Esas informaciones --que podrían ser solo la punta del iceberg de la corrupción petrista--, terminarán por minar las bases del poder actual. Pero ese huracán no viene de la oposición, ni es un “golpe” de ésta. Viene de aquellos que habían sacado provechos políticos y se estaban llenando los bolsillos con esos dineros de obscura procedencia. Son los aliados y cómplices mismos de Petro quienes están, paradójicamente, derribando a Petro.

Hay, pues, el comienzo de un derrumbe interno, de una implosión del tinglado que pretende haber ganado la presidencia de la República y que, en realidad, ganó ese escrutinio violando las reglas del proceso electoral mismo.

Ese hundimiento no comenzó con las revelaciones de Day Vásquez Castro, comenzó antes, con las medidas de gobierno absurdas de Petro, con la inestabilidad de sus ministros, y sobre todo con el descubrimiento de un obscuro tráfico de dineros en el que está involucrada la misma presidencia de la República, a través de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del presidente Petro.

Ese episodio se agravó el 9 de junio pasado con la muerte súbita, por arma de fuego, en condiciones poco y mal dilucidadas, del jefe de seguridad de la presidencia, el coronel de la Policía Oscar Dávila, horas antes de entrar a la Fiscalía a contar lo que sabía sobre ese tráfico. (2)

Dos días antes de esa tragedia, Gustavo Petro intentó culpabilizar a la oposición: dijo que “la derecha” iba a “romper con la democracia” pues estaba dando un “golpe blando, un golpe de Estado” contra él. La revista Alternativa afirma ahora que el coronel Dávila, días antes de morir, había tomado la decisión de viajar a Estados Unidos para contarle a la CIA “todas las irregularidades que había descubierto en el caso de los dineros perdidos en casa de Laura Sarabia”.

El desmadre comenzó también con las explosivas conversaciones telefónicas entre Armando Benedetti y Laura Sarabia en el que el exembajador colombiano en Venezuela, mano derecha de Petro, habló de la campaña electoral de éste en 2022 en la que hubo ingresos de dineros turbios en el Atlántico por valor de $15.000 millones de pesos. Esas conversaciones fueron divulgadas por la prensa a principios de junio pasado sin que hayan sido negadas ni por Sarabia, ni por Benedetti. Este huyó del país y no ha querido responder a la cita de la Fiscalía. También le huye a la Corte Suprema de Justicia quien lo investiga por presunta compra de votos en 2018, en Maicao, Guajira.

Y para completar: a causa de las denuncias que recibió sobre tales irregularidades y por la violación de topes y gastos del Pacto Histórico, el CNE abrió una investigación sobre la campaña de Gustavo Petro.

Es evidente que el “golpe blando” no es una conspiración de la oposición. Lo que no quiere decir que ésta esté siendo pasiva ante ese derrumbe. Nada más legítimo que mantener la presión para que toda la verdad sea hecha sobre la montaña de corrupción que rodea la elección de Gustavo Petro y exigir que se tomen las medidas que exigen las circunstancias: la destitución del actual ocupante de la Casa de Nariño.

Para resumir: la corrupción electoral es tan masiva en el campo petrista que la verdad está saliendo por las vías menos pensadas y por boca de algunos jefes petristas. La justicia y los organismos de control no hacen más que responder a un deber: registrar y acopiar testimonios, poner a salvo los documentos y estudiar las pruebas para luego entrar a juzgar y castigar los crímenes y delitos que ese equipo de gobierno haya podido cometer.

La batalla por la verdad no es la tarea exclusiva de los especialistas. La lucha contra el fraude electoral y por la vigencia del estado de Derecho, tan vulnerado por el régimen, requiere los más diversos esfuerzos de la ciudadanía: marchas, plantones, denuncias, debates, información, lucha contra la mentira, solidaridad efectiva con la prensa libre, con la fuerza pública, con los procuradores, fiscales, jueces, ediles y congresistas valientes y con las víctimas del gobierno, es decir: ocupación del terreno en todos los niveles, dentro y fuera del país.

Un presidente que se empeña en arruinar el potencial energético del país, minar el sistema de salud, desorganizar las fuerzas militares, pulverizar el patrimonio cultural, pervertir la política exterior y el sistema tradicional de alianzas de Colombia, cada vez cuenta menos con la indulgencia de los colombianos.

El control ciudadano de lo que está ocurriendo en ese derrumbe debe ser permanente. Hay que impedir que la bestia herida hipnotice a sus adversarios, atemorice a unos y compre a otros. Ella querrá consolidar sus aparatos ocultos y visibles, proyectar sus primeras líneas y la milicia asalariada en formación, para lanzar una fase de violenta represión contra el país en general, siguiendo los modelos infernales que mantienen en el poder a Daniel Ortega en Nicaragua y a Nicolas Maduro en Venezuela.

Cada vez menos colombianos confían en que Petro “rectificará sus errores” y trabajará por el país. Muchos realizan que el gobierno de Petro es de destrucción. Hay mecanismos previstos en la Constitución colombiana para defenderse de tal calamidad. Seguir ese camino no es propiciar un golpe. Es acudir al Derecho.

El ilusorio “golpe blando” ha cristalizado en un “auto derrumbe blando”. La cuestión central es impedir que esa dinámica blanda no desemboque en violencia por la voluntad de quienes buscan atornillarse en el poder.

(1).- El movimiento subversivo Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca), anunció este 4 de agosto que invadirá de nuevo a Bogotá para impedir el “golpe de estado blando contra el proyecto político de Gustavo Petro”. El Cric insulta a la prensa y a los medios de comunicación por “mostrar a Nicolás Petro en los estrados o abrazado a su papá” y por informar sobre “corrupción e ingreso de dineros no declarados a la campaña electoral del Pacto Histórico”.

(2).- La versión del “suicidio” del Coronel Dávila es rechazada por su familia.

(3).- Según testimonio de Nicolás Petro Burgos ante la Fiscalía, uno de los que le entregó dinero para la campaña de su padre es Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el “hombre Marlboro”. La revista Semana afirma que Lopesierra le dio a Samuel Petro 600 millones de pesos en efectivo a mediados de 2022.  Lopesierra fue extraditado en 2003 y pasó 18 años de cárcel en Estados Unidos por haber enviado toneladas de cocaína a ese país. Quedó en libertad el 16 de agosto de 2021.