La reciente declaratoria de inconstitucionalidad del artículo que establecía en la pasada reforma, la no deducción de las regalías del impuesto de renta, es muestra de inseguridad legal e inestabilidad jurídica que nos afecta, y, explica, la cuantiosa disminución de la inversión extranjera.
Es evidente que la reforma tributaria promovida por Petro e irresponsablemente aprobada por su coalición de gobierno, que aumentó de manera exorbitante los impuestos, sumada a la inseguridad y violencia que impera en campos y ciudades, son las causantes de la inflación que padecemos, la que origina alza en las tasas de interés que encarecen el endeudamiento necesario para fondear proyectos, inversiones y obras de infraestructura, por aumentar de manera directa los costos y por ende los precios, y de contera, disminuir el empleo.
SI bien la tasa de inflación proyectada para el final del presente año podría ser inferior a la del año anterior, no son comparables los escenarios, como quiera que la anterior fue reflejo de la ocurrencia de una devastadora contingencia sanitaria y de las secuelas que dejó el criminal estallido social promovido por el mismo Petro y sus corifeos, mientras que la inflación de la actual vigencia, es resultado de los despropósitos y yerros de un gobierno presidido por un sujeto que ha dado múltiples evidencias de no estar preparado para gobernar.
A lo anterior se suma, la conmoción que produce en la sociedad, el permanente irrespeto y maltrato de Petro a las altas cortes, a los tribunales superiores como acaba de suceder con el de Magdalena, al Banco de la República, a la Fiscalía, a la Procuraduría, al Consejo Nacional Electoral, a los empresarios y periodistas, y ahora, a los gremios de la producción al poner en duda la legitimidad que tienen como representantes del sector productivo.
No siendo poco lo anterior y sin escrúpulo alguno, Petro y sus alfiles en el Congreso, pretenden cercenar la libertad de conciencia, pensamiento y expresión, atentando contra la vigencia de principios fundacionales y capitales en toda democracia.
A este oscuro panorama nacional se suma, el desmesurado aumento de los cultivos ilícitos y del narcotráfico, la inseguridad y violencia sin antecedentes en el campo, el empoderamiento de la delincuencia urbana, y lo peor, la presencia impune y campante de grupos narco criminales en vastas regiones rurales que, en cualquier momento, pueden declararlas como territorios libres.
Pero aún más grave resulta, la retaliación de Petro contra la justicia por no plegarse a sus desinteligencias y desvaríos, al amenazarla con disminuir su presupuesto de funcionamiento e inversión y, paralelamente anunciar, premio y gratificación a los delincuentes por no asesinar, lo que repugna por ser ética y moralmente inadmisible y, tan solo servir para burlar la sociedad, debilitar el Estado y, estimular y perpetuar la violencia.
No en vano el resultado de las últimas encuestas demuestra, el vertiginoso desplome de la aceptación del Petro y el creciente rechazo a su gobierno, así como la reprobación y repudio a sus ocurrencias, disparates e improvisaciones.
Y es que cada día que transcurre, y, como era de esperarse, muchos de los seguidores de Petro, ante tanta torpeza e infundios, han empezado a entrar en razón, a recuperar el sentido común y a dimitir de una masa dócil y amorfa, aglutinada por la frustración, el odio y el resentimiento, lo que Petro bien sabe promover, pero que ya no le arroja resultados.
Los días que se avecinan no serán los mejores para Petro, y, su incoherencia y desinteligencia, terminará aislándolo y de seguro, sumiéndolo en una profunda y peligrosa depresión de la que difícilmente saldrá.
No sería de extrañar que, en su desesperación, Petro termine convocando a la población a las calles, para apremiar al Congreso que apruebe sus enrevesadas reformas, como tampoco extrañaría, que revitalice su criminal “primera línea” para hostigar a sus oponentes, intimidar a la nación y promover otro estallido social. De Petro, todo se puede esperar.
Ante tan seria amenaza, el Congreso de la República y la Corte Constitucional no pueden permitir que Petro siga destruyendo la democracia y por su parte la población civil, desprovista de posturas sociales, económicas, ideológicas y partidistas, debe seguir manifestando su repudio al Gobierno, mediante marchas pacíficas y plantones y congregaciones cívicas que demuestren que, las calles y plazas de Colombia no le pertenecen a Petro, como de manera frecuente, arrogante y amenazante lo afirma.
Como lo dije hace unas semanas, Petro terminará solo y atrapado en el laberinto que construyó con su propia villanía; muchos de sus secuaces en la cárcel; y, sus ingenuos electores, burlados, desengañados y arrepentidos.
Petro deshonra a la nación, socava la democracia y degrada la investidura presidencial. Su elección demuestra el fracaso de la educación en Colombia, es por eso que, debemos seguir trabajando para que la educación sea formativa, cívica y democrática, y no informativa, política e ideológica.
Muchos nos preguntamos, hasta dónde o hasta cuándo la nación soportará a Petro.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
