Y la respuesta a esas inquietudes son desoladoras e indignantes. No solo el suscrito le hace seguimiento y se duele de la administración: todos los manizaleños somos testigos del desastre provocado por la inactividad y parálisis en la ejecución de obras básicas de mantenimiento y desarrollo, y víctimas de la mafia que nos domina y de las consecuencias económicas y sociales de un gobierno cuya prioridad es trabajar políticamente para sus amos, descuidando sus funciones básicas y la ejecución de su plan de gobierno.
En cuanto a si nos debemos resignar a la destrucción de Manizales, todo parece indicar que sí. Y la respuesta a esta inquietud está ligada a la indolencia del ciudadano y a la inoperancia de los órganos de control y de justicia. La indolencia del ciudadano porque, a pesar de los murmullos constantes de dolor por lo que nos pasa (que se han convertido en un alarido ensordecedor), a la hora de actuar prefieren resguardarse en su cobardía o asumir una posición silente y temerosa, que termina siendo cómplice de la debacle. Ante el deterioro constante de la ciudad y ante la pérdida de los valores esenciales de los manizaleños, prefieren callar y quejarse en privado para no exponerse a los métodos criminales del poder que se resguarda en millonarios presupuestos y provocadores desafueros legales, todos avalados por unas mayorías de concejales que día a día ceden ante un administrador carente de escrúpulos, pero lleno de dinero público: lleno de nuestro dinero.
Y sobre la indolencia e inoperancia de los órganos de control y de justicia, son precisamente la base de la tranquilidad de la mafia administrativa de la ciudad. Una alcaldía donde la puerta giratoria es evidente y descarada; donde el asalto a la dignidad de las personas es el pan de cada día; donde la violación de procedimientos y leyes son el común denominador; donde las nóminas paralelas prevalecen y lesionan gravemente las empresas; donde el nepotismo, el descaro administrativo, los amiguismos y el despotismo están acabando con la vocación histórica de la ciudad; donde mutamos el civismo por la apatía, y el decoro por aceptar los atropellos como un derecho del gobernante; todo esto, repito, que se comete ante los ojos de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, y cuyas acciones son perversamente dilatorias, permisivas o cómplices, termina alimentando los desafueros y el abuso que crecen como una bola de nieve.
Baste decir que esos órganos de control y de justicia han quedado en evidencia por su inoperancia, y se refugian en lineamientos legales para convertirse en inescrutables, negándonos el derecho a las víctimas de acceder a los procesos, con lo cual dilatan las posibles acciones en el tiempo y provocan una muy segura impunidad para los autores de las atrocidades cometidas en nuestra contra.
Ese es el resultado entonces de las denuncias: ¡Impunidad total! Y el de las acciones de desgobierno está ante los ojos de los ciudadanos: malla vial absolutamente deteriorada; escuelas cerradas definitivamente; puestos de salud fracasados; desgreño administrativo y económico en la propia alcaldía; violaciones legales con consecuencias desastrosas; inseguridad creciente; caos vial, peatonal y de movilidad; y una Manizales que perdió su norte y llora por haber caído a este lugar de deterioro físico, económico y moral.
La respuesta entonces a esas preguntas de los ciudadanos, es que continuamos con el seguimiento al desastre, y continuaremos dejando la evidencia así sea para saber, en un futuro, qué tenemos que reconstruir después de esta catástrofe que se llama Carlos Mario Marín Correa.
