite de la tributaria.

Pero tal vez lo más importante es que no se entiende bien por qué el reclamo cuando en este cuatrienio las universidades públicas van a recibir $4,5 billones adicionales a los que obligan las normas y significan un esfuerzo sin precedentes para el fortalecimiento de estas instituciones. Ese aumento ha sido además resultado de los acuerdos a los que llegó el Gobierno con los estudiantes, profesores y rectores en 2018. A eso se suma que la gratuidad aprobada en la reforma tributaria va a significar $17,1 billones adicionales en los próximos 10 años.

Llama la atención que el comunicado de las universidades no habla de costos, un aspecto crucial a la hora de hablar de la financiación de la educación superior pública. Al menos tres factores inciden adversamente sobre estos. Primero, la manera como se fija la remuneración salarial docente que, a través de diferentes conceptos, no siempre asociados a productividad y calidad, se constituyen en base salarial y generan costos incrementales elevados e insostenibles en el largo plazo. Segundo, los costos del personal administrativo son altos en varios casos, en parte por la antigüedad del personal y la carga laboral que traen, y la manera como se fijan estos salarios y prestaciones. Y, por último, las universidades siempre han incluido en los cálculos de déficit, el costo del reforzamiento estructural de la infraestructura física; esto debe ser materia de estudio aparte y con financiación especial.

En últimas no estamos ante un dilema, como lo quieren plantear algunos, del uso de los recursos para la educación superior entre quienes se inclinan por apoyar a las familias con la gratuidad (financiamiento a la demanda) o los que piden es financiar a las universidades (financiamiento a la oferta). La apuesta del Gobierno fue la de privilegiar la inversión social en subsidios que promueven la movilidad social (como el acceso a la educación superior) para impactar las oportunidades a los jóvenes más vulnerables, frente a otros posibles mecanismos asistenciales o de subsidios con menor impacto en la movilidad de las familias.

Cualquier discusión seria de financiación de la educación superior no puede perder de vista todos estos hechos, y es mejor discutirla cifras en mano, incluyendo costos, y no a punta de comunicados parciales para encender ánimos. Y una pregunta final ¿el sistema va a contar con los cupos necesarios que va a demandar la política de gratuidad en esta década?

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 16 de septiembre de 2021.