De hecho, demorar la revocatoria es un ardid que busca permitir que el actual alcalde siga gobernando, después de ser defenestrado, a través de algún esbirro que adopte obedientemente sus políticas. Ese cálculo autocrático y monstruoso es un acto de barbarie que destruye por completo la credibilidad en la democracia y, sobre todo, en la Constitución Nacional.
Los hechos oscuros que ocurren en torno a las maquinaciones del Consejo Nacional Electoral, demuestran el nivel de podredumbre que rodea a Quintero Calle y a quienes lo defienden desde el poder electoral. No es posible que después de tres revisiones de firmas por parte de la Registraduría, el CNE siga esperando el día de San Blando, que no tiene cuando, para certificar las cuentas del comité que recogió las firmas en las calles de Medellín.
No nos llamemos a engaño: cada día de demora constata la presencia de dineros sucios, calientes y corruptos, en la defensa de Quintero Calle. No de otra manera se puede explicar la parsimonia del CNE, ni las gabelas dadas por la Registraduría para demorar una votación revocatoria que debió celebrarse a finales del año pasado, lo que resultó imposible por las leguleyadas, los inventos y los pretextos que se les ocurrieron —como la audiencia pública y la implementación de protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas— lo que no solo afecta a Medellín, sino que, de paso, está destrozando la democracia colombiana.
A todo lo anterior se suma el silencio cómplice de los desprestigiados entes de control, pues ni la Contraloría, ni mucho menos la pusilánime Procuraduría, han cumplido sus funciones, que no solo incluyen la de auditar las tropelías del concierto para delinquir de los alpujarros, sino también la de defender el mecanismo de participación ciudadana que nos quiere arrebatar ese contubernio tenebroso de políticos poderosos y narcotraficantes que están defendiendo, con acciones y recursos, a Daniel Quintero Calle.
¿Qué han hecho las famosas ías? Y la Fiscalía, además de archivar procesos por violación, ¿Qué avances ha logrado frente al mar de denuncias contra el alcalde y su combo de kakistócratas? Nada. Absolutamente nada. Los ciudadanos estamos solos, enfrentando un monstruo que tiene el propósito de sumir a Medellín en el caos, la anarquía y la corrupción, algo muy acorde con el modelo que ya instauraron en Bogotá y que tantas clientelas les ha representado.
¡Queremos votar! Los ciudadanos no entendemos, ni mucho menos aceptamos, semejante demora para ejercer un derecho que ya nos ganamos. No es legítimo el pretexto de las causales, porque ya están demostradas de sobra. Tampoco pueden —si se viera desde la perspectiva jurídica y de la ética— anular nuestro derecho, por el agua sucia que han intentado arrojar contra el comité promotor de la revocatoria. Es más: las cuestiones penales se deben dirimir en la Fiscalía y no en el Consejo Nacional Electoral, entre cuyas facultades legales no se incluye el esclarecimiento de presuntos tipos penales.
Llegó el momento de que la ciudadanía ejerza una presión real. Es hora de cortar, en lo posible, los recursos públicos que puede esquilmar el ciudadano Quintero Calle. Es ahora cuando debemos negarnos a pagar impuestos, de tal manera que con un simple acto de desobediencia civil, intentemos poner en aprietos al tirano de La Alpujarra.
Está visto que las acciones de calle no son el camino, pues jamás podríamos ponernos al nivel de los delincuentes y criminales como Quintero Calle, que bloquean vías y generan desorden y afectaciones contra la ciudadanía. Así no somos. Pero lo que sí podemos hacer es cerrar la chequera y no pagar impuestos, mientras Daniel Quintero Calle sea alcalde de Medellín.
También es tiempo de notificar al presidente de la República, que debe convocar a elecciones, pues la ley lo habilita —y lo obliga— para ello. No es momento de cobardías ni de cálculos mezquinos. Señor Duque: por el bien de la ciudad, de Colombia y de nuestra maltrecha democracia, hay que sacar a Quintero Calle de la alcaldía, mientras esperamos a que algún juez decente y no prevaricador resuelva enviarlo a la cárcel. Ese es el deseo de la ciudadanía, es decir, del constituyente primario de Medellín.
