El registrador sin duda alguna no tiene la experiencia, trayectoria, ni el peso profesional de sus antecesores.  El CNE es también una entidad netamente política y politizada.

Debemos entender que el registrador es una posición que no depende del Ejecutivo (es decir que es independiente del Presidente de la República) y que su nominación es asunto político que maneja el Congreso de la República y convalidan las cortes.

Hay en curso una investigación contra la campaña de Petro en la consulta (Pacto Histórico) por que el propio reporte de su campaña en el mecanismo de cuentas claras demuestra que se voló los topes que establece el CNE en sus Resoluciones 1678 de 2021 y 0694 de 2022 en las cuales fijó el tope de gastos de las campañas de las consultas interpartidistas para escoger candidato a la Presidencia de la República en la suma de 14.268.260.246, los cuales debían ser "gastado de manera conjunta", "prorrateada a partes iguales" entre los precandidatos partícipes.

La norma taxativamente dice que para las consultas se podrán incurrir en gastos equivalentes al 50% del valor de los gastos de la primera vuelta. Y que en materia de topes el total debe ser repartido igualitariamente entre las candidaturas que compitan. En ese caso eran 5, luego 14000 millones divido en 5 = 2800 millones. Pues la campaña de Petro reportó voluntariamente en cuentas claras más de 4000 millones. Se voló los topes de manera sustancial y significativa. Y ahora el CNE no salga a decir que tiene otra interpretación a su propia norma, pues eso sin duda rompe el principio universal de igualdad en la competencia democrática.

En cuanto al CNE hay magistrados que además de su obligación como corte o consejo representan los diversos partidos políticos. Por ejemplo, el Centro Democrático al igual que los demás partidos tienen allí dos magistrados. También son nominados por los congresistas.

Lo que es claro es que los partidos no se prepararon para tener presencia suficiente en el escrutinio que es lo que vale y tener músculo jurídico suficiente para impugnar en escrutinio.

El control electoral es un asunto de manejo jurídico de cada campaña y cada partido. Hasta ahí opino sobre el tema.

Por otro lado, partido o campaña como sea tiene que tener la capacidad analítica preparada para poder hacer cotejos digitales en tiempo real en el conteo de cada vuelta y luego estar preparado para contar con la fuerza jurídica necesaria para un eventual escrutinio si la votación es ajustada.

En materia de violaciones a las normas electorales hay tres categorías básicas.

1. La que denominan compra de votos.    Se sabe que el primer tipo de comicios (cuerpos colegiados) hay sin duda quienes acuden a prebendas (dinero, mercados, materiales etc.) para llevar más gente a votar. La constatación de que cada votante reciba la prevenida y vote por quien se la da, es prácticamente imposible pues el voto es secreto y personal.

2. Alteraciones en formularios, o modificaciones en urnas, etc., alteraciones o invalidaciones realizadas por parte de jurados sin denuncia de testigos. Es factible y de hecho se presentan anomalías por diversos factores. Se presenta más en comicios de cuerpos colegiados. Estadísticamente no da tiempo ni es significativo en comicios presidenciales o referendos.

3. Fraude Electoral. Esto es que las autoridades electorales alteren el resultado real y reporten otra cosa, caso en el cual se alteren en la registraduría los resultados reales de las elecciones.

Lo anterior no obsta para que las campañas tengan

1 capacidad analítica digital instalada para comprar en tiempo real con certeza estadística los flujos de E14 en el Pre conteo con las fotos digitales que les remitan sus testigos en los lugares con más peso en el Pareto.

2. Capacidad jurídica suficiente para impugnar en el escrutinio.

3. Cubierto el grueso del Pareto con testigos.

4. Todas las acciones preventivas posibles.