Rafael Nieto Loaiza
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El 28 de octubre, Karim A.A. Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció el cierre del examen preliminar de esa Fiscalía sobre Colombia. La CPI opera solo cuando un Estado que ha aceptado su competencia "no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento [de un crimen internacional] o no pueda realmente hacerlo” Es decir, la CPI es “complementaria a las jurisdicciones penales nacionales” y no entra a operar sino cuando los sistemas de administración de justicia nacionales no quieren o no pueden investigar y juzgar a los eventuales responsables de crímenes internacionales (crímenes de lesa humanidad y de guerra, genocidio y crimen de agresión).
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La economía se está comportando mucho mejor de lo que todos esperábamos. Economistas nacionales y analistas internacionales coinciden ahora en que el PIB este año crecerá por encima del 8% y que para empezar el 2022 alcanzaremos la situación que teníamos antes de la pandemia. No es un logro menor. Otros países necesitarán dos o tres años para lograrlo.
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Esta semana, Gustavo Petro reiteró su oposición a la explotación de hidrocarburos en Colombia. Propuso "cesar la exploración de petróleo” y, después de parar la exploración, dejar de exportar para dedicar las reservas petroleras, que según él son de 12 años, "a sostener la demanda interna”.
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La FAO sostiene que Colombia es uno de los siete países que tienen vocación de ser despensa del mundo.
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Colombia tiene un par de características singulares y curiosas. Una, que siendo el único país de Suramérica con litorales sobre los dos océanos y con miles de kilómetros de mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, además de un archipiélago precioso, el de San Andrés y Providencia, tiene a cuatro de sus seis ciudades más importantes a centenares de kilómetros de ríos navegables y de sus costas y siempre se ha mirado el ombligo, ese ombligo blanco y frío de la capital de la República. La otra, que es, como pocos, un país de regiones y las diferencias entre ellas son enormes. Se habla, se come, se celebra y se parrandea de manera diferente, y son distintas sus músicas, sus temperamentos, sus culturas. Y sin embargo, seguimos siendo profundamente centralistas.
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Cinco años del plebiscito y de la victoria épica del No. Hay quienes dicen que recordarlo es anclarse en el pasado y profundizar la polarización y que lo que debemos hacer es “pasar la página”. Esa petición es inaceptable. No se puede olvidar lo ocurrido porque fue muy grave, porque aún sufrimos las consecuencias y porque si no aprendemos las lecciones y corregimos seguiremos inmersos en esta espiral de violencia y corrupción que hoy nos ahoga.
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Se sostiene que la lucha contra el narcotráfico fracasó en Colombia. Hechos: cuando en el 2001 se iniciaron las mediciones de Naciones Unidas, en nuestro país había 137 mil hectáreas de coca. Para el 2010 se habían reducido los cultivos a 63 mil y se producían 424 toneladas de cocaína. En el 2013 eran aún menos, 48 mil ha y 290 tn. Dejamos de ser el principal productor de coca en el mundo. Sin embargo, en el 2014 se firma el pacto con las Farc sobre narcotráfico y se abandona la estrategia que venía implementándose, con éxito, hasta entonces. Este gobierno, aunque algunas cosas hace mejor, no ha cambiado nada sustantivo. Como consecuencia, el año pasado teníamos 143 mil ha y se produjeron 1.228 tn, 3 veces más coca y 4.2 veces más cocaína que antes del acuerdo. En realidad, lo que resultó un fiasco es el “cambio de paradigma”, el “histórico nuevo enfoque” que vendieron Santos y los negociadores.
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Si hay debate sobre el alcance y límites de otras funciones que hoy cumplen los estados, como por ejemplo el tamaño y alcance de las redes de asistencia social o el monto de los impuestos a pagar, está fuera de discusión que están obligados a proveer seguridad a todos sus habitantes. De hecho, hay consenso en que garantizar seguridad y justicia para sus habitantes son los dos objetivos primarios del Estado. Para cumplirlos, los estados se reservan el monopolio del uso de la fuerza, crean cuerpos profesionales para la defensa y la seguridad ciudadana, y estructuran sistemas de administración de justicia. A los ciudadanos solo se les reserva el ejercicio de la legítima defensa, derecho consustancial a todos los seres humanos.