Luís Alonso Colmenares Rodríguez – veedor ciudadano                                                                                      

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Luís Alonso Colmenares R.                                                                          

“Por el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”, y nada es más preciso para interpretar el gobierno del presidente Gustavo Petro que, desde el primer día, ha gobernado con los puños en alto, cuando exigió que le llevaran la espada de Bolívar a la tarima de su posesión. Ahí se inició el mandato caracterizado por un estilo de confrontación constante, listo para pelear con todo el que no esté alineado con su visión.

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El año pasado, los bloqueos de vías en La Guajira alcanzaron niveles sin precedentes, afectando la economía y la calidad de vida de la gente. Un informe publicado por la Cámara de Comercio de La Guajira concluyó que en 2024 se registraron 200 bloqueos en las carreteras nacionales del departamento, un alarmante incremento del 119,8 % en comparación con el año anterior. Sumados a 225 bloqueos en la línea férrea de El Cerrejón y 41 en las zonas urbanas.

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En La Guajira todo es distinto. En un departamento marcado por la riqueza cultural y los contrastes sociales, el concepto de liderazgo social tiene matices que llaman la atención y sorprenden. Lo que debería ser una labor altruista y desinteresada, orientada a mejorar la calidad de vida de la gente vulnerable, se ha transformado en algunos casos en un mecanismo para el beneficio personal.

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Nadie nace corrupto, pero decir "el poder corrompe" es más que un axioma; en el contexto colombiano, parece una trágica realidad cotidiana cuando se observa que quienes llegan a los cargos públicos traicionan los principios de servicio y responsabilidad que deben caracterizarlos. Este fenómeno no solo involucra a funcionarios corruptos, sino también a una cultura política que normaliza y justifica el abuso de poder como un efecto secundario del liderazgo. Así, se ha creado una impunidad tácita que permite a quienes ostentan el poder actuar sin consecuencias.

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Cordial saludo, señor Procurador Gregorio Eljach:

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La propuesta del senador Alfredo Deluque relacionada con la creación del municipio Alta Guajira, separándolo de Uribia, parece más una estrategia política que una solución real a los problemas estructurales de la gente que habita esa zona del departamento. Esta iniciativa, presentada como un acto de justicia social, nace con serios cuestionamientos sobre su viabilidad económica, administrativa y social. Es un claro ejemplo de oportunismo político. No se puede ignorar que esta propuesta surge en un contexto electoral, bajo la estrategia del "divide y reinarás", en una región históricamente marginada. Apela a un discurso populista que promete autonomía administrativa sin ofrecer soluciones reales. Al fin y al cabo, a cualquier politiquero le tienen que preocupar los 20 mil votos que obtuvo en la alta guajira un candidato foráneo al senado.

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Por mucho tiempo, la consulta previa ha sido reconocida como un mecanismo para garantizar los derechos de las comunidades étnicas, y es un reconocimiento merecido en un país con una deuda histórica hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, la implementación de esta herramienta está mostrando grietas profundas que ameritan un debate serio y urgente.