Uno de los ejercicios más importantes en una democracia tiene que ver con el escrutinio del destino de los impuestos de los contribuyentes y, en general, de la situación de las finanzas públicas, a través de la lupa del presupuesto nacional. Entre nosotros, sin embargo, suele ser muy pobre el análisis público del proyecto de presupuesto, y los debates parlamentarios al respecto solo generan bostezos. Lo importante ocurre en la trastienda.
El presupuesto para el año entrante está tasado en 350,4 billones de pesos y muestra la precaria situación fiscal del país. La pandemia lo cambió todo. Estamos viviendo al debe. Al finalizar este año, el déficit fiscal del Gobierno central llegará al 7,8 % del PIB, un nivel sin precedentes en nuestra historia. No podemos seguir atendiendo con créditos nuestras necesidades, y menos las urgencias. Créditos que, sin grado de inversión, serán cada vez más costosos. De hacerlo, actuaríamos como el empresario vaciado que para subsistir se sigue endeudando, hasta que fatalmente le llega la quiebra.
Llama la atención que los candidatos nada opinen sobre cómo vamos a sortear esta situación, que hará de los años venideros un verdadero viacrucis. El asunto es tan complejo que, sin haberse iniciado el nuevo gobierno, ya se receta otra reforma tributaria. En efecto, según el proyecto de presupuesto a consideración del Congreso, a partir de 2022 y 2023 se requieren mayores ingresos permanentes adicionales, del orden del 1 % del PIB. Esto significa que demandas adicionales de gasto tendrán que venir acompañadas de nuevos ingresos tributarios que las soporten.
Para colmo de males, el Banco de la República ha dejado de ser una vaquita lechera. Solo un lector acucioso advertirá que, en el proyecto del 2022, no aparecen utilidades del Emisor para financiar el gasto público. En los años 2019 y 2020 el banco le giró a la Nación siete billones anuales, gracias a los rendimientos de las reservas internacionales. Es otro hueco que se nos abrió, porque –como lo advierte el informe del gerente al Congreso– el Emisor proyecta pérdidas para los próximos años, producto del rendimiento negativo estimado de las reservas.
Es imposible mantener la caña de lograr la sostenibilidad social producto del covid, junto con la sostenibilidad económica de la reactivación y la sostenibilidad fiscal del país. Ardió Pompeya cuando el gobierno Duque intentó una reforma tributaria para lograrlo. Ahora es inaplazable abordar el conjunto de los problemas y ser más audaces. Llevamos años quitándoles la cara a los problemas estructurales. Ya tenemos un gasto inflexible que asciende al 80 % del presupuesto. Solo el gasto pensional representa el 15 % del presupuesto, previsto en 51.000 millones de pesos para el año entrante. Y nada que se le mete el diente a este asunto.
La austeridad en el gasto debe ser otro tema prioritario. Reducir burocracia y restringir el gasto en salarios no da votos, pero nos ofrece futuro. Somos inviables con el actual tamaño del Estado. Hay que reducirlo con bisturí y sin anestesia. El Gobierno tiene una gran oportunidad de dejar su impronta en este frente, con una reforma de fondo. Falta ver hasta dónde llegará, en medio del proceso electoral. En contravía de la situación, preocupa que el presupuesto prevea un crecimiento real del gasto de nómina del 1,6 % para el próximo año.
Del proyecto de presupuesto se concluye que el nuevo gobierno tendrá que poner más impuestos; alejar la tentación de la chequera pública, para disminuir el gasto en un 3 % del PIB; dejar de endeudarse para lograr la sostenibilidad de la deuda pública; racionalizar los programas sociales, a menos que les consiga financiamiento, y ejecutar solo nuevos programas que lleguen con impuestos debajo del brazo. ¿Quién se le apunta?
Taponazo. Una importante mayoría de estadounidenses piensan que la Reserva Federal es un parque nacional... en Colombia, la imagen negativa del Banrepública es del 50 %.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 15 de agosto de 2021.
