“Lo que hoy nos congrega en este recinto, en el que rendimos sentido y efusivo reconocimiento y homenaje a los Soldados de la Patria, y, a quienes con valor irreductible, valiente entereza y profunda convicción defienden la vigencia de la Democracia, es el amor por la libertad, la civilidad y el Estado de Derecho y sus instituciones republicanas, hoy, tan seriamente asediadas y amenazadas.

Es por eso que, los aquí presentes y firmantes de este Manifiesto, ciudadanos demócratas, desprovistos de distingos económicos, sociales, raciales, políticos e ideológicos, hemos venido a cumplirle una cita a la patria, para ratificar nuestro apego a los principios, valores y convicciones que nutren y sustentan la Democracia, como son, la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión y de movilización, al igual que al derecho a la vida, a la honra, a la igualdad, a la propiedad, a la iniciativa privada, a la libre asociación, y, a reunirse y manifestarse de manera pública y pacífica.

De igual manera, hoy refrendamos, nuestro profundo respeto, afecto y acato, al sistema de Democracia Representativa, la que atribuye la titularidad del poder a la ciudadanía, y, que, en sentido estricto, se vivifica, cuando las decisiones de la nación son adoptadas por el pueblo, mediante mecanismos de participación indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.

No obsta recordar, que, en sentido amplio, la democracia en sí, es una forma de convivencia social y pacífica que afloró en la añosa Atenas, en la que los ciudadanos eran libres e iguales, y las relaciones entre ellos se establecían y regulaban, de acuerdo a lo que luego se llamaría, una Carta Magna, una Ley Superior o una Constitución, la que ellos mismos aprobaban y en la que se establecía la forma en que participaban.

La democracia colombiana es por excelencia indirecta o representativa, en razón a que las decisiones políticas son adoptadas por personas elegidas por los ciudadanos que son sus representantes, sin perjuicio que, también pueda darse, una democracia directa o participativa, cuando son los mismos ciudadanos los que adoptan las decisiones, mediante mecanismos consultivos vinculantes, como los referendos, los plebiscitos y las consultas populares.

A su vez, la República deviene de la Democracia y su principio medular, es la separación de poderes, de lo que surgen los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales, son ejercidos por órganos distintos, autónomos e independientes, con lo que se evita la concentración del poder en un solo órgano, y, que ocurra, lo que previno Charles Louis de Secondat el Barón de Montesquieu cuando dijo:

“Todo hombre que tiene poder, se inclina por abusar de él y va hasta que encuentra límites, y, para evitar que se abuse del poder, se hace necesario, que el poder detenga el poder”

Con la división del poder, se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos, ya que cada uno tiene capacidad dispositiva para vigilar, controlar y detener los excesos de los otros, y así, impedir que, por vanidad, ambición o autoritarismo, alguno de ellos predomine o intente subyugar a los otros.

Es así como el artículo primero de nuestra Ley de Leyes establece, que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Luego la misma Carta señala, que ella misma es, la norma de normas, y que en todo caso de incompatibilidad entre ella y las leyes u otras normas jurídicas, sus disposiciones se preferirán y aplicarán, siendo deber de todos los ciudadanos acatarla al igual que a las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

Pero hoy pareciera que estos preceptos fundacionales están en entredicho, y peor aún, que algunas iniciativas legislativas están orientadas a socavar los principios rectores de la Democracia, a deformar la República, a concentrar el poder en el gobernante, a debilitar a las autoridades y a destruir la economía de mercado, bajo el falso y manido pretexto, de hacer más justa e incluyente a la nación, y con ello, supuestamente allanar un nuevo camino al desarrollo, cuando en realidad, lo que se está es retrocediendo y destruyendo lo construido con tanto esfuerzo, empeño y sacrificio.

Si bien la Democracia permite y protege el derecho a la libertad de pensamiento político, partidista o ideológico, su ejercicio no puede comprometer la vigencia de la misma Democracia, y menos, la destrucción de la estructura de la República y de su Estado de Derecho, la infamación de la fuerza pública y, la entronización de la criminalidad, el narcotráfico y el comunismo.

Es por esto, que la nación ha empezado a manifestar de manera creciente, cívica y pacífica, su rechazo, repudio y condena a las iniciativas legislativas que son contrarias a los principios de Libertad y Orden, y que, antes que consolidarlos y fortalecerlos, los debilita y destruye.

Ante la incertidumbre y zozobra que produce en la sociedad y el mercado, las iniciativas improvisadas, enrevesadas e insostenibles del Gobierno, la sociedad civil de manera respetuosa solicita a los miembros del Congreso de la República, que no olviden, que no fue el presidente quien los eligió; que quienes los eligieron fueron sus electores y es a ellos a quienes se deben y representan, y, en consecuencia, deben actuar consultando el bien común, el interés general y no, los intereses del gobernante.

Tampoco los Congresistas deben olvidar, que, son responsables ante la sociedad y la justicia del cumplimiento de sus obligaciones, y que su condición de legisladores no los faculta para violentar el orden constitucional y menos, para fletar su conciencia y vender la dignidad a cambio de prebendas.

La nación espera que los miembros del actual Congreso, honren sus deberes, y que, antepongan su integridad a la conveniencia, su pulcritud a la componenda, su honor a la felonía y su coherencia a la desinteligencia, de manera que eviten convertirse en simples peones o alfiles de un gobernante mesiánico, que no cesa de dar muestras de querer concentrar todos los poderes, dividir la sociedad, arruinar la economía y destrozar la Democracia en la que fue elegido.

Llama la atención, que, científicos, académicos, profesionales, técnicos, analistas económicos y financieros y, dirigentes cívicos, sociales y empresariales, así como líderes de opinión de todos los matices, pertenecientes a diferentes vertientes ideológicas, coincidan en discrepar, con la manera desafiante, intimidante y provocadora con que el actual presidente pretende sacar adelante sus reformas, entre ellos, Moisés Wasserman, Jaime Arias Ramírez, Rudolf Hommes, Juan Camilo Restrepo, Alfonso Gómez Méndez, María Isabel Rueda, Rafael Nieto Loaiza, Vicky Dávila, Juan Manuel Charry, Jorge Enrique Robledo, Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras, Enrique Peñaloza, Federico Gutiérrez, Enrique Gómez Martínez, Sergio Fajardo, Juan Lozano, Claudia Gurisatti, Mauricio Vargas, Daniel Coronell, Patricia Lara, María Jimena Duzán, Ramiro Bejarano, los brillantes escritores Héctor Abad Faciolince, William Ospina y Juan Gossaín, los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque, las bancadas de los partidos Cambio Radical, Liberal, Conservador, Centro Democrático, Mira y de la U, así como los más importantes dirigentes empresariales y gremiales del país. También llama la atención, que todos y al unísono, estén de acuerdo, en que el presidente debe respetar el Estado de Derecho, la división de poderes y las instituciones republicanas, y que cualquier reforma que pretenda promover, se debe hacer dentro del marco de la Constitución y la ley, con el respeto que merece el Congreso, y no, bajo chantaje, amenaza y apremio.

En suma, el Congreso debe evitar la destrucción del Estado de Derecho y con ello, la destrucción de la Democracia y la República, y, por ende, su propia destrucción.

El Congreso no puede, desconocer la ciencia, el conocimiento y la evidencia científica; ignorar la realidad; aceptar la posverdad; y, privilegiar la improvisación sobre la experiencia positiva de lo construido.

Por todo lo anterior, los ciudadanos demócratas que suscribimos el presente documento, al que hemos llamado MANIFIESTO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO PARA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, solicitamos a los Honorables Congresistas pertenecientes a todos los partidos, movimientos y agrupaciones democráticas, que recapaciten y no permitan, que un gobernante pasajero, aniquile la Democracia, extermine la República y desmantele el Estado Social de Derecho”

*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.