La campaña electoral está tomando tintes preocupantes. La intimidación a los adversarios está escalando.
Algunos ejemplos al azar:
El avance terrorista de los grupos armados de izquierda en los departamentos de Cesar, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Guaviare, Norte de Santander y Caquetá, que ha dejado más de 30 policías muertos, en operaciones como la Despedida a Duque, y que compiten con los actos terroristas de grupos como el Clan del Golfo.
Además, acciones violentas como el de impedir que candidatos que defienden la institucionalidad hagan campaña en ciertos pueblos, barrios o sectores, como le ocurre a Mayra Alejandra Gaona, aspirante a una curul por la paz y a los candidatos del CD en sitios en los que hacen presencia los grupos guerrilleros, en Norte de Santander; el ataque a un carro que hacía proselitismo a favor del precandidato David Barguil, vehículo ese que cogieron a piedra en Cereté presuntos seguidores de Petro; o acciones como las de encapuchados que impidieron el ingreso a la Universidad Tecnológica de Colombia al precandidato de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo; o apedreando el hotel en el que se reúnen los partidos hispanoamericanos de derecha, al grito, fascista como el que más, de “no queremos fascistas”, individuos estos que, adicionalmente, escupieron al gerente de campaña del candidato a la cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero y arrastraron por la calle su pendón publicitario.
A esto se agrega el cerco en las redes sociales y algunos medios de comunicación a los candidatos que no son de la preferencia de los activistas de izquierda, a quienes tratan de someter a punta de artículos de columnistas prepago y el uso de bodegas mercenarias de colombianos, pero también de elementos de Venezuela, Cuba y Rusia.
Pero también, el uso ilegal de una representante quien, en su estrategia para obtener la reelección, convierte el apellido de una funcionaria que denunció el robo de Centros Poblados, en un verbo que hace equivalente a robar, condenándola cuando la investigación para establecer la verdad está en curso y, por tanto, sin haber sido vencida en juicio.
Esta ofensiva, en tantos frentes, implica coordinación de quienes están interesados en ganar las elecciones por las buenas o por las malas. La muestra de fundamentalismo y fanatismo busca quebrar el espíritu de quienes defienden el estado democrático y social de derecho. Envalentonados porque creen que las encuestas los favorecen, vienen haciendo campaña desde el 2018, tratando de arrodillar al país antes, pero especialmente, en la pandemia con ataques terroristas mencionados arriba, adobados con manifestaciones violentas, asonadas y bloqueos con la intención de destruir la economía, causar caos y arrodillar al país.
El estado debe ofrecer garantías, sin dilaciones ni excusas, a los ciudadanos y grupos agredidos para que puedan exponer libremente sus puntos de vista y hacer campaña en toda la geografía del país y castigar a los delincuentes que cometen los actos de intimidación. Por su parte, los ciudadanos a tomar nota de lo que ocurrirá con el país si esa gente llega al poder.
Ahora bien, ese estado de cosas ha sido facilitado desde la orilla de los defensores de la democracia por la atomización y el canibalismo que han mostrado, indiferentes a la suerte del país. Si se pierde nuestro modelo de libertad y democracia, ellos serán los grandes responsables, si no reaccionan a tiempo. Es vergonzoso ver un discurso uniforme de la izquierda radical, mientras los demás se descuartizan y no encuentran el camino para hacer una propuesta nacional unificada.
