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Alfredo Rangel*      

La similitud de esta crisis con tiempos del proceso 8.000 son obvias, pero no así sus diferencias.

En medio de la más grave crisis política y de gobernabilidad en décadas, de cara a las elecciones regionales de octubre la crisis de seguridad se agudiza en muchas regiones del país. Los colombianos empezamos a vivir un déjà vu, un regreso al pasado, un cambio, pero en reversa.

Las similitudes de esta crisis con los tiempos del proceso 8.000 son obvias, pero no así sus diferencias. Las coincidencias son de bulto: notorios indicios de ingresos de dineros sucios en la campaña presidencial, un gobierno débil dedicado a defenderse y con su agenda congelada, aliados entrañables de ayer que al día siguiente son enemigos mortales, una interminable cadena de escándalos que no dan tregua, auge incontrolado del narcotráfico, expansión acelerada de las bandas armadas... en fin.

Pero las diferencias no son menores: Samper tenía unas sólidas e incondicionales mayorías en el Congreso, contaba con el apoyo de los principales grupos económicos, tenía el apoyo del principal y más influyente periódico del país, es decir, su gobernabilidad era débil, pero estaba asegurada, a pesar de que Estados Unidos mantenía una posición hostil. Ahora Petro tiene una situación incierta en el Congreso, el empresariado lo mira con recelo, la mayoría de los medios mantiene una distancia crítica que Petro exacerba con sus infundados ataques, sin terminar su primer año de gobierno su apoyo en las encuestas ya es peor que el de Samper al final de su mandato y Estados Unidos por ahora guarda atento silencio. Cuando a un mismo experimento se le cambian algunas variables, el resultado es distinto. Está por verse.

En cuanto a las elecciones regionales, el cambio en reversa es evidente. Como en los años noventa del siglo pasado, varias bandas armadas están volviendo a señalar la toma armada del poder local como uno de sus objetivos. Ya hay al menos cuatro alcaldes que han tenido que salir de sus poblaciones y administrar a distancia sus municipios por las amenazas de las bandas armadas y porque la Fuerza Pública es incapaz de garantizarles su seguridad. Alcaldes y gobernadores denuncian con insistencia que esas bandas armadas están haciendo empadronamientos y carnetizando a la población de municipios y veredas, impidiendo de esta manera la libre residencia, la movilidad y el voto libre de los ciudadanos. Hay peligro de muerte o de la imposición de fuertes multas para quien circule sin el carné expedido por las bandas armadas.

A los candidatos a las gobernaciones, alcaldías y concejos municipales los están llamando a rendir cuentas y obligándolos a obtener el permiso o a que les impongan la prohibición de hacer campaña electoral en la región. Sobraría advertir que el permiso o la prohibición dependen de aceptar o no ciertos compromisos relacionados con que las bandas se puedan mover a sus anchas en esas zonas, y, sobre todo, asegurar su participación en el botín de los presupuestos públicos a través de contratos de obras y de servicios. Volvemos al desangre presupuestal de municipios y departamentos para nutrir las finanzas de las bandas armadas.

Una vez lograda la inmovilización de la Policía y del Ejército en muchas regiones del país, su salida de allí está a la vuelta de la esquina. Ya lo empezamos a ver con el retiro de un batallón de desminado humanitario en una zona del Huila, forzado por las bandas armadas. Tal vez la única diferencia con lo que sucedía hace 30 años sea que la ausencia de Fuerza Pública en las regiones va a ser suplantada por la presencia de las llamadas guardias campesinas o primeras líneas, organizadas y dirigidas por dichas bandas armadas.

Como consecuencia, esas bandas imponen su ley: no pueden circular camiones carpados ni motociclistas con casco, no hay circulación nocturna de vehículos ni de personas, la compraventa de predios debe ser autorizada por los violentos, hay cuotas de extorsión por cabeza de ganado y hasta por litro de leche, las extorsiones ya no se cobran de noche y a escondidas sino a la luz del día, en moto y de casa en casa, todo ante la mirada impasible de las autoridades, si es que estas permanecen allí. En fin, es el cambio en reversa. El cambio para peor.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 8 de junio de 2023.

Publicado en Columnistas Nacionales

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