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Alfonso Monsalve Solórzano

Al comenzar la noche del viernes, los colombianos expresamos nuestra felicidad por la aparición, con vida, de los cuatro niños indígenas, un verdadero acto de supervivencia y heroísmo de los infantes, que, bajo el liderazgo de la mayor, de apenas trece años, resistieron cuarenta días; pero también, de nuestro ejército y de los indígenas que nunca renunciaron a la búsqueda y lograron ubicarlos y rescatarlos, después de cuarenta días de estar perdidos en la vorágine.

Es un respiro de alegría en medio de la angustia colectiva que deja la firma de un cese al fuego entre el gobierno nacional y el ELN por ciento ochenta días precedido por sesenta de preparación que comenzaron ayer, para un total de doscientos cuarenta, el cual será toda una tragedia para Colombia y para sus ciudadanos. Todo el país quiere la paz, pero no así, veamos:

El despeje a las FARC de sesenta mil kilómetros, en el Caguán, Caquetá, entre el 7 de febrero de 1999 y el 20 de febrero del 2002, para negociar la paz, parecerá una llovizna de verano frente al torrencial aguacero que nos va a inundar con el cese al fuego con el ELN.  Recordemos que Marulanda y su gente expulsaron a la fuerza pública, gobernaron en ese territorio y convirtieron al Caguán en la capital del negocio del secuestro, por la que desfilaban miles de colombianos a suplicarle a esa guerrilla por l a vida de sus seres queridos, mientras acordaban gruesas sumas de dinero por su liberación.

Ahora el ELN no estará concentrado en un espacio, sino que podrá movilizarse libremente por los espacios en los que hace presencia y se expandirá a otros para seguir secuestrando - “reteniendo”, según su lenguaje deliberadamente maquillado para ocultar la realidad- y cobrar rescate - ”impuestos”- dicen, para dar a entender que son un estado legítimo-. Por supuesto, que además del secuestro, las extorciones de todo tipo serán parte de su política “impositiva”.

Pero esa será sólo una parte de lo que ocurrirá, pues, lo más grave es que, además podrán hacer abiertamente proselitismo político y constreñir los derechos civiles, económicos y políticos de las poblaciones para apoderarse de los gobiernos locales en las elecciones, porque el gobierno de Petro accedió que las fuerzas militares y de policía nada podrán hacer mientras esa organización no realice operaciones ofensivas contra ellas. Terrible. La labor de aquéllas es defender la soberanía nacional y proteger a la población civil de los ataques de los criminales. Petro está renunciando a ambas. En el mediano plazo, es la legalización de un protoestado que, con el paso del tiempo, se convertirá en un estado de pleno derecho, en manos de un grupo que viola los derechos humanos de la gente y practica el narcotráfico. Ya Petro hasta le puso fecha: el 2025. Y en el ya corto plazo, el futuro es bastante oscuro para las elecciones regionales y locales de octubre, pues desde ese momento ya el ELN tendrá el control electoral y territorial de varios municipios.

Y lo peor, es que ese es el modelo que se aplicará con las Disidencias. Y si no me creen, piensen en que el ministro del interior aprobó la movilización forzada, por parte de ese grupo, de los habitantes del norte y el nordeste antioqueño para “apoyar” bajo amenaza explícita, como quedó en evidencia en las grabaciones que presentó el gobernador Gaviria. Dijo, recuerden: “Preferiría seguir viendo a unas disidencias empujando a la gente a caminar y no empujando a la gente para sacarlas de su territorio”. Y no olviden la protesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien le pidió al gobierno de Petro que condicione la negociación con las disidencias a que no infiltren la universidad, a raíz, de que un policía resultó gravemente herido y se debate entre la vida y la muerte porque le explotó en el cuerpo un artefacto que le lanzó un terrorista; petición que no fue escuchada. Y esto, mientras el registrador anuncia que hay al menos noventa municipios en riesgo electoral por presencia determinante de grupos armados.

La disolución del estado va de la mano con el maremoto que está produciendo la corrupción en el gobierno. Muchos han llamado Proceso Quince mil a las averiguaciones que adelanta la Fiscalía por los audios filtrados de las conversaciones entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, en la que el primero afirma no sólo que la segunda se enriquecía ilícitamente, sino que la campaña electoral de Petro estuvo infiltrada por dineros sucios. El asunto ya va en que el teniente coronel encargado del piso trece de la DIAN donde hay unas oficinas de seguridad de a presidencia en las que presuntamente se había hecho, de manera ilegal y de abuso de poder, una copia espejo del celular de la niñera Sarabia, a la que también habían chuzado ilegalmente, apareció muerto. Suicidio, dice, inmediatamente el presidente, quien en un discurso afirmó que la derecha presionaba a la gente hasta llevarla al suicidio. La Fiscalía, sin embargo, no descarte ninguna hipótesis. Ojalá haga claridad, y rápido, para bien del país.

Y la disolución del estado también va de la mano con la amenaza a los periodistas y a los medios de comunicación que se atreven a denunciar la corrupción de los agentes del estado. Sin libertad de prensa no hay democracia. Es una historia conocida en el mundo. Los últimos casos son nuestros vecinos, Venezuela y Nicaragua. Petro, pone en la mira de sus fanáticos a todo el que ose oponérsele. Atentados contra alguno o algunos de ellos, no puede descartarse. El silenciamiento de las voces críticas y el cierre de los medios de la “oligarquía”, son el peligroso sendero que el presidente comenzó a recorrer. Un verdadero rasgo totalitario, que, junto con la disolución de la unidad territorial tiende a convertirnos en un estado fallido, pero no porque falle la justicia, como pretendió, de manera perversa, argumentar frente la Corte Penal Internacional, acusando a la Fiscalía y al sistema judicial de no administrar justicia en los casos del DIH,  infundio que propio Fiscal Khan desmontó, sino porque el silencio de la verdad y de la crítica son la condición de la dictadura y el obscurantismo, de la desaparición, la tortura y la muerte. Como ocurren en los dos países mencionados.

Petro se derrumba. La opinión está en su contra, la comunidad internacional con la que contaba, le está volteando la espalda, como hizo el Fiscal Kahn; pero mientras tanto, se está llevando nuestro estado democrático con él.

Por eso hay que acelerar su desprestigio y evitar que acabe con el país. Tenemos que manifestarnos contra la disolución del estado. La calle es de la mayoría, tenemos que demostrarlo masiva y continuamente.  Hay que evitar la balcanización del país que trae consigo su propuesta de paz total. Hay defender la libertad de prensa. Hay que defender a la actual Fiscalía, a la actual rama judicial y a la actual procuraduría y evitar que la contraloría sea controlada por el gobierno. ; hay que exigir que la corrupción se castigue con todo el peso de la ley a todos los que hayan usado dineros sucios, chuzado ilegalmente, etc.  Hay que evitar que las reformas petristas pasen. Hay ganar las elecciones de octubre. que impedir la dictadura. Necesitamos un gran frente de defensa de la democracia que incluya a todos los partidos no totalitarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. Todavía tenemos tiempo. Pero no mucho. O nos quedamos sin país.

 
Publicado en Columnistas Nacionales

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