Arrancó en firme esta semana lo que para muchos constituye la crónica de una muerte anunciada del sistema de prestación de servicios de salud en el país. Su protagonista, la ministra Carolina Corcho, activista y tuitera profesional; los actores de reparto, el cuestionado superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, y el director de la Adres.
Borrar del mapa a las EPS es la consigna: desfinanciarlas, desprestigiarlas y quebrarlas. El desfinanciamiento ya comenzó con la triste e inédita intervención de la ministra en el Congreso, donde abogó por una disminución del presupuesto para su sector. Jamás había ocurrido en Colombia tal despropósito, cuando está claro que incluso lo solicitado originalmente sería insuficiente para cubrir el incremento estimado de la unidad de pago por capitación, o sea, el dinero que el Estado destina para la atención de cada afiliado.
Por este camino las EPS recibirán menos recursos, se agravarán los problemas de cartera y, por supuesto, se afectará a los usuarios y al personal médico. Coinciden los expertos en afirmar que una consecuencia será el incremento de las llamadas barreras de acceso, con especial afectación de los afiliados al régimen subsidiado.
Una explicación, y dudo que exista otra, es que reducir el presupuesto del sector puede tener como objetivo deseado deteriorar los niveles de acceso, atención y servicio. Ello obligaría a poner los reflectores sobre las EPS y el sistema en general para erosionar las bases de su legitimidad, existencia y operación. Qué maquiavélica nos resultó la ministra Corcho. Ya conocíamos su animadversión enfermiza con el sistema creado por la Ley 100. La vimos actuar, o más bien fracasar, con estas mismas ideas en Bogotá y, claro, también en la campaña presidencial, donde no ocultó para nada sus intenciones de hacer trizas el sistema de salud existente.
¿Será porque el sistema funciona tan mal? No parece, según estudios y estándares internacionales en los que, por el contrario, se destaca como uno de los más eficaces por su cubrimiento, calidad y contención de costos. ¿Que puede mejorar? Por supuesto que sí. De eso se trataba la iniciativa que presentamos el año pasado, liderada por el exministro Ruiz, que nunca la defendió siendo su autor, y que de haberse aprobado no estaríamos en estas. En todo caso, hay que reconocer que en estos 30 años todo ha ido mejorando, y mucho.
Pero, según la ministra, a las EPS hay que culparlas de todo. Que son unos meros intermediarios, que encarecen los servicios, que sobran, cuando en realidad son las entidades que gestionan la totalidad del riesgo en salud. Desde la prevención hasta la paliación, son las que articulan todos los servicios para garantizar el acceso y la calidad y, muy importante, el control del gasto. Ahora resulta que el Gobierno quiere reemplazarlas por un sistema que aún no han revelado, pero que ha trascendido se pondrá en manos estatales y apoyado en entes regionales.
Eso ya lo vivimos con el antiguo y tristemente recordado Seguro Social. Corrupción, politiquería, quiebra y pésima atención. Buen ejemplo es el de Cundinamarca, les autorizan capitalizar a Convida en 40.000 millones y a los 20 días los intervienen y liquidan. Francamente un atraco. No hay que ser un adivino para ver a dónde vamos a parar por este camino.
Pero el Gobierno está actuando como si la pretendida reforma ya hubiera sido aprobada, sin haberla presentado. Todo en el Ministerio, desde la planeación, ya se está orientando hacia este modelo estatal territorializado. Quizás estén apostando a que no se requiera reforma de la ley, pues el sistema colapsará pronto y podrán actuar con medidas de emergencia. Se rumora, por ejemplo, la modificación del decreto 441 de 2022 para cambiar los mecanismos de contratación de la red. Esto por sí solo sería una bomba. Es solo ver la robadera en un programa elemental como el PAE, de alimentación escolar, administrado por los entes territoriales.
Hay que generar una crisis explícita del sector, afirma la ministra. Por esta sola afirmación debería responder disciplinaria y fiscalmente, y con las primeras fallas de los servicios de salud, convertidas en ciudadanos fallecidos, también en lo penal. Es lo que pasa cuando se le quiere meter ideología a todo. Basta de revanchismos y odios represados. La campaña ya terminó, señora ministra.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 25 de septiembre de 2022.
