Pues sin esos criterios el acceso a la cultura, la búsqueda del conocimiento, la libertad de opinión y de expresión son pulverizados. Si la información tolerada es únicamente la información dada por el gobierno de turno, todas esas libertades, pilares fundamentales de la democracia, dejan de existir. 

El ministro del Interior debe decidir si va a respetar o no esos derechos. Si va a respetar la pluralidad informativa. O si le parece más cómodo excluir a la prensa y a los medios de comunicación, o vetar a algunos medios, de los actos públicos donde él opera.

Pues eso es lo que acaba de hacer el ministro Velasco: ordenó a la fuerza pública retirar a los representantes de los medios de comunicación de la Comisión de Garantías Electorales. Estos iban a cubrir la discusión sobre las perturbaciones que realizan en este momento las bandas narco-subversivas contra las elecciones regionales de octubre próximo. Sin embargo, en ese debate no había nada secreto, ni nada que ocultar, como dijo públicamente el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, que presidía la reunión.

De manera brutal, el ministro Velasco interrumpió al Registrador. Consideró que la prensa no tenía derecho a escuchar las deliberaciones y que debía contentarse con recibir después un escueto informe oficial, a manera de premio de consolación.

Velasco planteó: “La idea es dar una conclusión de todo lo que se dice de este proceso. Yo sí quiero que hagamos una cosa institucional y no de una institución; o sea, aquí está el Gobierno, está la Registraduría, está el Ministerio de Defensa, está la Fuerza Pública y acordamos eso”.

Inexacto. Nadie había acordado sacar a la prensa y encerrarse a deliberar en secreto. Si la idea de Velasco era dar una “conclusión de todo” lo que se dijo allí ¿por qué excluir a la prensa? ¿Esta no tenía el derecho a sacar sus propias conclusiones? ¿Debía someterse a la versión oficial?

Si la prensa acepta tales métodos, la prensa deja de ser prensa y se transforma en un abúlico notario del gobierno. La prensa, en toda democracia, conserva completa libertad para informar y opinar, respetando su propia ética y sin interferencias del poder. Ella lo hace distinguiendo entre vida privada y vida pública, refrenando toda aseveración calumniosa o difamatoria, toda provocación al odio y a la discriminación racial, etc.

La gran pregunta es por qué el ministro petrista quería cerrar los micrófonos e impedir que la prensa escuchara la grave denuncia que el registrador Alexander Vega iba a hacer: que en cerca de cien municipios del país hay movidas descaradas de fraude electoral por la vía de la inscripción de cédulas –lo que la prensa llama púdicamente “casos de trashumancia electoral”--. En La Jagua del Pilar eso aumentó un 214% sin que la población haya crecido a ese ritmo desenfrenado a menos de dos meses de las elecciones regionales.

Lo más curioso es que en esa sesión ningún funcionario se opuso a la presencia de los periodistas. Ni del ministerio de Defensa, ni de la fuerza pública, ni de la Registraduría. Solo Velasco mostró su hostilidad y logró su objetivo pues, lamentablemente, los presentes se dejaron abusar por la chocante gesticulación.

Si la prensa escrita y audiovisual deja que el gobierno de Petro imponga ese primer recorte al derecho, o imponga vetos a algunos medios, otros recortes y vetos ilegales seguirán y la cascada contra otros derechos y garantías constitucionales abrumarán al país y más difícil será recuperar los derechos que hasta hoy Colombia respetaba y veneraba. 

La prensa no puede ser excluida de los actos públicos. Los actos del gobierno y del Estado no son secretos, salvo excepciones. Pero las excepciones las fija la ley. Claro, el secreto de Estado existe. El secreto militar, el secreto comercial existen, así como la constante tensión entre éstos y la libertad de información. Pero los límites son definidos por la ley, no por un ministro que cree poder jugar con los derechos de los colombianos.