Porque lo que representa orgullo para un movimiento terrorista (toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia; toma de la embajada de la República Dominicana; robo de la espada de Bolívar; asesinatos selectivos; narcotráfico, secuestro, reclutamiento de menores, terrorismo, etc.) son en verdad actos delictivos que no pierden el carácter de tales con decretos de impunidad como los que han beneficiado a Gustavo Petro. ¡No! Los delitos no desaparecen; pueden ser objeto de castigo, sanción, pena o impunidad, pero su esencia no desaparece. El tiempo puede borrar la trascendencia o el impacto, pero no elimina el hecho. Por lo mismo no existen exasesinados, ni exatentados, ni exviolados, ni exmutilados… Porque las consecuencias de los delitos son imborrables, así sus autores les cambien de nombre, o sus promotores los revistan de celebridad y patriotismo.
Pero bueno… este nuevo descaro va muy de la mano con la posición absurda del gobierno de acabar con los crímenes dejando de considerarlos como tales; o de trastocar los valores reconociendo una mesada a los terroristas que pasan, vía decreto, de ser terroristas a gestores de paz; o de justificar gastos exorbitantes de la primera dama, de su séquito principesco, de sus viajes inútiles con comitivas numerosas, o de tantas aberraciones que comete a diario el presidente alimentando su megalomanía y que, en un país y democracia civilizados, hubieran sido causa suficiente de pérdida de poder.
Preparémonos entonces para que, en noviembre próximo, el gobierno tire la casa por la ventana en conmemoración de los 39 años del holocausto del Palacio de Justicia, exaltando el nombre de sus autores y elevándolos a héroes de la patria. Ya empezó esta semana retirándole las condecoraciones y otros reconocimientos al general Arias Cabrales, encargado de la retoma del palacio de justicia, en un acto de retaliación que entra a ser parte de la campaña de desmoralización de la fuerza pública…
O estemos alertas al decreto que instaurará el 31 de diciembre como día de fiesta nacional en conmemoración del robo de las armas del Cantón Norte perpetrado por el M19 en esa fecha de 1978. Nada raro sería que el ministro de defensa trastocara este robo en una “recuperación” de 5000 armas por el M19 para salvar a Colombia. ¡Repito: nada raro sería!
Y seguramente vendrán otras afrentas similares porque este es un gobierno que actúa sin escrúpulos ante un pueblo acostumbrado al letargo, la permisividad y la indolencia.
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Es loable la posición del gobernador Henry Gutiérrez en relación con la gerencia de Aerocafé y del Patrimonio Autónomo, cuando dice que dejará en manos del gobierno nacional su designación, con tal de que la obra se realice. En últimas, a nadie tiene por qué importarle quien sea el gerente o administrador de una obra pública, salvo que existan intereses personales diferentes a su realización. Todo proyecto tiene que obedecer a la planeación del mismo y su ejecución no puede depender de las personas que lo administren. Tal vez eso es lo que ha fallado en Aerocafé: que le hemos dado más trascendencia al origen de los administradores que a la misma obra, y nos concentramos más en apoyar o atacar a los individuos, que a luchar por lo esencial.
¿A quién le puede importar si el gerente es de Bogotá, Riohacha, Manizales o Quibdó? ¿Para qué están pues las juntas y consejos directivos? El proyecto es uno y no sufre variaciones porque cambien sus administradores, ni por el origen de los mismos.
Y también tal vez esta sea la solución: acabar con los egos, las ambiciones personales, la posibilidad de manipulación y lucro individual, y la despersonalización de una obra que es de todos y para todos. Si esta es la solución, hay que apoyarla con decisión. ¡Bienvenida!
