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Alfonso Monsalve Solórzano

La política de Paz Total de Petro se ha convertido en la avenida que tienen los grupos ilegales armados ligados al narcotráfico para que consoliden su poder en zonas estratégicas del territorio colombiano.

No es sólo que el ELN maneje la agenda de la negociación a su antojo, amenazando con romper las negociaciones cada vez que quiere y, a punto, con esa estrategia, de conseguir financiación del estado y la comunidad internacional para dejar de secuestrar  -cosa que sospecho jamás hará, aunque no vivan de este “negocio”, porque tienen coca y oro al por mayor,  pero utilizan principalmente como arma de presión política- mientras consolida sitios estratégicos de la geografía nacional como el Chocó, donde declara “paros armados” a voluntad, sometiendo al terror a miles de indefensos colombianos y pelea el dominio en zonas mineras y de manejo de narcotráfico como el nordeste antiqueño o el Catatumbo.

Ahora también queda en evidencia que las Farc de alias Iván Mordisco manejan a su antojo, no ya la periferia, sino el corazón mismo del Valle del Cauca, el área metropolitana de Cali, una de las zonas económicas más importantes del país, con su control sobre Jamundí. Patrullan, piden documentos, fijan reglamentos de convivencia, y por supuesto, extorsionan, asesinan, desplazan, a menos de diez y seis kilómetros del Cantón Pichincha del Ejército, cuyos militares ven, maniatados, el accionar de ese grupo.

Pero a esto hay que sumarle que, aprovechando el conflicto entre Israel y Hamás, el presidente Petro anuncia el cese de compra de armas, mantenimiento de aeronaves y de uso de patentes de fabricación, así como la asesoría que por muchos años Israel ha tenido con Colombia.

No se trata de un ataque de ira, sino una acción premeditada, porque el interés de la seguridad nacional debe primar sobre cualquier otra consideración y, por eso, cualquier cambio de estrategia para dejar al estado colombiano indefenso, no es cosa de una rabieta, sino un acto contra existencia misma del estado colombiano, porque hay una amenaza interna. Con esa decisión, si finalmente se concreta, se está debilitando la capacidad operativa, gravemente, de nuestras fuerzas de seguridad, mientras se permite que los oponentes la aumenten.

¿Por qué y en razón de qué se entrega la soberanía interna a grupos armados ilegales mientras se debilita la capacidad defensiva del estado? Porque quiere, simplemente empoderar a los grupos armados, que son sus aliados, para que se conviertan en actores con poder militar similar o mayor que el que tienen las fuerzas militares y de policía.

Es una estrategia simple. Si el poder nace del fusil, como dijo Mao Tsetung, un estado que no tenga unas fuerzas de seguridad suficientes para disuadir a los enemigos internos, es un estado de pacotilla, un estado fallido, porque la condición básica de existencia de un estado es su monopolio de la fuerza.

Hacia allá conduce la estrategia de seguridad nacional de Petro. Hay un ataque múltiple a nuestra institucionalidad, con reformas inconvenientes, golpes a otras ramas del poder, ataques a la libertad de prensa, amenazade un fiscal de bolsillo y, simultáneamente, erosionar la seguridad interna.

Eso es inadmisible. Hay que defender nuestra democracia en la calle, en las organizaciones civiles y productivas, en el congreso en las Cortes. El 6 de marzo es un buen momento para manifestar parte de nuestro rechazo a Petro y su política.

 
Publicado en Columnistas Nacionales

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