La semana pasada dimos un salto adelante en el proceso de reformas legislativas que son el eje fundamental del cambio. Aprobamos en estos primeros 100 días la reforma tributaria para la equidad, la Ley 418 de paz total, el Tratado de Escazú, el avance en primera vuelta de la reforma política anticorrupción, derechos del campesinado y de la jurisdicción especial agraria, entre otras iniciativas.
Cada una de las reformas mencionadas, como es normal, genera dudas e interrogantes razonables. La incertidumbre es connatural al cambio, y estos son el Gobierno y el Congreso del cambio. Nuestro compromiso es sacar adelante todas las reformas con responsabilidad, respondiendo las preguntas de los colombianos. Por ejemplo, ¿de qué manera las decisiones del Gobierno influirán en el sector minero-energético, que representa el 57,2 % de las exportaciones –el 60 % de los dólares que ingresan al país– y el 40 % de la inversión extranjera directa? La transición minero-energética es una obligación con la humanidad y el cambio climático es una amenaza real de extinción.
Sin embargo, las transiciones deben ser planeadas, no improvisadas, ni abruptas. Por tanto, hay que decir con claridad que sin exploración no hay paraíso. ¿Y cuál es el paraíso? Es el cambio hacia las energías alternativas, los vehículos eléctricos, los sistemas de movilidad masiva, el uso de la bicicleta y el aire limpio. ¿Quién financia esa transición? Debe financiarse con la propia industria petrolera. El petróleo hay que sacarlo del subsuelo, venderlo y con ese dinero aliviar la pobreza y reindustrializar el país.
Colombia tiene que aprovechar en los próximos tres o cuatro años precios del petróleo que han llegado a 100 dólares por barril, pero para poder venderlo tenemos que encontrarlo y para ello hay que explorar. Sin hallazgos no hay recaudo. La claridad que expresa el Gobierno, a propósito de que la exploración y la explotación petrolera tendrán garantías y seguridad jurídica y contractual, será una de las decisiones que estabilice los mercados y controle el precio del dólar.
Pero no es nuestra única preocupación. ¿Cómo impulsar de manera simultánea una reforma tributaria para la equidad en un país donde la pobreza, la miseria y el abandono se han mantenido ante la mirada indolente y pasiva de quienes detentan privilegios, pero, también, cómo resolver de manera angustiosa las consecuencias del legado fiscal desastroso del gobierno anterior, que implicó en mayo de 2021 la pérdida del grado de inversión y el aumento del riesgo fiscal para Colombia en 200 puntos por encima de Chile o Perú? ¿Qué sigue? ¿Qué hacer? El éxito en el Congreso se debe al compromiso de unas mayorías sólidas y a los partidos de Gobierno que han comprendido que el cambio es inaplazable.
Es mejor un cambio planeado, gestionado y organizado que un estallido social descontrolado. Esas mayorías se mantienen sólidas gracias a la convicción por el cambio, pero ¿qué es el cambio? Es, fundamentalmente, como lo ha dicho el presidente Petro, transiciones que implican construir sobre lo construido, mejorar lo que resulte menester sin echar a perder lo que funciona. ¿Y cuáles son esas transiciones? Además de la energética, la transición hacia una economía agroindustrial, hacia un sistema de salud más preventivo que curativo, la transición hacia una educación universal gratuita o hacia un régimen pensional justo que cubra el mínimo vital para todos los adultos mayores en Colombia.
La reforma tributaria apunta hacia esa equidad, pero también valdrá la precisión del ministro de Hacienda, para que quede claro que aunque la mayoría del recaudo será para disminuir la brecha social, parte de los 20 billones que se recaudarán deberán aliviar la deuda, preservando la regla fiscal para lograr lo impensable: que un gobierno de izquierda democrática recupere el grado de inversión que se perdió en el gobierno Duque.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 5 de noviembre de 2022.
