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Alfonso Monsalve Solórzano

Lo acontecido esta semana ratifica mi tesis de que las fuerzas democráticas del país deben enfocarse en las elecciones, porque si el país se descuida, los poderes regionales y locales quedarán en manso de Petro y sus aliados, los grupos armados narcotraficante y los mafiosos.

Los hechos están por doquier: la expansión del ELN, sin control y con la protección y complicidad del gobierno, que niega, contra la evidencia presentada -y a pesar de que la alerta provino de la Inteligencia de las FF. MM- que ese grupo haya amenazado de muerte al Fiscal Francisco Barbosa, como este lo denunció públicamente; amenaza que también incluyó a la senadora María Fernanda Cabal y al general (R) Eduardo Zapateiro, antiguo comandante del Ejército.

El exterminio político y el físico, ya puesto en práctica en otras oportunidades en el país y en otros lugares del planeta, pareciera ser la fórmula para alcanzar la paz, pero de los sepulcros de colombianos que, en este caso, no se oponen a la negociación con ese grupo, ni a la paz, sino a la impunidad y a la política de abierta capitulación de las instituciones del estado social de derecho, que es lo que viene haciendo el poder ejecutivo en cabeza de Petro. Y para nadie es un secreto que la expansión, el atentado y el constreñimiento a la población tienen, hoy, como fin, influir decisivamente, en el resultado de las elecciones de octubre.

Ahora bien, la amenaza a estas personalidades apenas es el hecho más visible del contexto político actual, porque ocurre en el centro del poder; pero, en realidad, según comunicado de la Defensoría del Pueblo del 23 de agosto, hay 399 municipios de los 1102 que tiene Colombia, en riego extremo o alto, de que las elecciones sean interferidas por los grupos alzados en armas y las bandas delincuenciales que les obedecen o son aliadas de estos en las ciudades (https://defensoria.gov.co/web/guest/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-advierte-que-113-municipios-est%C3%A1n-en-alerta-m%C3%A1xima-por-hechos-de-violencia-que-podr%C3%ADan-afectar-elecciones-regionales).  Es un retroceso enorme, si se tiene en cuenta que al finalizar el gobierno de Uribe su capacidad de incidencia era ínfima.

Y ya no se trata de la periferia. Están involucradas ciudades como Bogotá y Medellín. En la periferia del centro, en localidades de Bogotá. en Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y Sumapaz, la Defensoría declara que hay riesgo extremo. En algunas comunas de Medellín, también está en marcha el tenebroso plan de tomárselas electoralmente. El punto es que no se trata, ya de dominar las barriadas para traficar droga, extorsionar o vender votos cautivos al mejor postor. No ahora, en esos sitios de Bogotá hacen presencia el Clan del Golfo, las dos disidencias y el ELN, quienes buscarán desviar la voluntad popular para que los candidatos del gobierno ganen. Y en Medellín, los capos presos fungirán como “gestores de paz” y pondrán toda su infraestructura para intentar torcer el triunfo de Federico Gutiérrez, que los metió a muchos de ellos a la cárcel, para que triunfe la marioneta de Quintero y Petro. Desatar a los pillos para que les hagan campaña tiene ahora un nombre rimbombante: “reconciliación nacional”, que nadie, salvo los interesados, los narcos, sabe cómo será, pero servirá para que las estructuras criminales le hagan a Petro la tarea electoral de mutuo beneficio.

Y si esto está ocurriendo en la periferia del centro, lo que sucede en la periferia profunda, pero también, en parte de la cercana a los grandes centros urbanos, es alarmante; se multiplica la presencia de grupos armados en Cauca, Nariño, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, por citar sólo algunos de los departamentos más afectados.

En su discurso del 20 de julio Petro anunció que buscaría un acuerdo nacional. Solo que no dijo que era una rendición de la sociedad colombiana a su voluntad omnímoda, porque no concierta con nadie que no sea un grupo armado narcotraficante o un mafioso.

Es así como Petro continuó con su ataque al sistema de salud colombiano, estrangulándolo económicamente, según quedó en evidencia esta semana, para que sirva de bandera electoral “denunciando” al pérfido capitalismo que es insaciable en su búsqueda de ganancias, poniendo en “riesgo” la salud de los colombianos, Y, para que, si les funciona el cañazo – la salud pase al control de la voraz camarilla petrista, a través de la Adres, sin importar los miles de muertos que tal desbarajuste pueda producir. Claro que es algo que veo difícil, porque ellos saben que no pueden manejar tal volumen de asegurados con la ínfima infraestructura que poseen; pero hay gente ahí, que incumple los compromisos de la agenda de gobierno y odia la economía de mercado, que es capaz de hacerlo…

Y presentó, otra vez, la reforma laboral, sin conciliar con nadie, siguiendo la vieja doctrina del marxismo de privilegiar a una clase sobre la mayoría que no tiene trabajo o lo tiene en condiciones precarias, que son los temas que debería abordar tal reforma. Aquí debo decir que lo único en lo que coincido en ese proyecto es en lo de cobijar con la seguridad social a los domiciliarios, y creo que es el único punto que debería aprobarse porque es un asunto de justicia. Las fuerzas democráticas deben ser capaces de no caer en la trampa de negarlo todo; han de poder hacer oposición sin lastimar los derechos de los más vulnerables, porque, precisamente ellos son el objetivo primero de su política social.

Como se puede colegir de mi exposición, si estoy en lo cierto, es necesario estar vigilantes para que la avalancha de la extrema izquierda y los grupos narcotraficantes no se apoderen de las elecciones y volteen a su favor, a punta de fusil y dinero, su resultado.

Se debe denunciar toda interferencia a nivel nacional, pero también a nivel internacional para alertar a la comunidad de países democráticos y su sociedad civil del peligro que corre nuestra democracia. Sería muy importante que hubiese una instancia nacional que pudiera centralizar todas las denuncias o asesorar a las distintas agrupaciones víctimas del constreñimiento electoral y la violencia.

Los partidos de oposición y los independientes que lo deseen, deberían tener un comité de enlace para analizar esta situación, a todos los niveles, nacional, departamental y municipal. Igualmente, denunciar ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la procuraduría, todas las anomalías que se presenten. Pero llamar la atención en el exterior, especialmente en Estados Unidos y Europa, resulta crucial para amortiguar los golpes que han llegado y seguirán haciéndolo.

Si hubiese consensos sobre temas nacionales capaces de aglutinar a los colombianos, o si hubiese temas regionales o locales con la misma característica, sería importante consensuar movilizaciones, concentraciones, seminarios, etc., que puedan ayudar a la claridad y la movilización de los ciudadanos. Pero aquí las palabras claves con concertación y coordinación para que estas expresiones democráticas resulten útiles. De lo contrario, como lo dije hace ocho días, podrían resultar desgastantes y contraproducentes.

Nos espera un largo y arduo camino de trabajo común y en equipo. Es difícil, lo sé, porque los egos de algunos dificultan las tareas de todos. Pero alguien tiene que decirlo porque el futuro de la nación, el nuestro y el de nuestras familias, están en juego. Ojalá algunos, ojalá muchos, con poder de decisión escuchen y comiencen -o continúen si ya lo están haciendo- la andadura.

 
Publicado en Columnistas Nacionales

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