Las Resoluciones de delegación a Antioquia se venían prorrogando regularmente, pero la última solicitud de prórroga hecha por el Gobernador a la ANM se negó, sustentando la decisión de no concederla en que ello se convertiría en un ejercicio permanente de una función propia de la autoridad minera nacional y por ende, el vaciamiento de sus competencia legales, haciendo una interpretación falaz de una jurisprudencia constitucional del ¡25 de enero de 2005! (fecha que convenientemente omite la ANM).

No es la primera vez que la Gobernación de Antioquia queda relevada, sin justificación convincente, de las funciones mineras en su jurisdicción y que estas pasan a ser desempeñadas por una institución del Estado central, propietario constitucional de los recursos mineros.  Ya hace unos meses se había recortado el papel de la Gobernación en cuanto a los grandes proyectos mineros y al final del año 2023 se resolvió relevarlo del resto de los asuntos comprendidos en dicha delegación.

No es la primera vez que el gobierno nacional hace gala de su arbitrariedad al desconocer y descalificar la eficiencia de una administración descentralizada, de comprobada idoneidad y experiencia en asuntos de minas, encabezada por la autoridad regional, para dar paso a una administración centralizada del sector minero nacional, lo que en la práctica significa más burocracia, mayores costos y precarios resultados como se ha demostrado fehacientemente con el manejo de los trámites mineros cuando han estado en cabeza de entidades del gobierno central.

No es la primera vez que los mineros de la región guardan silencio ante una decisión de esta naturaleza, dando la impresión que para ellos es indiferente hacer sus trámites, ser atendidos, cumplir sus obligaciones y rendir sus informes a través de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia o de cualquier oficina, agencia, empresa o instituto del Ministerio de Minas y Energía.

No es la primera vez que se evidencia la enorme debilidad institucional del sector minero colombiano. Los “Considerando” de las Resoluciones 1140 y 1141 de 29 de diciembre de 2023 de la Agencia Nacional de Minería demuestran que en muchos años no se ha podido consolidar una estructura eficiente para los procesos de titulación, fiscalización y control de los derechos mineros. Con frecuencia se crean, fusionan y eliminan empresas, institutos y agencias adscritas o vinculadas al Ministerio de Minas y Energía pretendiendo lograr, con un cambio de nombre, la solución de los problemas inherentes a los procesos antes señalados, o bien con el otorgamiento o eliminación recurrente de las delegaciones, como ha sido el caso con la Gobernación de Antioquia.

La historia reciente de las responsabilidades mineras del Departamento de Antioquia se inicia en 1956, cuando la solicitud de títulos mineros se había delegado en las gobernaciones, intendencias y comisarías en cuyos territorios se encontraban las áreas de interés.  En 1971, se amplía para Antioquia la delegación para incluir el trámite jurídico de las medianas y pequeñas minas; en 1981 se agrega la autorización, cesión y contratación de títulos mineros, lo que da lugar a la creación en 1984 de la Sección de Asuntos Mineros adscrita a la Secretaría General.

En 1989, la Ministra de Minas Margarita Mena de Quevedo luego de verificar los resultados operativos del Departamento en las funciones ya delegadas y obtener de la Gobernadora Helena Herrán de Montoya el compromiso para mejorar la estructura técnica y administrativa en asuntos de minas, logró para Antioquia, mediante la resolución 1715 de 1990 una nueva delegación que comprendía el trámite y otorgamiento de títulos de exploración y explotación y la vigilancia técnica, operativa y fiscal de las diferentes actividades mineras para todos los minerales concesibles.

En la práctica, el departamento quedó a cargo del manejo de toda la minería en su territorio y por tal razón en 1991, el Gobernador Gilberto Echeverri Mejía inauguró la Secretaría de Minas y Energía y nombró como su primer Secretario al Ingeniero de Minas y futuro Gobernador del departamento, Guillermo Gaviria Correa.

A partir de su creación, la Secretaría continuó creciendo al ritmo de las funciones adicionales que el Ministerio de Minas le iba delegando y a la estructuración de programas de apoyo y promoción a la actividad minera en varias regiones del departamento.

Cabe destacar, el ambicioso plan de inversiones en plantas y equipos de uso comunitario y la sistematización de los procesos internos de la entidad liderados por el Secretario de Minas Pedro Hernández Gutiérrez, siendo Gobernador Álvaro Uribe Vélez (1995-1998). 

Sin embargo, a partir de 1997 comenzó a gestarse desde el poder central un proceso de retoma de las responsabilidades mineras delegadas, que culminó con la fusión de las empresas estatales Mineralco y Ecocarbón en una nueva empresa denominada Minercol, a la cual le fueron asignadas las funciones de la Dirección General de Minas del Ministerio, fundamentalmente las mismas que se estaban ejerciendo por delegación en Antioquia.

La ley 685 de 2001 derogó las delegaciones otorgadas con anterioridad a la fecha de su expedición, ante lo cual el Gobernador Guillermo Gaviria Correa, no obstante haber sido su principal gestor y primer Secretario de Minas y a pesar de que finalmente se prorrogó la delegación minera, en vista de la incertidumbre asociada a los vaivenes de la política minera del gobierno nacional y aduciendo razones fundamentalmente presupuestales, eliminó la Secretaría de Minas de la estructura administrativa del Departamento. 

Para cumplir con las funciones delegadas, los gobernadores subsiguientes, desilusionados por su pobre papel en el sector minero, continuaron disponiendo de presupuesto y funcionarios especializados para atender los aspectos jurídicos desde la Secretaría General y las actividades técnicas y de fomento a través de la Secretaría de Productividad y Competitividad, hasta que el Gobernador Aníbal Gaviria Correa se puso al frente de los intereses mineros de Antioquia y en el período 2004–2007 restableció la Secretaría de Minas.

A pesar de que la Secretaría de Minas se unió al actual gobierno nacional en la promoción de criterios políticos y lineamientos ideológicos, muchos de ellos inconvenientes para el sector minero y para la economía departamental y nacional, organizó múltiples reuniones con grupos de mineros inconformes bajo el lema de la “Institucionalidad” para anunciarles la buena nueva sobre la “Minería para la transición energética justa”, y por “enésima” vez identificar y caracterizar sus explotaciones y aconsejarles su regularización y formalización, pero sobre todo, para explicarles, de algún modo, que lo que se venía haciendo, con su vigilancia y asesoría, estaba mal hecho.

No es la primera vez que escribo sobre este asunto ni que he recomendado al gobernador en ejercicio no insistir ni desgastarse para que Antioquia recupere la delegación minera (por las mismas causas expuestas en su momento por el ilustre colega y Gobernador Guillermo Gaviria Correa, mártir de la no violencia) pero en esta ocasión con una razón poderosa adicional: no es responsable “unirse” al gobierno nacional en su tarea manifiesta de destruir la industria extractiva de minerales en Colombia.