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El Colombiano (Editorial)

Quintero y Carrillo metieron a EPM en negocios llenos de interrogantes y en los que escasea la transparencia.

La salida de Daniel Quintero de la Alcaldía de Medellín marca el fin de un capítulo de la historia de la ciudad, que para muchos será de ingrata recordación si nos atenemos a las encuestas.

Habrá quienes digan que toca esperar a ver qué pasa con las elecciones del 29 de octubre o dirán que el fantasma de Quintero todavía ronda por los oscuros callejones de la Alpujarra.

Todo eso es cierto. Incluso no es gratuita la manera cómo el exalcalde se ha jugado su pellejo tratando de no perder el poder. Decisiones tan extremas, como la de su renuncia dejan al descubierto un exagerado apetito por el poder o un indicio de que no quiere perder el manejo de las llaves que guardan sus secretos. Vale la pena empezar a hacer un balance del Gobierno que termina para dejar constancia. En particular, se hace crucial hablar del impacto del equipo Quintero sobre EPM. Entre otras, porque su gerente Jorge Carrillo ha dicho en privado que se irá como presidente de ISA. Y estas notas podrían servir como una alerta temprana.

Cuenta la historia –y testigos directos de ella– que Daniel Quintero cuando llegó a la Alcaldía entregó entidades del conglomerado público como si fueran franquicias para que particulares les sacaran todo el “jugo” posible. Y así lo han ratificado investigaciones periodísticas en casos como la Secretaría de Educación, el Inder, la EDU, Metroparques, el Hospital General, entre otras. La historia también contará que Daniel Quintero se guardó para sí a EPM. La joya de la corona: “donde están los grandes negocios”. ¿Qué pasó con EPM bajo su batuta?

Primero, le quitaron parte de su patrimonio más preciado: el carácter técnico de su equipo. Si bien quedan cientos de técnicos, que resistieron estos años, y son los que han mantenido a flote a EPM; en las vicepresidencias echaron por la borda perfiles de más de 20 años de experiencia y pusieron cuotas políticas sin mayor trayectoria. Como el vicepresidente jurídico, Johnatan Villada, a quien le tuvieron que remendar su hoja de vida para completar requisitos. O Vivían Puerta, que tras fracasar en Buen Comienzo, la premiaron con la presidencia de la Fundación EPM. O Wilder Echavarría que dejó al borde de la quiebra a la EDU y lo acogieron en la vicepresidencia que se encarga de Hidroituango. Por mencionar solo algunos. Segundo, Quintero y Carrillo metieron a EPM en negocios llenos de interrogantes y en los que escasea la transparencia.

Como el caso de Afinia, la empresa que creó EPM como su filial en la costa para recibir la operación de la desaparecida Electricaribe. Se les hizo agua la boca cuando el Gobierno Nacional la entregó con un plan de inversiones de $10 billones y pusieron de gerente a Javier Lastra, un cuestionado concejal de Bogotá, que había perdido su curul, y había dejado un reguero de dudas como interventor de Electricaribe.

De suerte que una empresa que habría podido ser rescatada en manos de los técnicos de EPM, no solo se ha convertido en un tremendo dolor de cabeza para los habitantes de la Costa, si no también en un lastre para EPM: solo este año le va a terminar girando $1,15 billones (dos capitalizaciones de $350.000 millones y un crédito por $450.000).

Afinia bajo el paraguas de Quintero y Carrillo no ha rebajado las pérdidas, el recaudo está en franco deterioro (el 30% de la cartera del país) y los usuarios están más molestos que nunca.

A Hidroituango lo manejaron a las patadas. Si no fuera por el ingeniero William Giraldo, y otros técnicos que se pusieron la capa de héroes, no habrían podido prender las dos primeras de ocho turbinas. El entonces alcalde Quintero pareciera estar decidido a que nada saliera bien. Empezó poniendo una demanda a los contratistas que de prosperar habría convertido la obra en un elefante blanco. Luego, por los malos manejos, EPM se vio obligada a pagar de manera anticipada una deuda de $1,7 billones al BID. Después, el gobierno de Iván Duque tuvo que intervenir para que se pagara la póliza y se desactivara el fallo de la Contraloría (quedó una investigación abierta porque EPM, según denunció el gobernador Aníbal Gaviria, negoció el pago de los seguros por $4 billones cuando la cobertura era de $15 billones). Y lo más reciente es que en un proceso de casi tres años, plagado de dudas y denuncias, le entregó el contrato ($1 billón) de Hidroituango al señalado desde un principio, el consorcio chino.

Daniel Quintero ha gastado miles de millones de pesos en propaganda para intentar posicionar su narrativa de que él salvó a Hidroituango. Pero cualquiera que revise con cuidado los hechos podrá concluir que la megaobra arrancó a pesar de Quintero.

Otro descalabro ha sido el manejo de Emvarias, que depende de EPM. No solo a Medellín le cayó una catarata de basuras nunca antes vista, sino que la ciudad está al borde de una crisis porque, pronto, no tendrá donde depositar sus basuras. Emvarias en vez de agilizar las obras para construir un nuevo vaso de recolección y evitar la catástrofe se concentró en hacer un contrato de arriendo de camiones por $250.000 millones. para beneficiar a un catalán cercano a la familia Petro.

Y si bien no alcanzamos a detallar los problemas del caso Tigo-UNE o el intento aún no consumado de comprar la Triple A de Barranquilla, sí es imprescindible mencionar el contrato más gordo: el que hicieron con Canacol, por cerca de $5 billones, para comprarle gas por 10 años y para que construya un gasoducto. Hoy parece estar en el limbo, porque a Canacol como que se le dañó parte del gas de Córdoba y la licencia ambiental para construir el tubo que debía estar lista en julio no ha estado.

Ese caso, no sobra decir, pinta como el más complicado para Daniel Quintero porque, según ha trascendido, tiene un compromiso que, sí se desbarata el contrato, podría salirle caro.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 17 de octubre de 2023.

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